La comisión de delitos sexuales será paritaria tras la exigencia unánime de sus miembros

La comisión de codificación formada por expertos penalistas a la que el ministro Rafael Catalá ha encomendado la tarea de estudiar una posible reforma de los delitos sexuales tras la discutida sentencia de La Manada no empezará a trabajar hasta que no se resuelva el primer problema: el de la composición del órgano y su falta de mujeres. La opinión mayoritaria en la primera reunión, celebrada hoy a las 11.30, ha sido que no podían echar a andar hasta solucionar esta cuestión, y de forma unánime han decidido pedir al ministro que la sección se reorganice para que tenga una composición equilibrada de hombres y mujeres. El ministerio de Justicia, en una nota de prensa, asegura que "el ministro hace suya la propuesta" y "va a proceder a completar la composición de este órgano asesor".

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La comisión que estudiará la reforma de los delitos sexuales incorporará finalmente a mujeres

La sección penal de la comisión estaba formada por 20 vocales permanentes, todos ellos hombres. Su presidente, Esteban Mestre, anunció que iba a invitar a participar a seis mujeres catedráticas como vocales adjuntas –es decir, nombradas para esta ponencia en concreto-, pero le fue imposible cumplir su anuncio. Casi todas, una treintena en total, se negaron a incorporarse tras firmar dos cartas de protesta colectiva, una de ellas pidiendo la dimisión de todos sus compañeros varones para que se vuelva a conformar el órgano y este incorpore a mujeres como vocales permanentes. En medio de la polémica, solo dos accedieron a participar en la ponencia de delitos sexuales, la catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid Carmen Lamarca y la de la Universidad San Pablo CEU Avelina Alonso, junto a la letrada de las Cortes Blanca Hernández y la presidenta de los abogados, Victoria Ortega –que es vocal nata en calidad de representante de los letrados-.

Hoy jueves se celebraba su primera sesión, a la que han acudido 13 hombres (del total de 19 convocados, porque uno de los 20 había dimitido esta semana) y las 4 mujeres incorporadas para la ponencia. Desde el principio ha surgido esta cuestión, y la necesidad de abordarla antes de empezar a trabajar, decisión que finalmente ha sido votada y asumida por unanimidad.

Según los estatutos de la comisión general de codificación, cada sección puede estar formada por un máximo de 30 miembros. Ahora mismo hay 19 vocales permanentes varones, pero alguno ha ofrecido en el acto de hoy dejar el cargo si es necesario para que se incorporen mujeres.  Para que el órgano sea paritario, deberían ser nombradas 15 mujeres y 4 hombres tendrían que dejar de ser vocales (alguno podría hacerlo por enfermedad o edad avanzada). En todo caso, la decisión sobre cómo llevarlo a cabo corresponde al Ministerio de Justicia.

La práctica totalidad de las catedráticas de penal de las universidades españolas habían decidido plantar a Catalá exigiendo precisamente lo que hoy han decidido los vocales: que un órgano asesor de este tipo tenga representación de mujeres. Muchos de los miembros varones han guardado silencio durante esta polémica por lealtad institucional, pero ya habian comunicado su voluntad de pedir que se solventara este problema antes de ponerse a trabajar.

Se trata de una sección de la comisión de codificación que ha sido poco consultada y que como tal no ha participado en las últimas reformas penales que se han llevado a cabo en nuestro país. En los últimos tiempos solo ha sido convocada una vez, durante el verano de 2017, para estudiar los delitos de manipulaciones financieras.

Otro de los debates que ha suscitado el encargo de Catalá para que sea esta sección la que estudie una posible reforma de los delitos sexuales ha sido precisamente ese: si esto supone que a partir de ahora van a ser consultados en las reformas de calado y no solo de forma puntual por un caso concreto y mediático, algo que muchos vocales rechazan mientras reivindican que en los países de nuestro entorno los expertos asesoran de forma general para garantizar la calidad técnica de las leyes que luego aprueba el Parlamento.

El resto de las secciones no tienen apenas mujeres

La comisión general de codificación tiene, aparte de la penal, cuatro secciones más, que son más activas, pero el porcentaje de mujeres en todas ellas es muy pequeño. En la sección civil, según la propia web del ministerio, hay 29 vocales permanentes, cinco de los cuales son mujeres. En la de derecho público son 26, dos de ellos mujeres. En la de derecho mercantil también son 26 los miembros, y la presencia femenina llega a cinco vocalías. En la de derecho procesal, de 19 vocales permanentes, cuatro son mujeres. Es decir, en estas cuatro secciones la inmensa mayoría de los vocales (el 84% del total) son hombres.

Esta comisión es “un órgano colegiado de asesoramiento en la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico”, según sus estatutos, aprobados por un real decreto de 2015, aunque es un órgano cuyos orígenes se remontan a 1843. El presidente de la comisión es el ministro de Justicia y el vicepresidente, el secretario general técnico del ministerio. La sección de derecho penal y penitenciario se creó en 1976.