Catalá explicará la revisión del Código Penal en la comisión contra la Violencia Machista

En su primera reunión tras su constitución el pasado 18 de abril, la Comisión de seguimiento y evaluación de acuerdos del Pacto de Estado Violencia Género ha decidido pedir la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat, así como de un responsable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la revisión del Código Penal anunciada por el Gobierno y las modificaciones legislativas que se acordaron en el pacto y que, según el PP, "están en proceso de transformación en textos legales".

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La reunión de la Mesa y portavoces de esta comisión, que no ha decidido fechas para las comparecencias a la espera de cuadrarlas con los afectados, se produce en medio de la polémica social, jurídica y política abierta tras la sentencia que condena a los cinco miembros de la Manada por abuso sexual y no por violación. La comparecencia del ministro Catalá reviste mayor significado después de sus declaraciones sobre un supuesto “problema” del juez Ricardo González, que emitió un discutido voto particular en la sentencia, y que han causado un hondo malestar en el seno de la judicatura.

Varios grupos parlamentarios habían solicitado las comparecencias de los titulares de Justicia e Igualdad para que explicaran en el Congreso la situación de aplicación del Pacto de Estado aprobado el pasado septiembre y que tenía que ponerse en marcha en el plazo de seis meses.

La reunión del órgano se ha producido en pleno debate sobre el retraso de la plasmación en la legislación española del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, acordado en 2011 en Estambul y adoptado por España 2014. Según el convenio, todos los tipos de violencia contra las mujeres serán considerados violencia machista.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, ha considerado justificado el retraso de cuatro años para implementar el convenio de Estambul “por el cuidado con el que hay que tratar cualquier modificación legislativa”. “Eso necesita mucha prudencia, mucho acuerdo y mucho consenso”. Tampoco ha considerado oportuno hacer una propuesta de calendario para la adaptación a la legislación española porque “hay una parte no desdeñable de acuerdos que requieren modificación legislativa”.

González ha admitido que la sentencia del caso de la Manada se ha producido en un momento en el que las reivindicaciones de las mujeres están en uno de sus puntos más álgidos, y, aunque la revisión de la violencia sexual figuraba ya en el Pacto de Estado, ahora espolea la toma de decisiones al respecto. “Es algo que más pronto o tarde teníamos que hacer en esta Cámara y que ahora por la fuerza de los acontecimientos y el rechazo a lo que ha ocurrido se adelanta un poquito a nuestro programa de trabajo”, ha reconocido.

El imperativo de revisar el tratamiento legislativo de esas conductas, ha querido aclarar la portavoz adjunta del PP en la Cámara, “no quiere decir que no tengamos un sistema legal que responde a todo lo que una mujer puede sufrir en materia de violencia y que ha funcionado mejor o peor hasta ahora”.

La secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, la diputada del Ciudadanos Patricia Reyes, sin embargo, ha criticado que el Convenio de Estambul no se haya implementado todavía. “Lo tratamos en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista y se acordaron muchísimas medidas que el Gobierno no ha puesto en marcha. Consideramos que el ministro de Justicia, antes de interferir en la separación de poderes debería mirar que está haciendo en la legislación”, ha criticado. Reyes ha considerado que en el pacto de Estado existen “muchas medidas positivas” y que si se pusiera en marcha en cuanto antes se podría “avanzar muchísimo en la lucha contra esta lacra”. Ciudadanos, por otra parte, estudia pedir la comparecencia de Catalá en el Congreso por sus declaraciones sobre el juez.

PSOE, Unidos Podemos y Compromís también han urgido al Gobierno a aprobar las medidas comprendidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género alcanzado en septiembre de 2017 para evitar nuevos casos como el de la joven que sufrió la humillación sexual por cinco hombres en los Sanfermines de 2016.

La socialista Lidia Guinart ha señalado que su partido ha pedido la comparecencia en el Congreso de varios ministros, entre ellos el de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque el proyecto de ley de presupuestos no incluye la cuantía establecida en el pacto de 200 millones de euros. Sofía Fernández Castañón, de Podemos, ha criticado que el Gobierno, además de asumir el Convenio de Estambul, debería hacer caso a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. Por su parte, Marta Sorlí, de Compromís, ha responsabilizado a populares y socialistas de no aplicar el pacto de Estado. Al PP porque el Gobierno no ha dado explicaciones al respecto y al PSOE por no haber convocado antes la comisión que preside.