Los “otros tiempos” de impunidad de ETA

“Aquellos eran otros tiempos”, dice un policía que se ha pasado la vida persiguiendo etarras. Eran los tiempos en los que la banda terrorista mataba casi a diario, “cuando los policías íbamos a comprar el periódico escoltándonos a nosotros mismos”, cuando “ellos” contaban con la complicidad de la gente de sus pueblos, “aquello se parecía más a una guerra de guerrillas”, cuando el que no era cómplice (por acción u omisión) era acusado de ser confidente de la policía y puesto en la diana de los terroristas. “Eran los tiempos en los que ellos dormían unos días en casa de un amigo en el País Vasco, mataban, y al día siguiente pernoctaban en casa de otro amigo en Francia”; Un país vecino que “aún no colaboraba”, era cuando ETA se veía desde fuera como un grupo de jóvenes rebeldes; y desde dentro, la Ley de Amnistía de 1977 sacaba a cientos de terroristas de las cárceles. Y también eran los tiempos en los que “los jueces del País Vasco no se atrevían a meterse en camisas de once varas y se archivaban los casos rápido”. Unas fotos de la escena del crimen, un informe de balística —si había casquillos o se identificaba el arma— y para de contar. Esas eran todas las pruebas con las que contaba un policía o un guardia civil para iniciar una ardua investigación en un terreno siempre hostil. “Nunca había testigos. Nadie había visto nada”. Pero después, también la nada, el vacío.

"Yo no he esperado nada de ETA, pero sí esperaba algo del mecanismo del Estado, que juzgaran y sentenciaran a los que mataron a mi hermano. Me he tirado más de media vida pensando que el Estado actuó y no pudo y resulta que nos había dejado tirados", es la voz firme de Pedro Jesús Juan Boix. A su hermano lo mató una bomba que la banda terrorista puso en Atocha en 1979. "34 años después, cuando mis padres ya habían muerto sin saber quienes asesinaron a su hijo, me enteré, gracias a un periodista, de que se sabían quiénes fueron, una de ellas fue detenida y se escapó; y de quien lo ideó, pero nunca nadie se ha sentado en el banquillo".

“Mi madre nunca ha sabido nada, “estarán investigando”, me decía cuando le preguntaba sobre quién mató a mi padre; pero no, la realidad es que la justicia no hizo nada”, cuenta Naiara Zamarreño, una de los cuatro hijos del concejal del Partido Popular Manuel Zamarreño, asesinado a los 42 años con una moto bomba en Rentería el 25 de junio de 1998, seis meses después de sustituir a su predecesor en el cargo, también asesinado por la banda terrorista, José Luis Caso. “Hace un año, a raíz del documental del realizador vasco Iñaki Arteta, Contra la impunidad, la Fundación Villacisneros se puso en contacto conmigo y están tratando de abrir una vía legal para esclarecer el asesinato de mi padre, hasta entonces solo hemos conocido rumores”.

Muchos de los 853 asesinatos de ETA están envueltos por la oscuridad de una época negra de la historia o por una espesa cortina de olvido. “66 casos amnistiados de los que las víctima se han enterado de que lo eran por la prensa”, señala Juan Fernando Calderín, del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y autor de Los agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, un libro en el que documenta 231 casos en los que no hay nada: “Archivos definitivos, sobreseimientos temporales de los años 80, expurgos, autos de conclusión sin sentencia…”, recuerda. “Hay casos en los que no hay condenado, ni procesado, otros que no llegan a diez folios, incluso algunos, como el Policía Nacional Basilio Altuna [asesinado en septiembre de 1980] que el juez Carlos Divar cerró en menos de 24 horas”, dice. “Más de una veintena fueron asumidos por juzgados que no eran competentes y archivados y expurgados (destruidos), como el de Luis María Uriarte Alzaa”, exalcalde de Bedia, tiroteado en su coche el 29 de septiembre de 1979, dos años y cientos de amenazas después de negarse a colgar la ikurriña en el mástil del ayuntamiento.

Son muchos los casos ni tan siquiera juzgados, que se perdieron en un limbo judicial, en aquellos tiempos, no tan lejanos, en los que tampoco los datos estaban informatizados y la descoordinación entre organismos judiciales formaba parte de la normalidad. Tiempos de los que el último recuerdo de contacto con el Estado que tienen algunos familiares de víctimas es una llamada del presidente de la Transición Adolfo Suárez.

Solo la disconformidad y el tesón de algunos de ellos han logrado rescatar esos crímenes del olvido y sacarlos a luz. “Reivindico mi derecho a la verdad, que se sepa quiénes fueron, cómo se llamaban, dónde están, qué hacen”, dice Juan Boix en el documental de Arteta. ETA mató a su hermano José Manuel en un triple atentado perpetrado de manera simultánea en las estaciones de Chamartín, Atocha y Barajas de Madrid el 29 de julio de 1979. José Manuel, estudiante de Derecho de 18 años y deportista de élite, regresaba de participar en unas competiciones con la selección española de atletismo en Alemania. Murieron otras seis personas y más de cien resultaron heridas. Nadie ha pagado por ello. Hasta 20 años después nadie le certificó a la familia que José Manuel era una víctima de ETA, hasta entonces no supieron “nada ni de investigaciones, ni de pesquisas, ni de procedimientos judiciales…”. De nuevo la "nada". Dos personas fueron investigadas por aquellos hechos, pero nunca han sido llamadas a declarar ante un juez. Nadie sabe responder por qué.

Esa nada, ese silencio administrativo que sucedió a muchos atentados, antes y después de los llamados "años de plomo", ha victimizado doblemente a los familiares, que se han sentido abandonados por los poderes públicos. “Soy víctima de ETA, y luego de la Justicia española”, señala el padre de uno de los guardias civiles asesinados en Mallorca en 2009 en la película de Arteta.

Desaparecidos en el cine

En la oscuridad de esa etapa permanecen también las desapariciones de José Humberto Fouz Escobero, de 29 años; Jorge Juan García Carneiro, de 23, y Fernando Quiroga Veiga, de 25. Tres jóvenes coruñeses que residían en Irún (Gipuzkoa) y que el sábado 24 de marzo de 1973 cruzaron a Francia para ir al cine, a ver El último tango en París, aún prohibida en España. La documentación recabada casi 50 años después por dos profesores de la Universidad del País Vasco ha logrado acreditar que aquella noche discutieron con un grupo de etarras en una bar de San Juan de Luz y acabaron en una granja supuestamente controlada por los terroristas en Saint-Palais. Sus cuerpos nunca han sido encontrados y ETA nunca ha reivindicado ese triple crimen (tampoco desmintió la sospecha de su participación). Las familias siguen clamando por que la banda dé alguna pista sobre el paradero de sus cuerpos.

Algo parecido les ocurrió a los dos inspectores de policía, Jesús Martínez Martínez (31 años) y Jesús María González Ituero (26), que ETA secuestró a la entrada de un cine de Hendaya el 4 de abril de 1976. Sus cuerpos aparecieron un año después, en la playa francesa de La Chambre d'Amour (La habitación del amor). Cinco jóvenes que buscaban a palazos proyectiles de la Segunda Guerra Mundial se toparon con los dos cadáveres con las manos atadas a la espalda. Tres días más tarde la policía francesa encontraba sus documentos en la casa de un miembro del aparto político de la banda terrorista, después de tomar declaración a cerca de “40 exiliados vascos”. Algunos incluso fueron retenidos durante varios días. ETA nunca reivindicó sus muertes. El padre de González llegó a escribir al rey para que hiciera todo lo posible para esclarecer el asunto. Nunca más se supo. Una placa colocada en 2012 en el barrio segoviano en el que residía Ituero le recuerda como “comprometido con la libertad”.