España se sitúa entre los países europeos con menos denuncias por violación

En Suecia se denunciaron 56,8 violaciones por cada 100.000 habitantes en 2015, 20 veces más que en España, donde se registraron 2,65. Las cifras no reflejan el número de delitos cometidos, sino las denuncias registradas, advierte Eurostat. De 32 países analizados por la oficina de estadística europea, España está por debajo de la media, en el puesto 25. La dureza del proceso, el miedo de las víctimas a no ser creídas y el temor al señalamiento social son las razones que explican la baja tasa de denuncias, según algunos expertos.

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Las estadísticas sobre violaciones no reflejan el número real de agresiones sexuales. Como recuerda Pilar Martín Nájera, jefa de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, entre el 70% y el 80% de los casos no se denuncian. La oficina estadística de la Unión Europea también avisa de que sus datos recogen denuncias presentadas y no agresiones cometidas. “Por lo tanto, las diferencias entre países tienen que ver también con la conciencia general y las actitudes hacia los delincuentes sexuales”, añade Eurostat.

Llevar un caso de agresión sexual hasta la justicia es complicado, no solo porque es difícil demostrarlo. “El proceso daña a la víctima, es muy duro, y se percibe impunidad porque hay un porcentaje alto de absoluciones”, denuncia Nájera. La agresión afecta “al aspecto más íntimo de la persona, su libertad sexual”, y después de vivir una situación de terror, de pánico extremo, denunciar significa enfrentarse a lo que muchas asociaciones de víctimas llaman “la segunda violación”. Reviven el ataque cuando se les pide que lo relaten con todo lujo de detalles y sin incoherencias —un ejercicio difícil para una persona en estado de conmoción— y “tienen que soportar preguntas como ‘usted por qué no se resistió’ ‘por qué no gritó ni pidió ayuda”, explica la fiscal.

“El miedo a no ser creída y la desconfianza en la Administración de Justicia es lo que más paraliza”, coincide la abogada de violencia de género Amparo Díaz. En España, asegura, “la víctima tiene garantizados la revictimización y el cuestionamiento”. La sentencia de La Manada, que no condena a los cinco acusados por agresión sexual sino por abuso, no ayuda a recuperar la confianza.

Consuelo Abril, jurista del movimiento 7N contra las violencias machistas, insiste en que el problema no está en el Código Penal, sino en cómo lo han leído los magistrados. “Es importante no solo cómo son las leyes, sino la interpretación que hacen los jueces. La gente se anima a presentar más denuncias allí donde el sistema arropa y no cuestiona a la víctima”, apunta Abril.

La legislación de Suecia, como la de Bélgica y Reino Unido, considera violación las relaciones sexuales que no cuenten con el consentimiento de la mujer, ya sea tácito o explícito. En Francia y Alemania la violación no requiere violencia para ser considerada como tal. Todos estos países están por encima de la media europea en número de denuncias. Uno de los principales problemas del sistema judicial es la falta de formación en perspectiva de género y psicología en el personal que debe atender a las víctimas, según Amparo Díaz, también profesora en el máster de Género e Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

El señalamiento social

La culpabilización y el cuestionamiento que sienten las mujeres violadas cuando lo cuentan también proviene de la sociedad y su entorno. “Las mujeres siguen teniendo miedo y sobre todo vergüenza”, apunta Tina Alarcón. La presidenta de CAVAS (asociación de mujeres violadas) toma con cautela los datos suecos y recuerda lo que se conoce como “paradoja nórdica”, que tiene que ver con los altos índices de violencia de género en los países más igualitarios. Con todo, Alarcón apuntala su opinión sobre la influencia social en España al recordar que en los entornos rurales y municipios pequeños se denuncia menos que en las ciudades, donde el anonimato ayuda a la víctima a sentirse menos expuesta.

“Nos encontramos en una sociedad, la española, en la que durante mucho tiempo han primado los valores machistas”, señala la psicóloga forense Timanfaya Hernández. En otros países las mujeres tienen más claro cuáles son sus derechos y qué es una relación sexual consentida, dice.

Cuando el agresor es un desconocido que aborda a su víctima en una calle desierta, la falta de acuerdo en mantener una relación sexual es evidente. La mayor parte de las violaciones las cometen personas conocidas, como familiares, amigos cercanos o profesores, según Hernández. En esos casos es aún más agitado el baile de pensamientos de culpabilidad de la persona agredida —“por qué le di ese beso”, “no debería haber subido a su casa”, “si nos tomamos esas copas juntos debió entender que quería acostarme con él”, etcétera—, con el señalamiento que algunos sectores de la sociedad siguen haciendo a las mujeres con mensajes del tipo: “¿Cómo se te ocurrió irte con él si le acababas de conocer?”.

Cuando el abusado es un menor suelen pasar años hasta que se atreve a contarlo, cuando ya es tarde. El agresor ejerce poder sobre el menor para que se mantenga en silencio mediante chantaje emocional, amenazando con hacer daño a otro miembro de la familia o con quitarse la vida. Pero, además, cuando la víctima tiene edad para comprender qué le está ocurriendo, le paraliza el temor a la reacción de su familia, según la psicóloga. Si no le creen es devastador y su paso adelante se traducirá en la ruptura de las relaciones familiares. Si le creen, “el conocimiento de un hecho tan tremendo como el abuso y la agresión lo desbarata todo”.

En el ámbito de la pareja, donde las denuncias por violencia machista cuestan, las de agresiones sexuales son aún más raras. “Tenemos el derecho canónico muy interiorizado y a veces las mujeres no le dan importancia a los abusos sexuales o no son muy conscientes”, explica Alarcón. La abogada Amparo Díaz ha visto cómo clientas suyas han contado al denunciar agresiones por no querer “ir al dormitorio”. “Y no se indaga, se consideran delitos semiprivados”, cuenta indignada.