“Nuestro sistema no protege en absoluto a los testigos, están solos y desamparados”

“Tanto testigos como investigadores hemos sido sometidos a escarnio público, insultados, vilipendiados, amenazados y seguidos. Hemos sufrido todo tipo de tropelías”. El juez Manuel Penalva, instructor hasta hace un mes de la causa que investiga la corrupción en el seno de los cuerpos de policía municipal de Palma y Calviá y sus lazos con empresarios del ocio nocturno, denuncia la “desprotección total” a la que las instituciones condenan a los testigos que colaboran en el esclarecimiento de las causas judiciales.

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En una entrevista a la cadena SER, el titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma ha relatado las situaciones a las que se han visto expuestos tanto los investigadores como los testigos a lo largo de la instrucción del caso, que se prolonga desde hace cuatro años. Penalva fue apartado de la investigación después de que la Audiencia Provincial aceptara una recusación impulsada por más de una treintena de abogados que aportaron unos mensajes de WhatsApp en los que el juez descalificaba a varios investigados. Los jueces de la Audiencia le apartaron de la instrucción al apreciar que en su conducta se había producido una pérdida de la apariencia de imparcialidad.

Durante meses, Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán han denunciado los continuos episodios de amenazas y presiones por parte del entorno del principal investigado, el magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach, propietario de un holding empresarial de discotecas, hoteles y restaurantes investigado por una quincena de delitos. “Incendiaron el coche de un vecino que confundieron con el mío y dejaron pistolas dibujadas en la fachada. El fiscal es el que más ha sufrido porque empezó antes y han sido constantes los allanamientos, ha sido seguido y perseguido. A veces de forma sutil, rodeándoles de policías cuando nada en la piscina municipal. No todos son hechos denunciables, pero son miradas, actuaciones y conductas”, ha señalado.

Permiso para llevar armas

Tanto Penalva como el fiscal solicitaron un permiso para poder llevararmas cortas en su día a día y adoptar medidas de autoprotección, algunas de las cuales han corrido de su bolsillo. “El problema está en los testigos, que no tienen la protección de las instituciones ni pueden portar arma corta”, ha subrayado el juez, que culpa a las deficiencias estructurales económicas y al “insuficiente interés de los que hacen las leyes” para dispensar una protección “real eficaz y efectiva” a los testigos que cooperan con la justicia en causas de tanta gravedad.

El juez ha reconocido que no ha llegado a temer por su vida, pero sí se ha sentido “inquieto y preocupado” por su familia. “Esta campaña de intimidación y de amenazas no sabemos en qué puede acabar y no porque me manden dos matones a pegarme un tiro, sino porque a ellos se les puede escapar de las manos”. Penalva ha insistido en la gran cantidad de personas que trabajan en las empresas del principal investigado y que culpan a los investigadores de las inspecciones administrativas que han llevado a la clausura parcial de algunos de los negocios del grupo. “Ante el temor de que puedan perder el trabajo no hay que olvidar que cualquier descerebrado puede hacer una locura”, ha señalado.

Bartolomé Cursach salió en libertad la noche de este miércoles después de que la Audiencia Provincial de Palma le impusiera una fianza de un millón de euros tras estimar el recurso planteado por su defensa a la medida de prisión preventiva. En apenas cinco horas sus allegados lograron reunir esta cantidad, que abonaron en el juzgado de guardia a media tarde. Pasadas las nueve y cuarto de la noche Cursach abandonaba la prisión de la capital balear por una puerta lateral, esquivando a la prensa y tras 13 meses en la cárcel desde que fuera detenido en marzo del año pasado.