El informe de la futura Ley contra el alcohol pide que se sancione a los padres de los menores que beban

El informe de la futura Ley contra el alcohol pide que se sancione a los padres de los menores que beban. El texto fue validado la semana pasada en el Senado y está pendiente de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas el día 24, cuando se incluirán los votos particulares. El documento también contempla que, en los casos de reincidencia y actitud negligente de los progenitores, se aplique la normativa de protección de menores. 

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El texto subraya que la futura ley debe tener un carácter "educativo y pedagógico", pero también debe garantizar su protección, por eso, señala, incluye un régimen sancionador dirigido hacia aquellas personas mayores de edad que permitan y fomenten el consumo, especialmente si obtienen un beneficio con ello. Para evitar la sanción, los padres podrán participar junto con sus hijos en actividades reeducativas de prevención del consumo.

"Los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes" y el "objetivo primordial" es retrasar la edad de inicio hasta los 18 años, sostiene el documento. Los jóvenes empiezan a beber a los 13,9 años de media, dos meses más tarde que en 2014, según el Plan Nacional sobre Drogas.

El informe también propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas con graduación y establecerlos según la cantidad de alcohol puro que contengan. También se considera en el documento la posibilidad de destinar parte de esas cargas a actuaciones preventivas e incluir en el etiquetado de las bebidas imágenes disuasorias (como ya ocurre con el tabaco), teniendo en cuenta la directiva europea. Además, se propone prohibir los happy hour en los locales (hora feliz, es decir, descuento en los precios de bebidas durante una hora determinada), así como la venta de bebidas alcohólicas en las gasolineras. 

El borrador propone prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, práctica conocida popularmente como botellón, salvo en áreas autorizadas como terrazas. También persigue endurecer las medidas contra los locales y comercios que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, entre las que se incluye el cierre de estos establecimientos.

En cuanto a la publicidad en televisión de marcas de este tipo de bebidas, se pide que se establezca fuera del horario infantil y restringir el patrocinio o cualquier otra forma de financiación a actividades deportivas, culturales, educativas y de ocio susceptibles de acudir con los menores: patrocinio de conciertos, beer runners (carreras deportivas donde los competidores se hidratan con cerveza), consumo en películas taquilleras, juegos online, fiestas patronales, turismo de alcohol, entre otros. 

El borrado muestra que hay una falta de acuerdo entre los expertos. Algunos se muestran "escépticos" ante la eficacia de una ley de menores sin alcohol, puesto que ya existen normativas autonómicas y locales que regulan el consumo "y sin embargo, su impacto no ha sido el esperado", apunta el texto. El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Julio Bobes, se muestra a favor del informe y ha considerado que esta iniciativa favorecerá a la formación de los jóvenes para que "aprendan a gestionar" su salud.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha afirmado que está "convencidísima" de que la norma se aprobará con un "gran consenso social" y ha explicado que se pondrá a trabajar en los contenidos del informe una vez se vote en la Comisión Mixta con el objetivo de poder aprobar la ley durante esta legislatura.

El director general de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, Bosco Torremocha, ve positiva la ley, pero ha asegurado este miércoles que un aumento de los impuestos sobre el alcohol no es la medida más adecuada para prevenir el alcoholismo. "Estamos hablando de una ley de alcohol en menores, los menores tienen prohibido el consumo por ley, también venderles y dispensarles alcohol. Por tanto, no sé qué tienen que ver medidas fiscales en este ámbito", ha comentado Torremocha.

La ponencia que ha elaborado este informe en el Senado se constituyó el 6 de marzo de 2017. Varios colectivos de educadores y padres propusieron en julio de 2017 medidas concretas, que han quedado recogidas en el documento. Asociaciones como CEAPA (padres de alumnos) y FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) reclamaban una ley estatal que unificase la normativa y los protocolos de actuación.