Papeles falsos para seguir cobrando la pensión de papá

La Xunta desmonta el engaño de una pareja gallega que se benefició hasta 2014 de casi 68.000 euros en ayudas a la discapacidad de un familiar que murió en 1991

Una pareja, en un parque.
Una pareja, en un parque. samuel sánchez

La hija y el yerno de V. L. L., un vecino de A Coruña beneficiario de una pensión no contributiva que había fallecido en abril de 1991, consiguieron falsificar durante más de 20 años los documentos que la Xunta de Galicia exigía para acreditar que el hombre seguía vivo y abonarle la ayuda por discapacidad. El matrimonio fue pillado por errores en el papeleo en julio de 2014, después de haber cobrado 67.800 euros de la Consellería de Trabajo y Bienestar Social perpetrando la supuesta estafa.

La hija del fallecido, M. A. L. se enfrenta ahora a una condena de tres años de cárcel, algo inferior para su pareja, J. R. C. M., por dos delitos continuados de estafa y falsificación documental, además del pago de una multa, la devolución a la Xunta de los 68.700 euros que supuestamente cobraron y el pago de las costas del juicio, después de que ambos acusados presenten una fianza de responsabilidad civil por importe de 90.400 euros.

El juicio que iba a celebrarse la semana pasada fue aplazado para este próximo lunes 9 de marzo ante la incomparecencia de la mujer que se encontraba ingresada en un centro hospitalario. De no presentarte nuevamente ante el tribunal de la Audiencia de A Coruña, este ya ha advertido que decretará la entrada en prisión de la pareja.

Para la fiscalía ha quedado acreditado que los acusados percibieron el importe mensual de la ayuda por discapacidad que tenía asignada el fallecido desde mayo de 1991 hasta julio de 2014. Las pruebas documentales constatan la falsificación de la firma del fallecido por parte de su hija para renovar el subsidio que cobraba por problemas de movilidad y que le había concedido la Xunta un año antes de fallecer, el 23 de marzo de 1990.

Dichas ayudas fueron abonadas por la Xunta de Galicia en una cuenta corriente de la que eran cotitulares el beneficiario y su esposa, E. L. P., que llegó a estar investigada, hasta que falleció en diciembre de 2014, por ocultar a la Xunta de Galicia el óbito de su marido.

En este tiempo, su hija y yerno se encargaron de falsificar los documentos para renovar las ayudas y actualizar su importe, cubriendo los impresos oficiales de la Consellería de Asuntos Sociales correspondiente a la declaración anual de prestaciones. Todo el papeleo falso que habían confeccionado, incluyendo un documento de fe de vida expedido por el Registro Civil, era presentado después en la delegación provincial que tenía este departamento autonómico en A Coruña, “dando así apariencia —dice el fiscal— de que el beneficiario continuaba vivo”.

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Pero en mayo de 2013, la Xunta advierte que en la declaración de ese ejercicio el solicitante no había dado respuesta por escrito a la petición de los servicios sociales de poder consultar sus datos económicos y fiscales, por lo que le requirió (al fallecido) que cubriese de nuevo la casilla correspondiente al estar esta incompleta. Pero dicho requerimiento no fue atendido por los acusados, ante el temor a ser descubiertos, por lo que la Consellería, mediante resolución de 3 de junio de 2014, suspendió con carácter provisional el pago de las ayudas públicas.

Ante este imprevisto, los acusados fabricaron un plan que consistió en comunicar a la Xunta de Galicia que el beneficiario fallecido se trasladaba a Madrid para residir con uno de sus hijos y que este se encargaría en adelante de tramitarle la pensión no contributiva ante los órganos de dicha Comunidad Autónoma. Para ello el yerno escribió de su puño y letra el cuerpo del escrito, mientras su mujer estampó una firma falsificada de su padre en el documento que presentaron el 1 de julio de 2014 en la delegación de la Xunta en A Coruña.

Fue entonces cuando los servicios sociales descubrieron la estafa al constatar que no existía ningún traslado de residencia y que el solicitante había fallecido en 1991. Aún así, ambos acusados fabricaron un último escrito de su puño y letra para eludir toda responsabilidad penal y administrativa. En el documento, también falsificaron la firma de la viuda del beneficiario en el que esta reconocía el cobro indebido de las ayudas y se ofrecía a restituir el importe.

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