Una constructora contrataba a “jóvenes del PP” a cambio de adjudicaciones

El caso Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel sobre la caja b del PP, sigue descubriendo nuevas aristas cinco años después de su apertura. Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta y antiguo empleado de Constructora Hispánica, una de las principales empresas donantes de la formación conservadora, ha relatado este martes que la compañía “contrataba a jóvenes del PP a cambio de adjudicaciones”. Moro, que ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, ha hablado de la “guerra” de tesorerías en el partido para controlar los contratos de administraciones públicas, con los que supuestamente se nutría la contabilidad paralela.

Constructora Hispánica, actualmente denominada Assignia Infrestructuras, estaba presidida por Alfonso García-Pozuelo. Este empresario figura relacionado con nueve entregas de dinero negro al PP entre diciembre de 1998 y abril de 2006 por un total de 258.000 euros, según los papeles de Luis Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP destapada por este periódico en enero de 2013.

Moro, que trabajó para Hispánica entre 2006 y 2008, es, además, uno de los hombres de confianza del expresidente madrileño Ignacio González, quien supuestamente lo utilizó como testaferro en el saqueo del Canal de Isabel II. Por estas supuestas labores de blanqueo, el exdelegado del Gobierno en Ceuta se encuentra imputado en el caso Lezo, otro de los grandes sumarios de corrupción que afectan al PP en la actualidad.

En su declaración como testigo, Moro ha afirmado, según fuentes presentes en el interrogatorio, que durante el tiempo en que estuvo contratado en Hispánica, la empresa fichó a dirigentes jóvenes del PP como una forma de contraprestación o favor al partido. El expolítico ha señalado que entre la compañía y el partido existía una relación “muy fluida”, especialmente con el extesorero Álvaro Lapuerta –apartado de las causas de corrupción por demencia sobrevenida– y su sucesor al frente de las finanzas populares, Luis Bárcenas.

Moro ha relatado que tras la salida del PP del Gobierno central entre 2004 y 2008, Lapuerta y Bárcenas trataron de compensar la pérdida de fondos por adjudicaciones de los ministerios con adjudicaciones de otras administraciones controladas por el PP, especialmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Ahí chocaron con Ignacio González, entonces vicepresidente autonómico madrileño. Este, según Moro, le contó que Lapuerta le había presionado para que le cediera el control de los contratos públicos madrileños. González, según el relato de Moro, informó a la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, de que Lapuerta le acuciaba y que esta medió en las presiones.

Tras la declaración de Moro, el juez De la Mata ha tomado declaración, también como testigo, al exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega. Este ha ratificado su declaración como acusado en el juicio de la pieza central del caso Gürtel, en la que señaló que Lapuerta le llamó para pedirle que adjudicara obras a las empresas Licuas y Coarsa, “amigas del partido”, y que como se negó a ello, “cayó en desgracia”.

Ortega insistió en que la exdiputada del PP Carmen Rodríguez Flores fue quien, en un restaurante, le reprochó que no accediera a adjudicar las obras de su municipio a Licuas y Coarsa, del empresario Joaquín Molpeceres. Rodríguez Flores negó esta versión en el juicio del caso Gürtel, en la que declaró como testigo.