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Tres meses y medio de cárcel por vender ametralladoras como chatarra

Las armas estaban inutilizadas pero tenían valor histórico, según la justicia militar

Entrada del acuartelamiento Cervantes, en Granada. Ampliar foto
Entrada del acuartelamiento Cervantes, en Granada.

La Sala de lo Militar del Supremo ha ratificado la condena a tres meses y medio de prisión impuesta a un soldado por robar dos ametralladoras antiaéreas, que vendió como chatarra por 126 euros.

Según la sentencia, el soldado, destinado en la unidades de apoyo del acuartelamiento Cervantes de Granada, se dirigió el 15 de marzo de 2013 al grupo de transportes y solicitó una carretilla elevadora y un camión, alegando que eran para un traslado interno dentro del cuartel. A continuación, accedió a un almacén, del que tomó las llaves, retirando dos ametralladoras antiaéreas Oerlikón de 20 milímetros fabricadas en Oviedo en la década de los cuarenta.

“Las citadas armas estaban desmontadas, inutilizadas y sin elementos de puntería”, reconoce el tribunal. “Los elementos del afuste del trípode estaban rotos y en mal estado”, agrega.

Eso no significa, sin embargo, que carecieran de valor, ya que las armas, según la sentencia, “estaban catalogadas como material histórico” e inventariadas como patrimonio del Ministerio de Defensa, “pendientes de su restauración para ser expuestas”.

Cargadas las ametralladoras en el camión militar, el soldado se dirigió a desguaces El Goro, donde las descargó con ayuda de personal de la citada empresa y procedió a su venta. “El material fue inmediatamente achatarrado al ser identificado como armamento fuera de uso por el responsable de la recepción de materiales de la empresa”, agrega.

La desaparición de las dos ametralladoras no se descubrió hasta el 10 de julio de 2013, casi cuatro meses después de la sustracción.

El Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra ha valorado las ametralladoras en 2.500 euros cada una, por lo que el soldado ha sido condenado a pagar 5.000 euros como responsabilidad civil, además de tres meses y un día de prisión por un delito contra la Hacienda Militar.

Entre enero y julio de 2013, militares de la unidad de apoyo vendieron cable y chatarra por 2.627 euros, que destinaron “a adquirir productos alimenticios para desayuno y vinos”, pero “no se ha detectado falta de material consignado en inventarios ni consta que se haya dado parte por su desaparición”, al margen de las dos ametralladoras, agrega la sentencia.