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Educación: Un acuerdo herido de muerte

La financiación hace saltar por los aires la negociación del pacto educativo y pone en serio riesgo su continuidad

El ministro de Educació;n, Íñigo Méndez de Vigo, en una sesión plenaria del Congreso.
El ministro de Educació;n, Íñigo Méndez de Vigo, en una sesión plenaria del Congreso. EFE

El ministro lo presentó como un empeño personal. “Me piden el pacto por la calle”, decía Íñigo Méndez de Vigo cuando ocupó la cartera de Educación en 2015. Lo ha seguido repitiendo casi en cada comparecencia. La sociedad reclama un pacto que, a tenor de los últimos acontecimientos, la política no parece que vaya a poder cerrar. Es el gran acuerdo por la educación que España nunca ha tenido y cuya negociación muchos han observado con escepticismo.

El Gobierno paralizó algunas medidas de la polémica Lomce, como las reválidas, antes de que empezaran las negociaciones y a la expectativa de lo que saliera de ellas. En diciembre de 2016, comenzaron las más de 80 comparecencias de expertos y un año después, los trabajos con un guion de 15 puntos que debía tener forma de propuesta antes del próximo verano. Todo ha estallado en el segundo punto: la financiación, tema central tras una crisis que ha supuesto perder más de 7.000 millones de euros de gasto público. Y, aunque aún no han formalizado su marcha, ya se han levantado de la mesa PSOE, Podemos, ERC y PdeCat.

La salida del PSOE

El PSOE abandonó la negociación el 7 de marzo después de advertir al PP de que se iría si no respaldaba llegar al 5% del PIB en 2025-la previsión del Gobierno es bajarlo al 3,8% en 2018-. Es una propuesta con la que esperaban facilitar el acuerdo del PP, ya que hasta sindicatos cercanos como UGT la habían criticado por “insuficiente”. Reclamaban un incremento de 1500 millones anuales. El PP ofreció 5.000 millones hasta 2025 “como suelo” a la espera de cerrar el resto de los puntos y negociar la financiación total. Y quiso implicar a todas as comunidades autónomas –a las que corresponde el 95% de la financiación educativa- con una propuesta que para los socialistas es una trampa: El Gobierno pone 73 millones de incremento anuales y el resto le corresponde a las autonomías.

“El Gobierno es el que tiene que mover ficha porque no vamos a aceptar un pacto que impida llegar a los niveles de inversión de 2009”, pide la diputada socialista Luz Martínez Seijo. “Vamos a seguir trabajando en la subcomisión. Es un compromiso que hemos adquirido con el conjunto de la sociedad española”, señala por su parte la diputada Sandra Moneo (PP), que critica que la decisión de los socialistas “nada tiene que ver con el ámbito educativo, se trata de una decisión política”

Tras los socialistas, se levantaron los diputados de Unidos Podemos, muy críticos con la negociación desde el principio. Pidieron sin éxito que las reuniones no fueran a puerta cerrada y que se retransmitieran por streaming para que “la comunidad educativa participara del debate”, explica la diputada Ione Belarra. La formación lleva varias semanas recorriendo distintos rincones de España con un autobús y un lema (“Orgullosos de la pública”) con el que quieren recabar opiniones de la sociedad más de un año después de que empezaran las comparecencias en el Congreso. Acusan al PP de ganar tiempo con la negociación y al PSOE de “tener en su mano” un cambio en la forma de votación –se aprueban las medidas por tres quintos en lugar de mayoría absoluta- que hubiera permitido “que las recomendaciones fueran en un sentido progresista. Son muy hipócritas, les han entregado las llaves del pacto al PP”.

Ciudadanos, por su parte, cree que el PSOE actúa por “electoralismo”. “No quieren darle la medalla al PP como el PP no se la quiso dar al PSOE [cuando estando en el Gobierno los socialistas estuvieron a punto de cerrar un pacto educativo con Ángel Gabilondo de ministro]”, señala la diputada Marta Martín, que anuncia que seguirá trabajando para elaborar un documento aunque la subcomisión acabe disuelta.

El próximo martes vuelve a estar convocada una reunión de esta subcomisión en el Congreso. Y entonces, o en los días posteriores, se verá si los partidos que se han levantado de la mesa formalizan su marcha, si se quedan o si el PP hace una nueva propuesta económica.

O pacto o Lomce

“Apelo a la altura de miras”, reclama Nicolás Guisado, responsable del sindicato de profesores ANPE y primer compareciente de los 80 expertos de la subcomisión. “Le pido al PSOE que vuelva, no debería haber abandonado”, señala Guisado, escéptico con una negociación que considera que ha obviado a la parte social (la comunidad educativa) y la territorial (las comunidades autónomas). “No hay repuesto, una ley orgánica se repone solo con otra ley orgánica”, critica Mario Fernández desde el sindicato CSIF. “Por tanto el pacto de Estado se ha convertido en una necesidad si de verdad quieren cambiar la Lomce”.

Una negociación "para ganar tiempo"

Otros sindicatos (CC OO y UGT) acusan al Gobierno y al PP de haber ganado tiempo con la negociación del pacto para evitar tanto el rechazo de la Lomce como otras negociaciones, de usar la subcomisión como un “burladero”. “Hay un montón de temas pendientes que no han querido negociar escudándose en la subcomisión”, señala Maribel Loranca (UGT), que considera que “la negociación está dinamitada”. “Al PP le han venido muy bien estos meses para obviar el debate, pero la voluntad de acuerdo se ha visto cuando ha aparecido un tema espinoso”, añade Paco García (CC OO). Ambos forman parte de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, junto con organizaciones como la confederación de familias Ceapa o colectivos de estudiantes. Tras el plante, se han reunido para preparar movilizaciones y resucitar la Marea Verde que nació contar los recortes educativos. Si consensuan una protesta, sería el tercer colectivo en salir a la calle en poco tiempo, tras los pensionistas y las mujeres.

Un futuro “complicado”

“Veo el futuro complicado”, lamenta Leticia Cardenal, presidenta de la confederación de familias de la pública, la Ceapa. “No compartimos que el PSOE se levante de la negociación, aunque desde el principio habíamos denunciado que buscar un acuerdo sin la parte social no iba a llegar a un buen fin. Si se rompe el pacto a dos meses de acabar el curso significa que, en septiembre, nuestros hijos volverán a clase con lo peor de la LOMCE”.