La veloz, cara y todavía legal arma del crimen del narco
El Gobierno ultima la prohibición de las ‘narcolanchas’, semirrígidas para transportar hachís
Tan claro tenían en el astillero gaditano JMR Naval que eran peones involuntarios del narco que, cuando detuvieron a su jefe acusado de haber creado un varadero de narcolanchas, algunos de sus trabajadores tan solo acertaron a preguntar: “¿Y a nosotros no nos vas a detener?”. En la puerta de entrada del hachís de Europa, el empresario de 43 años, R. F. B., decidió dejar atrás la tradicional venta de barcos de recreo para reconvertirse y dedicarse de lleno al pingüe y oscuro negocio de la fabricación de las gomas. Mientras el Gobierno ultima una prohibición que no acaba de llegar, los narcotraficantes pagan hasta 180.000 euros por semirrígidas de 12 metros de eslora con las que surcan el Estrecho de Gibraltar a 120 kilómetros por hora, cargados de toneladas de hachís.
Si el pasado 16 de enero el dueño de JMR acabó entre los 17 detenidos de la Operación Festejo de la Guardia Civil y la policía, ha sido por pasarse de listo, no por dedicarse a una actividad que, de entrada, es legal. “Hace tiempo que se nos cruzó como fabricante de los narcos, pero ahora ha cometido errores. Ha pasado a tener un papel más activo al participar de los transportes”, reconoce un responsable de la investigación. De momento, en España no está prohibida la fabricación de estas lanchas, aunque resulta evidente que, por sus características, “no tiene utilidad que no sea para el narcotráfico”, reconoce Jorge Ramírez, delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.
Su morfología las ha convertido en el arma ideal del crimen del hachís. En su perfecccionamiento, el narco gaditano aprendió de los mejores. “En muchas investigaciones nos hemos cruzado con fabricantes de Pontevedra”, añade un guardia civil del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA). También ingleses; en 2004, el dueño de Crompton Marine acabó detenido en Estepona, acusado de vender clandestinamente lanchas de hasta 30 metros de eslora. Aún hoy una búsqueda en portales de compraventa devuelve decenas de anuncios que venden cascos Tipo Crompton.
El modelo de la narcolancha ideal es claro: casco estrecho y alargado de hasta 12 metros, timón para pilotar de pie, tres o cuatro asientos para tripulantes y amplia zona de carga delantera para hasta 2,5 toneladas de hachís. Detrás, hasta tres potentes motores fueraborda de 250 caballos, de una marca japonesa icónica entre el narco, hacen volar a estas lanchas a 62 nudos, unos 120 kilómetros hora. Precio, no menos de 180.000 euros.
Tan excelso objeto de deseo es entre el narcotráfico que “hace cinco años estaba tan cotizada que pegar un pelotazo era conseguir una, no traer hachís”, añade el investigador de la EDOA. Su valor quedó demostrado el pasado 19 de febrero, cuando tres encapuchados no dudaron en robar una de un depósito judicial de Conil de la Frontera en un asalto que continúa bajo investigación. Hace tiempo que el empresario R. F. B. advirtió esta demanda y, en su varadero, ubicado en un polígono de Puerto Real con acceso directo al Caño de Sancti Petri, fabricaba —y quizás aún siga, tras obtener la libertad bajo fianza— decenas de lanchas “perfeccionadas y sin número de bastidor”.
Viaje entre la vida y la muerte
Un buen lanchero no cobra menos de 30.000 euros por viaje para navegar hasta Marruecos en apenas media hora. Los capos valoran su pericia por mantener el hachís lejos de las patrulleras. También el riesgo de pilotar una goma a altas velocidades: en noviembre de 2016, cuatro supuestos narcos murieron en un grave accidente durante una persecución. Hasta Vigilancia Aduanera ha incorporado dos semirrígidas similares a las de los narcos para garantizar “la velocidad, maniobrabilidad y versatilidad” en la caza del narco.
Entretanto, Ramírez y los suyos ya pergeñan el siguiente paso: “Hemos pedido que se restrinja el uso de este tipo de semirrígidas. El proyecto ya lo tiene el Ministerio del Interior y se quiere incluir en la modificación de la Ley de represión del contrabando”. La clave de la prohibición radicará en hilar fino la caracterización y tenencia de las narcolanchas para evitar que los narcos encuentren resquicios legales, sin conculcar, a la vez, derechos fundamentales. Mientras el veto deseado por las asociaciones antidroga llega, Vigilancia Aduanera ha conseguido que estas embarcaciones sean destruidas y no subastadas, cuando son decomisadas y entregadas al Plan Nacional sobre Drogas (PND), que enajena los bienes incautados al narcotráfico.
Será lo que, previsiblemente, ocurrirá con algunas de las cinco embarcaciones intervenidas al empresario y al resto de detenidos del clan de los Pantoja en la Operación Festejo. Pero antes debe haber una sentencia judicial, como reconocen desde el Ministerio de Justicia, por lo que el cuello de botella es evidente. Según la memoria de la Fiscalía Antidroga, solo en Cádiz se intervinieron 109 embarcaciones en 2016. Ese mismo año y a nivel nacional, el PND dio destino a 84 barcos: vendió 33, adscribió y cedió 16 y solo se abandonaron 35.
En los puertos gaditanos, depósitos judiciales públicos (gestionados por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía) y privados, languidece una cantidad indeterminada de gomas que generan un gasto también sin cuantificar. Desde 2013, la Audiencia Provincial de Cádiz no ordena una destrucción de bienes decomisados. Enmarañadas en procesos judiciales tortuosos, burocráticos y lentos, a las armas del crimen del Estrecho les toca esperar para firmar su capítulo final.
Y la violencia sigue al alza
Mientras las leyes intentan poner coto a las narcolanchas, la escalada de violencia del narcotráfico no tiene fin en el Campo de Gibraltar. En tan solo una semana, tres sucesos han vuelto a sobresaltar a la comarca. El pasado lunes 5 de marzo, el coche particular de un guardia civil fue apedreado en La Línea cuando iba camino de su casa. Un día después, tres encapuchados se colaron en el puerto de Algeciras y rociaron con gasolina las dos nuevas semirrígidas de Vigilancia Aduanera. Ya el jueves, el fiscal jefe de Área en la Audiencia de Algeciras, Juan Cisneros, denunció que su coche apareció en el párking del Palacio de Justicia con las dos ruedas delanteras rajadas.
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