¿Una ‘ley Corcuera’ 2.0?

La decisión de Ciudadanos de desbloquear el pasado lunes la propuesta de derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, llega acompañada de toda una batería de enmiendas del partido de Albert Rivera, que incluye una iniciativa para que la policía pueda acceder sin orden judicial a "una vivienda u otras edificaciones que no revistan la condición de domicilio, si el legítimo titular hubiese denunciado la ocupación y existiesen indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos". Una propuesta penal que acumula ya las críticas de Podemos. Y de la que cuatro profesores de Derecho Constitucional, consultados por EL PAÍS, dudan también de su viabilidad legal.

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Esta iniciativa levanta muchos recelos entre los juristas. "A todas luces, es inconstitucional", recalca Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. "O hay un delito flagrante en una vivienda o solo se puede entrar con permiso del inquilino o con orden judicial", subraya el docente. En esa misma línea se manifiesta Eduardo Vírgala, catedrático de la Universidad del País Vasco: "Y es importante recordar que, en materia de derechos fundamentales, la interpretación ha de ser siempre restrictiva en lo que suponga intromisión en los mismos". "Si el local no es domicilio, [actualmente] no hay problema para entrar por parte de la policía, por lo que la enmienda carece de sentido. Pero si lo fuera, ha de producirse el consentimiento del titular", apostilla Vírgala.

Rivera defiende su propuesta. "Si usted piensa que una persona trafica con drogas y está viviendo en su piso, y tiene indicios de que esa persona está traficando con drogas, pues [la policía] puede entrar", explica el diputado sobre su enmienda de ley. Esta medida, en su opinión, no vulneraría la Constitución porque estas casas no pueden considerarse que tengan "condición domiciliar". "Son pisos que okupa un narcotraficante o que okupa un mafioso para chantajear a las familias propietarias", repite el líder de Ciudadanos, en referencia a los extorsionadores que exigen una cantidad de dinero para marcharse. La iniciativa de Rivera deja en manos de la policía decidir cuándo puede acceder si existen "indicios suficientes" para considerar que ese inmueble no es un domicilio y que allí se está cometiendo un delito.

La 'ley de la patada en la puerta'

El Tribunal Constitucional tumbó en 1993 la ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el entonces ministro socialista José Luis Corcuera, conocida como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta. Los magistrados insistían en que la Ley Fundamental protege de "forma rotunda" la inviolabilidad del domicilio sin orden judicial o permiso del titular. Según detalla Carlos Ruiz, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, el dictamen especifica que este derecho solo se puede suspender en caso de "delito flagrante" —entendiendo por "flagrante" aquello que se percibe directa e inmediatamente mediante los sentidos—; en caso de "estado de necesidad", como acceder a una casa en un incendio para salvar una vida; y, de forma excepcional, en investigaciones terroristas "con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario". 

"Por tanto, aunque nada es imposible en esta vida, veo un 99,99999% de posibilidades de que se considere inconstitucional una ley que permita entrar en una vivienda okupada por si se estuviera cometiendo un delito", continúa Ruiz, que añade: "El debate en el ámbito penal está cerrado". El profesor de la universidad gallega cree, en cambio, que sí existe cierto resquicio en el ámbito civil. "Se podría aceptar, aunque lo veo difícil, que se pueda limitar el derecho de inviolabilidad para proteger el de propiedad. Sería hablar de una especie de desahucio policial en lugar del judicial", continúa el docente, que insiste en que nunca podría estar relacionado con una actividad delictiva.

"Habría que ver como quedaría redactada finalmente la ley. Pero, si se hace una definición general, tendrá muchos problemas", continúa Francisco Javier Díaz, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que considera que se podría aceptar su viabilidad si se entendiera que los okupas están cometiendo un delito de allanamiento de morada y que este, por el mero hecho de verlos dentro de la casa, se aceptase como "delito flagrante". "Pero habría que entrar en la casuística. Desde luego, una formulación genérica sería inadmisible. Es precisamente lo que el Constitucional no acepta", añade, antes de apuntar que parece "mejor" que la policía pida una autorización judicial para acceder: "Un procedimiento que, en este país, no se tarda tanto en obtener. Porque no sé en que medida esta norma resuelve más problemas de los que genera".

Pugna política

"Parece que a Ciudadanos se le queda corta la Ley Mordaza del PP", se arrancó el jueves Pablo Iglesias, que añadió: "Algunas de las medidas que han anunciado ya fueron declaradas inconstitucionales a raíz de la ley Corcuera. Mutilar las garantías judiciales para tratar de ganar votos nunca es bueno para la democracia". En esa línea, su compañero de filas Pablo Echenique también arremetió contra Rivera, al que rebautizó como "Albert Corcuera".

Rivera ha repetido este viernes que las viviendas okupadas para extorsionar a familias o por narcotraficantes no pueden considerarse un domicilio. "En todo caso, esto es una enmienda. La tienen que aceptar los otros grupos", ha dicho.