Juana Rivas acusa a su expareja de hacerle pasar “momentos aterradores” a ella y a sus hijos

Los abogados de Juana Rivas han presentado ya su escrito de defensa en el caso que se mantiene contra ella por dos delitos de sustracción de menores. Los letrados de Rivas consideran que los hechos por los que se le juzga –la marcha de Italia a España de la madre con sus dos hijos menores de edad para no volver, la no entrega de éstos a su padre en julio en contra de una resolución judicial que la obligaba a ello y la huida con los dos niños durante un mes en el verano de 2017– “no son constitutivos de delito alguno” y, por tanto, “no puede hablarse de responsabilidad alguna de Juana Rivas”. El escrito de defensa pivota sobre dos hechos principales: Juana Rivas y sus hijos sufrieron, presuntamente, violencia por parte de Arcuri y, por otro lado, el sistema judicial no ha aplicado correctamente lo que los tratados internacionales establecen para las víctimas de violencia de género.

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En el relato de los hechos, Rivas acusa a su marido de presuntos actos de violencia de género.  “Me empujaba, me encerraba en una habitación durante muchas horas, me daba patadas, me escupía en la cara, me tiraba de los pelos y me arrastraba (...) llegando en una ocasión a tratar de estrangularme. Sentí que se me iba la vida”, relata. Un poco más adelante, la narración de Rivas mantiene: “Este hombre me ha hecho pasar los momentos más aterradores de mi vida. Vivía en continua tensión y sufría muchísimo. Mis hijos, sobre todo el mayor, han sufrido y presenciado muchas cosas”. Rivas detalla también presuntos “malos tratos físicos, psíquicos y morales mediante golpes, salivazos, insultos y coacciones”.

El 6 de febrero pasado, la juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Granada, cerró la instrucción y dictó la apertura del juicio oral tras recibir los escritos de acusación de la Fiscalía y de Francesco Arcuri, expareja de Rivas y padre de los dos hijos, de 4 y 11 años.

El ministerio fiscal ha solicitado para ella cinco años de cárcel y seis de pérdida de la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores. Su expareja, aceptando la misma calificación del delito que el fiscal, solicita los mismos años de prisión pero incrementa a ocho los de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Además la acusa, subsidiariamente, de un delito de desobediencia judicial por el que pide nueve meses de cárcel. A todo ello añade la petición de una indemnización de 30.000 euros por el daño moral causado. Una vez entregado en el juzgado el escrito de defensa, el caso entrará en el reparto ordinario y un juzgado de lo penal determinará la fecha para el inicio del juicio.

La defensa de Juana Rivas hace en su escrito un relato de la vida en común de Rivas y Arcuri desde que se conocieron en Londres en febrero de 2005. A partir de ahí cuenta una historia de encuentros y desencuentros entre ambos, jalonado por numerosas denuncias y sentencias. Así, recuerda la sentencia del juzgado de violencia sobre la mujer de Granada que en junio de 2009 otorgó la guardia y custodia del hijo mayor a favor de su madre. Relata también los hechos de 2009 por los que Arcuri fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar a una pena de tres meses de prisión y 15 meses de alejamiento de Rivas. El escrito menciona también, en verano de 2012, una presunta ruptura de Arcuri del régimen de visitas y estancias acordados, que obligó a Juana a ir a Italia a recoger a sus hijos porque el padre no los trajo de vuelta. No obstante, poco después retomaron la convivencia en Italia, en junio de 2013. Es en esa etapa donde presuntamente ocurrieron los hechos que Rivas desgrana en el escrito.

Casi tres años después, en mayo de 2016, la madre sale de Italia con los dos menores para no volver. A partir de ahí se desencadena toda la historia de denuncias, fugas y problemas judiciales sobre la que ahora un tribunal determinará en unos meses las responsabilidades penales de Rivas.

En paralelo, el defensor del pueblo ha aceptado tramitar la queja del equipo legal de Rivas sobre la respuesta judicial a la denuncia que Juana interpuso en España en julio de 2016 contra Arcuri por un presunto delito de violencia de género. Ésta no fue admitida en un principio y pasaron meses hasta que la Fiscalía General del Estado obligó a la granadina a reabrir el caso y trasladar la denuncia a Italia por los canales judiciales. La defensa de Rivas mantiene que el juzgado de Cagliari aún no ha recibido esa denuncia que, supuestamente, salió de España en agosto de 2017. El defensor del menor se ha comprometido a realizar las actuaciones oportunas ante la Fiscalía General del Estado.

Psicólogos en el tribunal

Juana Rivas está este viernes de nuevo en Italia. Según fuentes de su equipo de defensa, Rivas ha viajado junto a su madre y abuela de los dos niños menores para estar con ellos desde la tarde del viernes hasta la tarde del domingo. Para ello cuenta con el permiso judicial oportuno, ya que los niños están bajo la custodia de su padre en su casa de Carloforte, en la isla de Cerdeña.

El próximo martes, 27, se celebra una sesión muy importante en el tribunal de Cagliari que decidirá quién de los dos progenitores se queda con la guardia y custodia de los dos hijos. La última resolución judicial de este caso, que se inició en octubre pasado, ha resultado en la conformación de tres equipos de peritos forenses, mayoritariamente psicólogos: uno a instancias del tribunal y otros dos, representando a cada una de las partes.

Cada uno de esos equipos deberá realizar un informe sobre la actual situación psicológica de los menores, sobre la relación entre los padres entre sí y entre los padres y los hijos, así como la capacidad de los progenitores para “salvaguardar la relación parental del otro”, según el juez. También se les pide a los peritos que sugieran “las modalidades de guardia y custodia y la organización de la misma teniendo en cuenta las dificultades de integrar los menores en las dos diversas realidades geográficas y relacionales”.

El modo de actuar, cuentan fuentes conocedoras del procedimiento, será a través de una entrevista de la doctora Ludovica Iesu, perito judicial, que será grabada. Esa grabación –y no la intervención directa con los menores– será el instrumento con el que cuenten las partes para emitir su informe. En este documento, que podrán completar en los próximos seis meses, deberán responder exclusivamente a lo que el juez les ha preguntado, sin poder valora nada más allá de eso.

Es en esta parte del proceso donde intervendrá, en el equipo de Rivas, el forense Miguel Lorente, quien fuera delegado del Gobierno para la violencia de género. Por parte de Arcuri, cuentan con el doctor Giovanni Battista Camerini, reputado especialista en neuropsiquiatría infantil, radicado en la ciudad italiana de Bolonia.