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2006-2018: las claves del accidente del metro de Valencia

La Audiencia de Valencia ofrece ahora la posibilidad de declarar como investigados (imputados) a la que era gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y a otros siete directivos

Los diputados de las Cortes Valencianas aplauden a la Asociación Víctimas del Accidente del Metro en julio de 2016. En vídeo, declaraciones de la presidenta de la asociación.

Tras nueve años de lucha por parte de los familiares de las víctimas del accidente del metro de Valencia de 2006, ahora estos pueden respirar algo más tranquilos. La Audiencia de Valencia ha decidido este lunes, por primera vez, llevar a juicio el siniestro después de archivarse la causa hasta en tres ocasiones. Estas son las claves más destacadas de uno de los peores accidentes de ferrocarril de la historia de España:

El accidente

El 3 de julio de 2006 el convoy UTA 3736 del metro de la línea 1 del metro de Valencia descarrila entre las estaciones de plaza de España y Jesús. 41 personas mueren en el acto y otras dos en los días siguientes. Hay 47 heridos. El libro de averías de la unidad siniestrada no se halló.

La investigación de las Cortes

Entre el 17 de julio del 2006 y el 8 de agosto se facilitaron 48 documentos y se concentraron en solo cuatro días 32 comparecencias. El dictamen, aprobado con los votos del PP, concluyó que la línea era segura y que la única causa del siniestro había sido el exceso de velocidad del maquinista fallecido. La oposición, que pidió dimisiones, aseguró que una baliza de frenado de unos 3.000 euros en la curva habría evitado la tragedia.

Las diligencias judiciales

El 15 de marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el juzgado de instrucción 21 de Valencia archiva las diligencias abiertas tras el accidente. La juez consideró que la causa del descarrilamiento, tal y como había apuntado el informe policial, había sido la velocidad excesiva. Para la juez, la responsabilidad penal se había extinguido con el fallecimiento del conductor, Joaquín Pardo. En junio de 2007, la juez estimó parcialmente los recursos que pedían nuevas diligencias. En diciembre de ese año se archiva definitivamente.

La asociación de Víctimas (AV3J)

Un grupo de familiares de las víctimas se reúne en Torrent y decide constituirse en Asociación de Víctimas del Metro al entender que la Generalitat se ha dado una prisa excesiva en dar carpetazo al siniestro. Las propuestas del entonces consejero Juan Cotino y un edil del PP de Torrent ofreciendo toda clase de apoyo (trabajo incluido) y sugiriendo a las familias que no pleiteen les indigna. Francisco Camps se niega a recibirlos. Arrancan las concentraciones de la AV3J, que exige responsabilidades políticas.

Prohibido "deficiencia" y "baliza"

Un pleito entre el exjefe de Seguridad del metro y la gerente, Marisa Gracia, saca a la luz el 19 de febrero de 2012 la existencia de un contrato con la consultora HM & Sanchis. El objeto del contrato fue aleccionar a los comparecientes para que evitasen pronunciar palabras como "tragedia", "deficiencia" y "baliza" ante la comisión de investigación parlamentaria. Gracia negó en la comisión que se hubiesen puesto de acuerdo antes de declarar. Muchos de los empleados de FGV que declararon fueron ascendidos de categoría laboral tiempo después.

Los descarrilamientos

Los medios de comunicación han conseguido documentar la existencia de tres descarrilamientos previos de la unidad siniestrada: septiembre de 1992, noviembre de 1994 y junio de 2003. FGV no informó de ellos ni al perito judicial, ni a la comisión de investigación.

El informe escamoteado

Las preguntas de Mònica Oltra (Compromís) sobre la compra de trenes a Vossloh por parte de FGV hacen aflorar en abril de este año, un informe sobre el estado de los trenes de la serie 3.700, entre los que estaba el convoy siniestrado. El documento indica que las unidades están "muy próximas al final de su vida útil" y habla de tecnología obsoleta, dificultades en losrepuestos y corrosión. El informe está firmado por un jefe de FGV en septiembre de 2005, tras un descarrilamiento con heridos en la línea 1.

La movilización

El documental que elabora Barret Films y el programa Salvados renuevan el interés por lo sucedido. Se presentan nuevas demandas por parte del PSPV y la asociación Cercle Obert, y la Fiscalía abre diligencias. Coincidiendo con el noveno aniversario del accidente, la asociación de Víctimas del Metro deja las concentraciones en la calle tras el anuncio de la apertura de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas "en la que no se impondrían la voluntad de un partido".

El PP no acude al homenaje a las víctimas en el décimo aniversario

Transcurridos diez años de la tragedia, se celebró un homenaje —como cada año— a las víctimas del metro de Valencia mediante una ofrenda floral. En esa ocasión, ningún dirigente del Partido Popular acudió al acto. "El PP se ha empeñado en acusar a todo el mundo de utilizar el accidente. A nosotros nos acusan de estar politizados y al resto de partidos, de intentar sacar rédito por defender nuestra causa", afirmó la presidente de la asociación de víctimas.

Archivada la causa hasta en dos ocasiones

La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007. Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2008, pero en enero de 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura a petición de la Fiscalía. Posteriormente volvió a ser sobreseída en junio de 2017 con el argumento de que no había responsables penales.

La Audiencia de Valencia decide llevar a juicio el accidente doce años después

El auto, rubricado por cinco magistrados de la Audiencia, cita varias razones para ordenar la reapertura del caso (doce años después) en el que murieron 43 personas (entre ellos el maquinista) y otras 47 resultaron heridas. De esta manera, la Audiencia Provincial ha decidido que se tome declaración a los investigados y se celebre juicio. En la actualidad, no se ha atribuido ninguna responsabilidad penal ni política. Los abogados de la asociación de víctimas consideran que sí existe una relación directa entre la falta de medidas de seguridad y las muertes resultantes, y no solo a un exceso de velocidad del conductor.