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Un juez imputa a la asesora de Juana Rivas por intrusismo

El Colegio de abogados de Granada presentó una querella contra Francisca Granados

Juana Rivas junto a Francisca Granados en una rueda de prensa.
Juana Rivas junto a Francisca Granados en una rueda de prensa. AFP

Francisca Granados, asesora de Juana Rivas (quien permaneció más de un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre), tendrá que declarar en un juzgado, como imputada, por una querella que el Colegio de abogados de Granada ha presentado contra ella por intrusismo profesional por su actuación en el caso. La junta directiva del colegio granadino considera que la licenciada en derecho y asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer (CIM) de la localidad granadina de Maracena ha actuado como abogada, algo para lo que no está capacitada al no estar colegiada, un requisito ineludible para ejercer la labor procesal en los tribunales y por lo que tendrá que responder el próximo día 26.

Granados, también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, niega que ella haya ejercido de abogada y defiende que “asesoró” a Juana Rivas "en el marco de su trabajo profesional en el CIM". “Para ejercer mi trabajo de asesora legalmente he de ser licenciada en Derecho”, señala. Además de Francisca Granados como asesora, Juana Rivas ha contado con la abogada María Castillo como letrada de su caso desde el inicio de su periplo judicial, en julio de 2016, hasta que a finales de agosto del año pasado asumió la defensa otro equipo de abogados. 

La querella del Colegio de Abogados se presentó en diciembre del año pasado tras una votación de la junta directiva que no resultó unánime. Fuentes conocedoras de aquella reunión recuerdan que hubo cierta confrontación en los momentos previos a la decisión que, finalmente, ganaron quienes estaban a favor “de darles una lección” a las asesoras. El escrito de querella considera el presunto intrusismo profesional de Granados en su estado más grave y, por tanto, el más penado. Se enfrenta así a una posible pena de entre seis meses y dos años.

No obstante, tanto Granados como su defensa están convencidos de que esta querella tendrá "muy poco recorrido". Para Carlos Arangüen, su abogado, “los hechos no son constitutivos, ni siquiera indiciariamente, de infracción penal”. “De hecho no constituyen delito alguno puesto que nunca ha realizado actos propios del ejercicio de la abogacía y sí solo los propios de su trabajo como asesoría legal en el centro de la mujer de Maracena”, añade. La defensa ha solicitado que la querella no sea admitida a trámite, aunque la juez Manuela de la Torre Robles, del juzgado de Instrucción 3 de Granada, sí lo ha visto procedente.

La querella del Colegio de Abogados pide al juzgado que, además de Francisca Granados, comparezca como testigo el alcalde de Maracena, de cuyo Ayuntamiento depende el Centro municipal de la mujer. La acusación basa su querella en algunas intervenciones públicas de Granados y utiliza, por ejemplo, unas declaraciones en televisión en las que Granados reconocía “estar trabajando en el asunto de la Sra. Rivas para que se haga justicia”. Más adelante, se recuerda que la asesora se acogió al secreto profesional para no declarar en su primera cita judicial.

Esto, según la querella, confirma que actuó como abogada porque “se irroga el derecho a no declarar en virtud de secreto profesional, cuando éste solo corresponde a los abogados”. Arangüen insiste en que Granados "no ha hecho nada diferente" de lo que se hace "en los más de 4.000 ayuntamientos de España que tienen entre su personal una asesoría jurídica en un centro de la mujer”. Por ello, Granados considera que la querella es también un ataque “contra todos los servicios especializados de asesoramiento” que se ofrecen desde ámbitos paralelos a los despachos de abogados.

La asesora de Juana Rivas ya tuvo que declarar en agosto pasado por un presunto delito de inducción en la desaparición de los dos hijos menores de Rivas. En ese juicio también tuvo que declarar la psicóloga del mismo centro. Ambas negaron que en ningún momento indujeran a Rivas a llevarse a los niños el día que debía entregarlos por orden judicial a su expareja para que se los llevara a Italia, su última residencia familiar. Finalmente, ninguna fue acusada de ningún delito.

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