El exdirector de Trabajo de la Junta rechaza declarar ante el tribunal de los ERE

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de los ERE, ha rechazado esta mañana responder a la Fiscalía Anticorrupción y las otras dos acusaciones, representadas por el PP y Manos Limpias, y se limitará a responder a las preguntas de su abogado, Fernando de Pablo. La negativa de Guerrero supone un avance en el ritmo cansino aparejado a la vista oral, iniciada en diciembre y que hasta la semana pasada no finalizó el trámite de cuestiones previas.

Tras avanzar el ex director general de Trabajo, uno de los principales imputados del caso, su rechazo a responder a las acusaciones, el secretario del tribunal está leyendo sus anteriores declaraciones, ante la policía, la Guardia Civil y el juzgado de instrucción. La primera vez que Guerrero declaró lo hizo ante la policía en 2011, cuando mencionó la expresión "fondo de reptiles" para referirse al fondo para empresas en crisis que la Junta andaluza dotó con 855 millones entre 2001 y 2010.

Ante la policía, Guerrero admitió hace siete años: "Es verdad que podía haber atendido a otras personas, pero se atendió a todo el que la solicitó. No había ninguna norma que dijera nada en contra. Yo no pedía autorización, pero en los consejos de dirección daba cuenta. Cuando yo llegué a la dirección, se tramitaba el expediente de Cárnicas Molinas y hubo una discrepancia en el pago de las ayudas".

Tras acabar la lectura de su comparecencia en comisaría, el abogado de Guerrero le ha preguntado al acusado: "¿Ratifica esta declaración?". Y el exdirector de Trabajo ha respondido: "No la ratifico, por la presión mediática que recibía entonces, como por la policía. Además, entiendo que no se recoge lo que dije textualmente".

El secretario ha leído las dos declaraciones prestadas por Guerrero en 2012 ante la Guardia Civil, que sucedió a la policía como Cuerpo investigador del caso. En ellas, el ex alto cargo de la Junta alegaba que se había enterado de la inclusión de intrusos en las pólizas de los ERE a través de la prensa. Sin embargo, cuando su abogado le ha vuelto a preguntar si ratificaba las declaraciones policiales, Guerrero ha vuelto a negar la mayor.

A continuación, el secretario del tribunal ha leído la declaración del exdirector de Trabajo ante la primera juez instructora, Mercedes Alaya, en marzo de 2012. Durante tres días Guerrero salpicó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y mencionó que la cúpula del Ejecutivo autonómico conocía el sistema de concesión de ayudas y lo consideraba legal.

Mientras, el tribunal ha permitido al ex interventor general Manuel Gómez ausentarse en las próximas sesiones del juicio debido a un accidente sufrido recientemente, en el que se ha roto los dos pies, por lo que seguirá el proceso desde casa los próximos días.

El juicio comenzó el día 13 de diciembre de 2017 con la lectura de los escritos de acusación formulados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen PP-A y Manos Limpias. A mediados de enero, las partes presentaron las cuestiones previas. El pasado viernes, el tribunal resolvió en un auto las cuestiones que plantearon las partes sobre la instrucción y decidió, entre otros asuntos, que se juzgue por asociación ilítica a Chaves y Griñán en los ERE. Tras esta resolución, Chaves y Griñán se sientan en el banquillo por un presunto delito de prevaricación, al que Griñán suma el de malversación. Chaves se expone a una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada y Griñán afronta una condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación solicitada por la fiscalía por malversación continuada.

El tribunal también ha rechazado que los acusados declaren los últimos, tras los peritos y los testigos, tal y como habían pedido las defensas. Según el calendario fijado, el proceso se prolongará al menos hasta el próximo 31 de octubre tras 94 jornadas.