Ciudadanos propone endurecer el Código Penal ante la presión del PP con la prisión premanente revisable

La presión del PP con la defensa de la prisión permanente revisable ha obligado a Ciudadanos a moverse respecto a la medida proponiendo una vuelta de tuerca al Código Penal y endurecer el acceso al tercer grado de los condenados “especialmente peligrosos para la sociedad”. El partido de Albert Rivera propició que se pusiera en marcha en el Congreso de los Diputados la derogación de la máxima pena privativa de libertad que contempla el Código Penal. Ahora presenta una enmienda a la totalidad a la ley.

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Contra la prisión permanente

La prisión permanente revisable se ha convertido en la principal munición en la batalla por el electorado que libra el PP contra Ciudadanos desde que el partido de Albert Rivera se perfila como una seria amenaza electoral para los populares. La medida, aprobada por los poulares con su mayoría absoluta en la X Legislatura, está recurrida ante el Tribunal Constitucional, mientras el Congreso de los Diputados tramita su derogación a instancias del PNV, una iniciativa que prosperó gracias a la abstención de Ciudadanos.

El PP detectó una vía por la que frenar a Ciudadanos y no ha parado de hurgar en la llaga desde la detención del autor confeso de la desaparición y muerte de Diana Quer, José Enrique Abuin, El Chicle. Anunció la presentación de iniciativas en los Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos de España para defender esta medida que podría aplicarse al detenido (apoyada por el padre de la víctima), y también anunció una proposición no de ley para defenderla y para pedir al resto de formaciones que renuncien a derogarla.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, incluso señaló que su partido no descartaba presentar más adelante otra iniciativa de carácter legislativo, una proposición de ley, para "actualizar" la reforma del Código Penal aprobada en 2015 que abrió paso a la prisión permanente revisable y poder penalizar que un acusado maniobre para ocultar el cadáver de la víctima "aumentando la tortura" para la familia, como en los casos de Diana Quer y de Marta del Castillo. El Grupo Popular ha llevado también al Senado una moción que se debatirá la semana próxima para obligar al resto de grupos a hacer un "pronunciamiento claro y firme" sobre la derogación.

Ciudadanos se había quedado fuera de juego en un debate que ha ido subiendo de intensidad a medida que el PP lo ha caldeado. En marzo de 2015, cuando el PP aprobó en solitario esta nueva figura penal, Ciudadanos carecía de representación en la Cámara. Cuando en la actual legislatura se votó la toma en consideración de la proposición de ley del PNV en pleno, Ciudadanos se abstuvo y facilitó la derrota del PP. Su posición era esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero durante ese debate consideró la prisión permanente revisable como “demagogia punitiva” y “una forma amable” de referirse a “la cadena perpetua”.

La presión del PP y el impacto del caso Diana Quer han obligado al partido de Rivera a mover ficha y reposicionarse, registrando una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la iniciativa de derogación del PNV. La iniciativa parlamentaria persigue endurecer aún más el Código Penal dificultando el acceso al tercer grado penitenciario de los presos condenados a prisión permanente revisable o por delitos de especial gravedad.

El Código Penal prevé el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado para presos con condenas de cientos de años o de prisión permanente que hayan cumplido 15 años de condena, que en el caso de delitos terroristas son 20. La propuesta de Ciudadanos, presentada por su vicesecretario general, José Manuel Villegas, es que ningún condenado por delitos de especial gravedad pueda acceder al tercer grado hasta cumplir de forma efectiva 20 años de condena.

Asimismo, propone endurecer los requisitos para su concesión. En el caso de los permisos ordinarios, propone que solo se concedan a partir de los 15 años de permanencia en prisión. La enmienda a la totalidad plantea también que cuando una persona haya sido condenada a más de cinco años de prisión por delitos de terrorismo, corrupción de menores o abusos sexuales, no pueda obtener el tercer grado hasta haber cumplido el 75% de la condena, no la mitad, como ocurre ahora.