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Dos artificieros heridos piden reabrir el caso por la muerte de cinco compañeros

Los militares reclaman investigar por negligencia la explosión de nueve minas durante unas prácticas

Una ambulancia entra en la Academia de Hoyo de Manzanares tras la explosión que mató a cinco artificieros en febrero de 2011. Ampliar foto
Una ambulancia entra en la Academia de Hoyo de Manzanares tras la explosión que mató a cinco artificieros en febrero de 2011. EFE

La justicia militar deberá pronunciarse sobre la reapertura del caso por la muerte de cinco militares, el 24 de febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra en Hoyo de Manzanares (Madrid), mientras realizaban un ejercicio de desactivación de explosivos preparatorio para su inminente despliegue en Líbano.

La reapertura del sumario ha sido solicitada por el teniente José Manuel Candón y el sargento primero Raul Alfonso González, ambos de Infantería de Marina, quienes resultaron heridos por la explosión de nueve minas con más de 55 kilos de TNT. Los dos militares alegan que “existen evidencias, y no solo meros indicios, de responsabilidad y negligencia clara que debió ser investigada”.

La demanda se basa en un nuevo informe pericial, realizado por un ingeniero de minas, que subraya la falta de información sobre la procedencia, caducidad y custodia de la carga que supuestamente causó la explosión accidental de las minas, así como el descontrol que supone el que los artefactos estuviesen cuatro días almacenados en una oficina, ya que la base carecía de polvorín, lo que contraviene las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

La reapertura ya ha sido denegada por el juez que archivó el caso en 2013 descartando comportamientos negligentes o imprudentes entre los mandos, con el argumento de que el nuevo informe pericial “no se refiere a hechos distintos de los ya valorados en el seno de la instrucción sino que analiza los mismos hechos llegando a conclusiones diferentes”.

Por el contrario, los militares heridos sostienen que la causa de la explosión fue el mal estado de las minas que, con casi 40 años de antigüedad, estaban caducadas y debieron haberse destruido, en vez de destinarse a un ejercicio de prácticas.

En su recurso ante el Tribunal Militar Territorial Primero reclaman que se llame a declarar al comandante responsable de la custodia del material explosivo para que informe sobre su procedencia y medidas de seguridad adoptadas, así como al propio jefe de la unidad. En su opinión, la tragedia pudo haberse evitado “si se hubiera actuado con la diligencia debida y conforme con la ley y las normas” de seguridad.