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El PP denunciará ante la fiscalía posibles delitos de sus afiliados

El nuevo reglamento mantiene la prohibición de crear corrientes internas de opinión

Fernando Martínez Maillo, coordinador nacional del PP. Ampliar foto
Fernando Martínez Maillo, coordinador nacional del PP. EFE

El PP denunciará ante la fiscalía los posibles delitos cometidos por sus afiliados que detecte a través de sus comités de derechos y garantías, según el reglamento disciplinario que ha aprobado este lunes la dirección de Mariano Rajoy. El texto, que sustituye al aprobado en 2006, recoge las novedades introducidas en los nuevos estatutos para intentar prevenir la repetición de los casos de corrupción que han afectado en los últimos años a numerosos integrantes de este partido. Así, castiga como falta muy grave "el incumplimiento del deber de denuncia"; la falta de colaboración en las investigaciones internas; o que se falseen u omitan los datos financieros, patrimoniales, penales o curriculares que tendrán que presentar todas las personas que opten a cargos públicos y orgánicos del PP

"El Comité de Derechos y Garantías competente, de oficio o a instancia del Instructor del expediente, comunicará al Ministerio Fiscal aquellas infracciones disciplinarias en las que, a su juicio, sobre los hechos del expediente, existieran indicios racionales de ser constitutivos de delito", especifica el reglamento. "En tal caso, el órgano disciplinario acordará la suspensión del procedimiento, según las circunstancias concurrentes, hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial", añade. "En el caso de que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse medidas cautelares oportunas mediante acuerdo motivado, que se comunicará al expedientado y en los términos establecidos en el artículo precedente".

Además, el nuevo reglamento mantiene como sanciones muy graves el "crear o inducir a la creación de corrientes de opinión, contrarias a los intereses del Partido, organizadas en su seno, así como participar en ellas"; o "toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del Partido".

Esas infracciones podrán ser sancionadas con la suspensión de la condición de afiliado por un periodo de entre cuatro y seis años; con la inhabilitación para desempeñar cargos del partido o en su representación; e incluso con la expulsión del PP.

La oficina anticorrupción sigue sin estar operativa

Además, se considerarán como infracciones graves "propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al Partido, sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los Grupos Institucionales o personas que los integran". Y también "realizar declaraciones y manifestaciones públicas en nombre del Partido que comprometan políticamente al mismo sin contar con la autorización expresa del Presidente del Comité Ejecutivo que corresponda en sus diferentes ámbitos".

Estas infracciones serán castigadas con hasta cuatro años de suspensión de militancia y la inhabilitación para desempeñar cargos durante un periodo de tiempo similar.

Sin embargo, el nuevo reglamento del partido apenas se refiere a la Oficina del cargo popular, creada en el Congreso de febrero de 2017 para combatir posibles casos de corrupción en la formación. Casi doce meses después, este organismo sigue sin estar operativo, puesto que carece de su propio reglamento, aunque fuentes conocedoras de la marcha de los trabajos para establecer las normas aseguran que estos están próximos a su fin.

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