El pacto con la fiscalía en el juicio de la caja b del PP de Valencia divide a las defensas

El juicio de la pieza separada del caso Gürtel de corrupción sobre la financiación ilegal del PP valenciano en la época en que estuvo presidido por Francisco Camps comenzó este lunes en la Audiencia Nacional con el trámite de cuestiones previas, que fueron rechazadas de plano por el juez, y dos bloques en el banquillo. La estrategia de Francisco Correa y de nueve empresarios de pactar con la Fiscalía y reconocer que dieron al partido 2,2 millones de euros bajo cuerda para las elecciones de 2007 y 2008 pone en aprietos a los acusados que insisten en su inocencia.

La vista oral sobre la caja b del PP valenciano se inició en el búnker de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) con el trámite de cuestiones previas. En esta fase preliminar, las partes plantean al juez causas que aconsejan la suspensión del juicio, alegaciones sobre las pruebas propuestas o posibles causas de nulidad del proceso.

Frente al juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia se sentaron juntos 20 acusados por delitos electorales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Y aunque aparentemente formaban un mismo colectivo, en el banquillo había dos bandos diferenciados, aunque no por ello enfrentados. Por un lado están los acusados que no han alcanzado un acuerdo con la fiscalía y que rebaten la tesis de que empresarios beneficiarios de contratos públicos pagaron conjuntamente 2,2 millones de euros a la mercantil Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, por actos y trabajos para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Todos ellos, capitaneados por Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, reclamaron la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en la investigación, y plantearon que los delitos electorales y de falsedad documental que se dirimen en la sala han prescrito.

Todas las peticiones fueron desestimadas de viva voz por el magistrado Vázquez Honrubia al final de la sesión. “Son extraordinariamente pertinaces y es la tercera vez que plantean estas cuestiones”, ha reprochado el juez en referencia a que los abogados hicieron las mismas protestas en las cuestiones previas de los juicios del llamado caso Fitur y en la pieza central del caso Gürtel.

En la idea de la extinción de la responsabilidad penal por el paso del tiempo, rechazada de plano por el juez, fueron especialmente insistentes los abogados de Ricardo Costa, antiguo número dos del PP valenciano, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Ambos fueron los escuderos en el partido y en el Gobierno regional del expresidente valenciano Francisco Camps y se enfrentan a penas de prisión de siete años y nueve meses y de seis años y medio respectivamente.

El segundo bloque en el banquillo de los acusados lo conforman el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y los nueve empresarios que han reconocido que pagaron a Orange Market las cantidades que debió haber abonado el partido conservador en Valencia por los gastos electorales. Correa, trasladado a la Audiencia desde prisión al igual que Crespo y El Bigotes, declinó plantear cuestiones previas pese a enfrentarse a una pena de 24 años y medio de cárcel. La semana pasada, su abogado, Juan Carlos Navarro, presentó un escrito en el que admitía como ciertos los hechos que relata la fiscal Myriam Segura en su escrito acusatorio. Con ello pretende obtener una rebaja de pena en una eventual condena. Los empresarios, que el pasado febrero confirmaron la supuesta financiación ilegal del PP de Camps, sí presentaron cuestiones previas. Todos ellos pretenden que la fiscal Myriam Segura confirme antes del trámite de conclusiones definitivas que acepta cambiar por multas –que ya han sido abonadas- las penas de entre cuatro y seis años de prisión que solicitaba inicialmente para ellos por delitos electorales y de falsedad documental. El acuerdo de reconocimiento de los hechos llevará a los acusados a renunciar a los testigos que habían propuesto para el juicio, lo que previsiblemente agilizará el juicio, en el que se han previsto 22 sesiones que terminarán el 6 de abril.

Todos los empresarios juzgados, excepto Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro financiero de la red Gürtel, han asumido como ciertos los pagos ilegales. Esto, sumado a la confesión tardía de Correa, complica la defensa los acusados que niegan las acusaciones de la fiscal Segura. El juicio, que se reanudará este martes con la declaración de los acusados, está dividido en 22 sesiones que se desarrollarán hasta el 6 de abril, aunque es previsible que las confesiones realizadas hasta ahora agilicen la vista oral.