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El pueblo con dos alcaldes

Una localidad de Cádiz vive una “esperpéntica” moción de censura de PP e IU pese a los informes contrarios del secretario municipal

Jesús A. Cañas
Toma de posesión del alcalde saliente, Antonio González, en 2015, en San José del Valle.
Toma de posesión del alcalde saliente, Antonio González, en 2015, en San José del Valle.Ayto de San José del Valle

San José del Valle, un pueblo gaditano de 4.400 habitantes, tiene desde el miércoles 27 de diciembre dos alcaldes. O, al menos, como tal se sienten legitimados el socialista Antonio González, regidor saliente, y el popular Antonio García Ortega, edil entrante. La “esperpéntica” situación -calificada así por González- se vive desde que, en la mañana del miércoles,una moción de censura arrebatase la alcaldía al PSOE, gracias a la alianza de PP e IU y pese a los informes contrarios del secretario municipal, que ha advertido, en reiteradas ocasiones, de la ilegalidad del cambio de poder. Ni un día ha tardado el conflicto en llegar a los tribunales. El socialista ha asegurado haber denunciado este jueves los hechos en los juzgados “para intentar reponer la legalidad perdida”.

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El quid de la disputa que centró el pleno se encuentra en que el PP considera como adscrito a IU a un concejal, mientras que el PSOE interpreta que no es adscrito. Los socialistas se basan en una comunicación de IU en la que informaban de la salida del partido del edil Joaquín Soto, clave de la cuestión. La diferencia se convierte en trascendental dado que, de los 11 concejales que componen el Ayuntamiento, hacían falta seis votos a favor para que prosperase la moción (cinco del PP y uno de IU). Sin embargo, la actual Ley antitransfuguismo establece que, si Soto es un edil no adscrito, la moción debería haber necesitado una mayoría reforzada con un voto más para prosperar.

El pleno del miércoles que consumó el cambio de poder comenzó a gestarse el pasado 12 de diciembre, cuando los concejales de PP e IU registraron en el Ayuntamiento la moción contra González, alcalde en minoría desde las elecciones de mayo de 2015. Cuando IU supo que Soto formaría parte de la maniobra, la dirección provincial se desmarcó y advirtió de la baja voluntaria del concejal como militante. El partido presentó un escrito en el Consistorio en el que Fernando Macías, coordinador en Cádiz, informaba de que Soto pasaba a ser concejal no adscrito y acompañaba la petición con la solicitud de baja rubricada por el edil vallense, que dice haber firmado el documento "bajo engaño".

El posicionamiento de IU debía haber frenado la moción de censura y así lo advirtió el secretario municipal de San José del Valle, José Carlos Baquero. En un informe del 18 de diciembre, el funcionario aseguraba que la Ley antitransfuguismo de 2011 obligaba a una moción de siete ediles, en lugar de seis. “La sesión plenaria no puede continuar, no procediéndose ni al debate ni a la votación por no ser posible al no reunirse todos los requisitos, por lo que se levantará la sesión”, reconocía Baquero en el documento.

Dado que los informes del secretario “son facultativos, pero no vinculantes”, como ha explicado el nuevo alcalde, correspondía este jueves a la mesa de edad en el pleno decidir si hacía caso a la advertencia de Baquero. Sin embargo, los dos ediles que la componían, ambos del PP, decidieron ignorar su documento y atenerse al informe legal, presentado por su partido, que pone en duda el proceso por el cual Soto ha pasado a ser concejal no adscrito.

En su documentación, los populares plantean que no existen "las verificaciones y acreditaciones correspondientes" de la documentación que presentó Izquierda Unida en el Consistorio, ya que fueron presentadas por una tercera persona de IU. Además, aseguran que "no consta la ratificación" del propio Soto a su renuncia. Por ello, el informe del PP cree que “no consta seguridad jurídica ni las debidas garantías del abandono del grupo municipal” del edil de IU. De hecho, el concejal dice que sus “circunstancias se dieron bajo engaño”.

El socialista ha presentado en los juzgados una denuncia como medidas cautelares contra la moción

“La firma es mía. Cuando en IU supieron de la moción vinieron aquí y me pidieron que firmase la renuncia, pero me aseguraron que era solo de régimen interno para el partido. Luego la usaron para presentarla en el Ayuntamiento”, ha añadido Soto. El edil ya envió un burofax el 18 de diciembre solicitando la readmisión: “Mientras espero la respuesta, considero que mi afiliación sigue en vigor”. Por ello, en el pleno de ayer jueves Soto se limitó a intervenir para comunicar que no ratificaba “en absoluto” los documentos presentados por IU.

Más prolífico se mostró el secretario municipal en la sesión. Hasta en cinco ocasiones advirtió de que la moción no cumplía “con todos los requisitos que marca la ley” y, por tanto, no podía “dar validez a los votos emitidos”. De poco sirvió: con seis votos a favor y ninguna abstención o voto en contra, dado que los socialistas abandonaron la sala, García tomó posesión de su cargo en un pleno “no exento de tensión”, como ha asegurado este regidor. A la salida de la reunión, ciudadanos congregados increparon a los concejales que apoyaron el cambio de Gobierno.

Desde este jueves el nuevo alcalde ya acude al mismo despacho que la misma noche del miércoles González tuvo que desalojar a la prisa y el nuevo gobierno ya ha echado a andar con la duda de si el concejal no adscrito entrará a formar parte del equipo. “Me siento una persona de izquierdas, pero ahora no tengo ni idea. No pensaba entrar en el Gobierno, aunque ahora estoy abierto”, ha reconocido Soto.

Mientras, González no reconoce la legitimidad de este nuevo Ayuntamiento: “Mi pueblo no se merece esta ilegalidad, ni que se le insulte. Por ello, estoy intentando reponer la legalidad y, tenga por seguro que acabaré este mandato siendo alcalde de San José del Valle”, declara González. Este jueves, el socialista presentó, en los juzgados de Jerez de la Frontera, la denuncia como medidas cautelares contra la moción, aunque no ha precisado a qué vías judiciales ha recurrido. Por su parte, García suponía que la disputa iba a acabar en los tribunales: “Igual nos hemos equivocado nosotros o el secretario. Tendrá que decidirlo un juez. Yo, en caso contrario, hubiese hecho lo mismo”.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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