Los CIE registran más del doble de puestas en libertad que de expulsiones

Cada persona que pasa por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) acarrea una historia difícil y llena de matices personales que la distinguen de las del resto de internos. Aun así es posible dibujar un perfil de conjunto de las casi 7.600 personas que fueron internadas en uno de estos centros en 2016, año más reciente con datos disponibles. Unos 7 de cada 10 comparten un mismo episodio en sus biografías: la llegada a España a bordo de una patera.

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La finalidad de los CIE es preventiva y cautelar: se trata de tener localizada a una persona sobre la que se tramita un expediente de expulsión a su país de origen. En la mayoría de los casos, sin embargo, acaba siendo solo un lugar en el que pasan los primeros días en España. Solo 2.205 personas albergadas en un CIE en 2016 fueron expulsadas y otras cerca de 6.000, en cambio, abandonaron el centro sin que mediase una expulsión. 7 de cada 10 de estas expulsiones fallidas, unas 4.300, corresponden a salidas en libertad antes de plazo, derivadas de la imposibilidad de documentar a la persona, según datos obtenidos por EL PAÍS mediante varias peticiones de información amparadas en la Ley de Transparencia. Los datos desagregados con todos los motivos por los que no se expulsó a los inmigrantes aparecen reflejados en el gráfico superior.

La identidad es un lastre para muchos inmigrantes. A menudo se deshacen de su documentación precisamente para conseguir quedarse en España; así, convirtiéndose en nadie, es más fácil salir a la calle antes de cumplir los 60 días que marca la ley como estancia máxima. El medio millar de inmigrantes recluidos en la prisión de Archidona, en Málaga, entre los que se encuentran siete menores, lleva casi la mitad del tiempo máximo legal permitido. De pasar otro mes y no ser identificados, serán puestos en libertad. “Debería emplearse mejor el dinero del contribuyente, porque el procedimiento queda claro a la luz de estos datos. Se trata de subsaharianos que llegan al CIE de Algeciras o su extensión de Tarifa. Como han tirado su pasaporte, por desentendimiento de los países o porque no hay convenio, se les suelta porque no hay más remedio”, reflexiona por teléfono Josep Boades, coautor del informe anual sobre los CIE que elabora el Servicio Jesuita de Migrantes.

La imposibilidad de documentarlos marca el siguiente paso para establecerse en Europa. “La llegada al CIE no es una bienvenida, desde luego. Es un acto claramente hostil para demostrar que no se les quiere. Se les interna tres o cuatro semanas en algo que se asemeja a un campo de concentración”, sentencia Boades. La Policía, competente de la gestión de los CIE, cumple con los trámites legales en el menor tiempo posible, afirman fuentes policiales. Una vez en libertad, los inmigrantes son puestos a disposición de las entidades de ayuda humanitaria que tiene acuerdos con la Administración. Allí, donde pasan algunas semanas, se les ofrece una orientación básica para moverse en la sociedad. Queda lo más difícil: buscarse la vida, y suele ser allá donde se encuentran sus redes de conocidos o grupos de compatriotas.

El 30% restante de esas 6.000 expulsiones fallidas se reparten entre traslados a otros CIE (sobre todo de los canarios), salidas en libertad por órdenes judiciales o administrativas, ingresos en la cárcel, devoluciones de personas a las que ya se expulsó, o fugas. “Lo que ocurre con esta gente cuando sale es que vive con una orden de expulsión a cuestas”, comenta Buades. En cualquier momento pueden volver a un CIE: lleva años anunciada la construcción de tres más. Y como han ido avanzando hacia la regularización, con un pasaporte, un empadronamiento, pueden ser entonces identificados. “Suele ocurrir que cuando pueden probar arraigo social y mostrar un contrato de trabajo de un año, solicitan el cambio de la orden de expulsión por una sanción pecuniaria."