Una juez militar cuestiona el informe oficial del accidente de un caza

Por vez primera la Justicia militar ha puesto en solfa la versión oficial del accidente de un avión del Ejército del Aire. La comandante Patricia Moncada, titular del juzgado togado territorial nº 12, ha dictado un auto en el que califica de “incompleto” y “contradictorio” el informe de la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) sobre el siniestro de un caza F-5 y ha citado a declarar como testigo al jefe del equipo que lo investigó.

La CITAAM, dependiente del Ministerio de Defensa, es el organismo que se encarga de determinar las causas de los accidentes militares. Sus informes, a los que se remiten los responsables del departamento cada vez que se produce un siniestro aéreo, dicen la última palabra en los procedimientos judiciales, a pesar de que sus miembros "no son nombrados por la autoridad judicial, no se les toma juramento, ni sus nombramientos son comunicados a las partes a los efectos legales oportunos", advierte la juez.

Pese a ello, a los informes de la CITAAM se les aplica, según los tribunales militares, la jurisprudencia del Supremo que indica que, “cuando el informe pericial haya sido elaborado por laboratorios o gabinetes oficiales, a los que se asigna especialmente ese cometido, por su carácter colegiado, sus altos niveles de especialización y adscritos a organismos dotados de modernos y costosos medios y técnicas de análisis, a los que haya que conceder objetividad, competencia técnica, imparcialidad e independencia, se les otorga prima facie [de entrada] eficacia probatoria, sin necesidad de contradicción procesal, a no ser que sea requerida por las partes”.

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Sin embargo, la juez que investiga el accidente que sufrió un F-5 en la base de Talavera La Real (Badajoz), el 2 de noviembre de 2012, en el que murió un comandante-instructor y resultó gravemente herido un alférez-alumno, ha cuestionado la fiabilidad del informe de la CITAAM, que ya tuvo que ser corregido por sus gruesos errores tras ser entregado al juzgado. Y ello debido a sus contradicciones internas, con las órdenes técnicas de obligado cumplimiento del Ejército del Aire y con las declaraciones que han prestado testigos y peritos “en aspectos capitales de la investigación”.

En concreto, la juez señala que la CITAAM no investigó el origen de la fatiga de material que causó la rotura de un disco de la turbina del motor izquierdo, lo que provocó el siniestro; ni tampoco si la formación que había recibido el comandante, quien no consiguió gestionar una emergencia que se prolongó durante 18 minutos, se correspondía con la que exije la normativa.

Pero no solo la investigación de la CITAAM “podría calificarse de incompleta”, según el auto judicial, sino que resulta contradictoria consigo misma y con las pruebas practicadas en el juzgado. Así, el informe oficial aseguró que el avión no realizó una prueba de maniobrabilidad porque esta debe hacerse al menos a 15.000 pies (4.572 metros) y el avión no podía ganar altura. Sin embargo, los datos contenidos en el propio informe reflejan que el avión sí podía ascender, mientras que los testigos han declarado que la prueba de maniobrabilidad puede hacerse a una altitud inferior. Si el F-5 hubiera realizado esta prueba, los tripulantes habrían comprobado que no podían aterrizar y se habrían eyectado en vez de intentar tomar tierra estrellándose.

A la vista de estos hechos, la juez ha citado como testigo al teniente coronel que dirigió el equipo de investigación.