Un jurista del PP defiende el federalismo como modelo para la reforma constitucional

El jurista Jaime Rodríguez-Arana, que ha sido convocado a instancias del PP a comparecer en la comisión de actualización del Estado autonómico, avala el federalismo como fórmula de evolución del actual Estado de las Autonomías en un informe sobre la reforma de la Constitución elaborado para la Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las Cortes Generales.

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En las consideraciones del trabajo del que ha sido ponente y ha coordinado, propone, desde la base del modelo del Estado autonómico actual, “que responde a un modelo de corte federal”, “dar paso a un Estado federal, pluralista, social y cooperativo como punto de encuentro para un reorganización territorial desde la lealtad al compromiso democrático que animó el consenso constitucional”. Un entusiasmo que nunca defendió el PP, partido por el que fue diputado en la VI legislatura.

El también catedrático de Derecho Administrativo, que fue subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públicas entre 1996 y 2000 nombrado por Mariano Rajoy, considera “acreditado históricamente” que el federalismo “es un modelo integrador” con “capacidad de asimilar democráticamente la convivencia de todos, personas y territorios en la diferencia (no en la desigualdad)”. Cualidad que lo configura como “el mejor espacio para el ejercicio de la participación y de las libertades para el mantenimiento y desarrollo del Estado social” y para canalizar los intereses comunes, “fortaleciendo simultáneamente la autonomía territorial, la unidad del Estado y la igualdad”

Durante la presentación del estudio, realizado durante seis meses en 2015, el jurista ha señalado que a Constitución requiere una reforma que “es necesaria” y “es pertinente”, unos cambios “limitados y razonados” que están “reclamados desde la misma letra y espíritu” de la Ley Fundamental. El jurista Jaime Rodríguez-Arana ha justificado así la exigencia de introducir cambios en la Constitución, que ha razonado en la presentación este viernes de un informe que ha coordinado para la Asociación de ex Diputados y exsenadores de las Cortes Generales y que fue realizado en 2015.

Rodríguez-Arana ha centrado en 10 los aspectos constitucionales susceptibles de ser reformados. El primero de ellos, la cuestión territorial, que “reclama nuevas perspectivas para encontrar nuevas soluciones a nuevos retos”. En este apartado incluye desde la reforma del Senado hasta una mejor regulación de las competencias, la definición de la autonomía de los entes locales y la ubicación institucional de los Gobiernos territoriales.

En el documento, que no ofrece fórmulas sino consideraciones generales, toma como ejemplo Alemania y quita hierro a que el Estado “reasuma funciones que en manos de las comunidades no producen el resultado deseado”, aunque tampoco valora como “extraño” que competencias que ahora tiene el Estado puedan pasar a las comunidades “en virtud de los principio de subsidiariedad, eficacia y mejor servicio objetivo a los intereses generales”. Pero todo sobre la base de que “las comunidades autónomas no han nacido para emular al Estado”.

El informe admite “el acierto constitucional en el alumbramiento del modelo autonómico”, pero advierte de que “en su desarrollo se han producido no pocos problemas y disfunciones que se han traducido en una maraña administrativa” que “ni deja ver el bosque ni se ha construido y diseñado al servicio de los ciudadanos”.

El exeurodiputado socialista Pedro Bofill, que ha aportado contenidos al informe, ha incidido en tres aspectos en la presentación realizada en el Congreso de los Diputados y en la que ha intervenido el presidente de la asociación, Fernando Sanz: el saneamiento de la vida política, el tema territorial y la financiación autonómica.

Respecto al primero y en el espíritu del informe elaborado, Bofill ha considerado conveniente que la Constitución recoja como principio rector que los programas de los partidos “están para cumplirse” porque constituyen un contrato.

En el ámbito territorial, ha estimado la necesidad de mejorar el Título VIII teniendo en cuenta aspectos fundamentales como fijar de forma cerrada cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las autonomías para poner fin a uno de los aspectos más negativos que tiene el apartado 2 del título 150. “Deja todo abierto y eso ha generado que exista confusión y sea una fuente de conflicto”, ha subrayado.

En este punto también ha incidido en la necesidad de cambiar el Senado para convertirla en una Cámara territorial de lectura única y el órgano de negociación para evitar los conflictos entre el los poderes centrales y autonómicos bajo la indisolubilidad del Estado y el principio de solidaridad.

Bofill también ha destacado la unanimidad respecto a la necesidad de fijar criterios de financiación autonómica que deben ser reconocidos en el texto constitucional, que obedezcan a la mayor capacidad de ingresos con los principios de solidaridad y ordinalidad, un mecanismo que garantiza que una autonomía pueda mantener su posición en la generación de riqueza tras la la redistribución territorial de los recursos.