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El PP hace a puerta cerrada el primer interrogatorio al Banco de España sobre cómo se financian los partidos

El portavoz popular abronca a la BBK por ampararse en el secreto bancario ante la comisión del Senado que investiga las cuentas de formaciones políticas

Luis Linde, gobernador del Banco de España, esta mañana
Luis Linde, gobernador del Banco de España, esta mañana

La comisión de investigación impulsada por el PP en solitario en el Senado sobre la financiación de los partidos ha decidido esta mañana que la esperada comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis Linde, fuera a puerta cerrada. Una decisión, propuesta y aprobada por el PP, único partido presente en este organismo -junto a un senador de UPN por el Grupo Mixto-, que es sorprendente tratándose de un foro donde se intenta arrojar luz y transparencia sobre este asunto. La presidenta, Rosa Vindel, ha planteado la cuestión minutos antes de la cita y se ha aprobado por unanimidad. El senador de UPN se ha abstenido. Vindel lo ha justificado en las normas que obligan a una comisión de investigación a guardar reserva sobre datos bancarios.

Aunque esta comisión ha perdido consistencia al ser desertada por la oposición, que la considera una "farsa" y un simple intento de contraprogramar la que investiga en el Congreso las cuentas del PP, la comparecencia de Linde constituía un hecho sin precedentes: nunca antes el gobernador del Banco de España había sido llamado a una Cámara parlamentaria a explicar cómo se financian los partidos. Es más, hasta 2015, cuando una ley le obligó a ello, la institución se amparaba en la confidencialidad bancaria para no aportar informes al respecto al Tribunal de Cuentas. Prueba del interés que despertaba la sesión es que senadores socialistas, que no acuden a las sesiones de la comisión, sí se han presentado esta vez a escuchar al compareciente. Según el PP, cerrar la puerta se sustenta en la ley 10/2014 de reestructuración bancaria que acabó con el secreto de los datos bancarios en las comisiones de investigación, en su artículo 82, pero obligó a sus miembros al deber de reserva sobre esa información.

La situación también es confusa porque antes de la comparecencia han aparecido informaciones que atribuían al propio Luis Linde la petición de que su visita fuera a puerta cerrada, citando como fuente a la propia presidenta de la comisión, Rosa Vindel. Es un detalle que ha causado extrañeza en el Banco de España, que tampoco habría esgrimido esa ley que obliga a la reserva en la información. El propio Linde, que no ha hecho declaraciones, sí ha respondido al salir: "Yo no lo he pedido". Finalmente, la presidenta de la comisión ha aclarado que fue cosa suya.

En todo caso, el interrogatorio de la máxima autoridad del Banco de España se ha reducido a veinte minutos, porque no podía aportar datos sobre la mayoría de las preguntas. El portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, ha contado que Linde ha señalado la importancia de la ley orgánica 5/2015, que ordenó al Banco de España colaborar con el Tribunal de Cuentas, para aumentar la transparencia de las operaciones de los partidos. Los populares han solicitado información sobre operaciones del PSOE y del PSE que han centrado algunas preguntas en este organismo. Se refiere a presuntas condonaciones de deuda que los socialistas consideran meras renegociaciones de créditos. No obstante, el gobernador aún no disponía de esta información, porque la petición oficial le habría llegado el 7 de noviembre. "Se ha comprometido a enviarnos documentación y sugerencias sobre cómo mejorar la ley de 2015", ha explicado Aznar.

La última comparecencia de la jornada redondeó la sensación de desconcierto. Habían sido llamados los consejeros delegados de cuatro grandes bancos -BBVA, Santander, Caixa y BBK- pero todos alegaron problemas de agenda salvo el último, Javier García Lurueña. Sin embargo su testimonio fue muy breve: preguntado por operaciones del PSE, se limitó a aducir que no puede revelar datos concretos de sus clientes porque la ley le obliga a preservar el secreto bancario, con la amenaza de consecuencias administrativas y penales. Aznar se lo tomó muy mal: "Ha dado usted una respuesta fácil, facilona". Le echó una buena bronca y hasta le advirtió que "es cuestión de tiempo que ustedes tengan que dar esa información". "Me hubiera gustado decir que su banco busca la transparencia, pero no lo puedo decir", concluyó.

Otra de las comparecencias fue la del exgerente del PSOE, entre 2004 y 2014, Xoan Cornide, que tuvo que lidiar con una dura acusación del PP: que los bancos perdonaron a los socialistas en 2005 una deuda de 36 millones. Según insinuó Aznar, porque en ese momento el PSOE gobernaba España, Cataluña y el País Vasco, y las operaciones se refieren a deudas de la formación, PSC y PSE. Para los populares fue una condonación de deuda sin explicación, pero para Cornide, simplemente, "una renegociación de deuda como un castillo".

El desacuerdo no fue solo semántico, sino bastante más importante, numérico. Para el PP, que cita documentos del Tribunal de Cuentas, la deuda era de 40 millones y el PSOE acabó pagando 6,4. Se dividiría de la siguiente manera: un crédito de 7,1 millones de La Caixa al PSC, otro de 21 millones al PSE de la BBK y un tercero de 12 millones al PSOE del Santander. "No nos inventanmos nada, lo dice el Tribunal de Cuentas", insistió Aznar.

La diferencia con las cuentas que hacen en el PSOE es abisal. Cornide, que sí admite que cuando llegó al cargo heredó "un horroroso marrón contable", deja al margen la parte del PSC, que no era de su competencia. En cuanto al resto sostiene que solo debían 6,5 millones (2,5 del crédito inicial y el resto de intereses “espectacularmente altos”). Al final afirma que dejaron de pagar solo 700.000 euros, de la parte de los intereses. Aseguró que las cifras que maneja el PP no son ciertas, que los bancos tienen los datos concretos y podrán aclarar quién decía la verdad. Pero al final el único banco que fue prefirió no decir nada.

El caos de esta comisión llegó al absurdo con la primera comparecencia del día, la del abogado José Mariano Benítez de Lugo, presidente honorario de ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa). Es conocido por haber llevado la acusación popular en el caso Gürtel y lograr que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fuera a declarar al juicio. Esta pareció ser la única razón de su presencia, con un interrogatorio que el PP dirigió más bien a exponer su tesis de que es pagado por el PSOE y sus motivaciones como letrado son políticas. Por una afirmación similar Benítez de Lugo se ha querellado contra el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando. Lo cierto es que en una hora no hubo una sola pregunta relacionada con el motivo de la comisión, la financiación de partidos políticos, y todas se centraron en la actividad e ingresos del abogado.