El Estado frena al secesionismo

El independentismo catalán decidió este viernes finalmente dejar de asomarse al abismo y arrojarse directamente a él, en busca de un enfrentamiento descarnado con el Estado. El bloque secesionista aprobó, después de otro pleno en el que las peticiones de la oposición para intentar frenar una votación ilegal fueron ignoradas, la puesta en marcha de un proceso constituyente, y proclamó “la república catalana, como Estado independiente y soberano”. Minutos después, el Senado autorizaba al Gobierno—con la mayoría aportada por el PP, el PSOE y Ciudadanos—a aplicar las medidas del artículo 155. Mariano Rajoy reunió un Consejo de Ministros extraordinario para tomar el control de la Generalitat, disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.

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Si quedaba alguna esperanza de lograr a última hora una solución a la crisis, se desvaneció este viernes a mediodía cuando se conoció la resolución que Junts pel Sí y la CUP habían redactado para llevar al pleno del Parlament. Esta vez ya sin subterfugios legales o semánticos, el texto expresaba negro sobre blanco la voluntad de llevar adelante una República catalana independiente y soberana; y detallaba los pasos necesarios para impulsar el proceso constituyente que diseñó y anticipó la Ley de Transitoriedad Jurídica suspendida por el Tribunal Constitucional. Nada más conocer el contenido de esa resolución tajante del bloque independentista, el PSOE desistió de su intento de enmendar en el Senado, proponiendo su suspensión en caso de elecciones, la aplicación del artículo 155.

La oposición en Cataluña se preparó para dar un combate estéril en una nueva jornada parlamentaria con las cartas marcadas y el resultado escrito de antemano.

La aparente doble legalidad que los secesionistas habían intentado llevar adelante en los últimos meses se convirtió este viernes en una doble realidad. Mientras Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a los que apenas les quedaban unas horas como presidente y vicepresidente de la Generalitat, celebraban con júbilo en las escalinatas del Parlament la proclamación de la independencia —tras la votación en el pleno—, rodeados de los principales protagonistas del desafío independentista, y cantaban una vez más a coro Els Segadors, el Senado aprobaba en Madrid la autorización al Gobierno para que aplicara las medidas necesarias para intervenir la Generalitat, bajo el paraguas del artículo 155. Lo hacía con la amplia mayoría aportada por el PP, el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.

No hubo aplausos al final del pleno del Senado. Los parlamentarios del PP, que durante la intervención inicial del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habían mostrado un entusiasmo que no se correspondía con la gravedad del momento, acabaron contagiados del vértigo que se había apoderado de toda la Cámara alta. Esta vez iba en serio, y la respuesta del Estado a la insurrección catalana se puso en marcha a una velocidad y un ritmo claramente superior al del duelo legal sostenido entre Madrid y Barcelona en los últimos meses. El Boletín Oficial del Estado tardó apenas tres horas en publicar el acuerdo del Senado, y el Consejo de Ministros fue convocado en sesión extraordinaria a media tarde para cerrar de inmediato el paréntesis de desafío abierto por el Parlament con su resolución de independencia.

El Gobierno de Rajoy, tal y como había anunciado cuando finalmente emprendió el camino del 155, ordenó el cese inmediato de Puigdemont, Junqueras y el resto del Govern; aprobó las decisiones necesarias para tomar el control efectivo de la Generalitat y la Administración catalana; y anunció, en un movimiento inesperado, la decisión de disolver de inmediato el Parlament y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre. Era el modo más eficaz y rápido, explicó más tarde el presidente, para restaurar la legalidad y la normalidad institucional en esa comunidad. Consciente de que esta vez ya no era posible un error, Rajoy preparó también una respuesta jurídica al texto aprobado por los diputados independentistas catalanes. El Ejecutivo aprobó por ello también la presentación inmediata de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional con el propósito de suspender, y en último término anular, la declaración de independencia.

Sin apoyo internacional

Miles de personas con banderas esteladas se iban concentrando a lo largo de la tarde en la Plaza de Sant Jaume, ante la sede de la Generalitat, para celebrar la proclamación de la república catalana. Su júbilo, sin embargo, no sorprendió esta vez a nadie, ni fue correspondido por las instituciones y Estados de la comunidad internacional a los que el independentismo había reclamado atención y apoyo en los últimos meses. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fue el primero en dejar claro que nada había cambiado desde la óptica de las instituciones comunitarias, y que su único interlocutor válido era España. La misma contundencia mostraron en cascada los Gobiernos de Alemania, Francia y EE UU.

No fallaron a Mariano Rajoy ni los respaldos internacionales ni sus dos aliados imprescindibles para llevar adelante en los próximos meses la respuesta del Estado a la crisis: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, condenaron con rotundidad la insurrección perpetrada en el Parlament y el compromiso del Gobierno de frenarla. “La unión entre compatriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España”, dijo Sánchez poco después de conocerse la decisión del Senado.

Durante todo este tiempo, Rajoy ha establecido como prioridad indispensable ir de la mano de los socialistas en cada paso adoptado, y hasta el momento, a pesar de que surgiera alguna sombra de fractura ante determinadas decisiones —especialmente, a la hora de intentar dar una última salida a Puigdemont a través de la convocatoria de elecciones autonómicas—, la alianza de los dos principales partidos españoles se ha mantenido firme. Junto a ellos también se ha mantenido sin fisuras Ciudadanos. Rajoy quiso anoche expresar su agradecimiento por ese apoyo a Sánchez y a Rivera.

El primer desafío vendrá directamente de la calle. Los responsables del intento de secesión trasladaron la antorcha de su ofensiva a los ciudadanos partidarios del independentismo en Cataluña, conscientes de que ellos iban a perder de inmediato el poder —por aplicación del 155— y la amplificación de sus propósitos que hasta ahora les ha otorgado estar al frente de las instituciones y dirigir desde ellas su ataque al Estado. Las asociaciones independentistas, en especial la ANC, recogieron el guante de inmediato e hicieron los primeros llamamientos a la movilización. El mismo sindicato minoritario que había intentado en días previos poner en marcha una larga huelga general convocó de nuevo a un “paro de país” que no contó con el respaldo de las principales centrales.

Rajoy se esforzó en su comparecencia, a última hora de la tarde, a la vez que anunciaba todas las medidas que se disponía a poner en marcha, en transmitir un mensaje de tranquilidad y de firmeza. “El Estado tiene medios suficientes”, dijo, “para recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas”.

El Gobierno se ha adentrado en territorio ignoto al activar, por primera vez en democracia, el mecanismo de coerción constitucional del 155. Ante la incertidumbre que se abre, Rajoy decidió finalmente acelerar al máximo la vuelta a la normalidad con la fórmula que todos los actores políticos, económicos y sociales que respaldan al Estado reclaman: convocar a los catalanes a las urnas, bajo la ley, con garantías, neutralidad y sin urnas clandestinas