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El Congreso aprueba limitar el veto del Gobierno a las iniciativas de la oposición

El PP considera la reforma del reglamento “un atentado contra la separación de poderes”

Los diputados Pablo Iglesias (Unidos Podemos) y Aitor Esteban (PNV) en el pleno del Congreso de los Diputados. Ampliar foto
Los diputados Pablo Iglesias (Unidos Podemos) y Aitor Esteban (PNV) en el pleno del Congreso de los Diputados. EL PAÍS

El pleno del Congreso ha aprobado este martes, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una propuesta de reforma del reglamento para limitar la capacidad de veto del Gobierno a las iniciativas legislativas de la oposición, un conflicto entre instituciones que ha llegado al Tribunal Constitucional. En el año de legislatura el Gobierno ha neutralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate bajo el argumento de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, una prerrogativa que la Constitución concede al Gobierno.

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha considerado justificados los vetos que ha planteado durante esta legislatura aduciendo que hubieran incrementado el déficit en 30.000 millones, un 3% del PIB. El otro procedimiento con el que el Gobierno ha frenado las propuestas de la oposición han sido continuas ampliaciones de los plazos de enmiendas. Solo en este apartado, hay atascadas unas 30 iniciativas.

Para acabar con esta situación, la iniciativa de Podemos propone modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley. La actual redacción, a criterio del partido de Pablo Iglesias, genera “absoluta inseguridad jurídica” al establecer que el Gobierno podrá manifestar en cualquier momento de la tramitación su disconformidad con las iniciativas de la oposición.

La propuesta de reforma establece la obligación de motivar de forma exhaustiva y clara por parte del Gobierno las razones de su oposición a la tramitación y de presentar información adicional sobre esos motivos.

En la explicación de la iniciativa, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, justificó esta reforma para evitar el uso abusivo del veto presupuestario por parte del Gobierno que impide al Congreso llevar a cabo su cometido de “hacer leyes”. En un año de legislatura se han aprobado cinco leyes y solo una de ellas es del PP, comparó Montero, quien criticó que la ley mordaza lleva 17 ampliaciones del plazo de enmienda. Asimismo, acusó al Gobierno de abusar de la fórmula del real decreto, con 21 aprobados, “un mecanismo que debería ser extraordinario y que han convertido en ordinario”. “Dejen al Parlamento trabajar”, pidió.

A la iniciativa se han unido el PSOE, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís y el PDeCAT. Por parte de los socialistas, el diputado Ciprià Ciscar, ha destacado la circunstancia de que en más de 35 años de vigencia no ha sido hasta esta legislatura cuando se han puesto en duda la prerrogativa. En ese sentido, la ha considerado una “iniciativa oportuna” porque en 46 ocasiones el Gobierno ha ejercido el veto en una “desproporcionada utilización por parte del Gobierno”.

El portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ofreció su apoyo ante lo que calificó de “absoluto bloqueo a la legislatura por parte del PP”, aunque se temió que con la propuesta de Unidos Podemos ocurra lo mismo. Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, exhibió un cartel con el número 35, en alusión a las veces que se ha ampliado la reforma del Estatut de la Comunidad Valenciana.

El PP consideró la reforma, que ahora ha sido tomada en consideración por el Congreso, “un atentado contra la separación de poderes”. Su portavoz, Isabel Borrego, advirtió de que de no haber sido vetadas, las iniciativas que querían aprobar los grupos de la oposición habrían costado 80.000 millones de euros. Mientras, Ciudadanos, pese a juzgar “importante” la iniciativa, criticó su “impertinencia”, por estar a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el levantamiento de la prerrogativa.

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