Ibarretxe nunca llegó tan lejos como Mas y Puigdemont en el desafío al Estado

La situación a la que han llevado a Cataluña Artur Mas desde 2012 y, tras su cese en 2016, Carles Puigdemont, recuerda a la que vivió Euskadi, entre 2004 y 2009, con el lehendakari Juan José Ibarretxe. Apostaron por planes soberanistas. Mas e Ibarretxe adelantaron elecciones tras fracasar ante los tribunales, perdieron apoyos y finalmente fueron devorados por el proceso. La diferencia radica en que Ibarretxe no llegó tan lejos como Mas y Puigdemont en su desafío al Estado. Ibarretxe siguió los procedimientos legales. Fueron los contenidos de sus planes los que desbordaron la legalidad y, además, su caída arrastró la de su proyecto soberanista. Su partido, el PNV, perdió el Gobierno vasco, se adaptó a la legalidad y le sacrificó. Puigdemont, tras ser vetado Mas por la CUP, ha llevado su planes soberanistas más allá del límite al saltarse hasta los procedimientos legales. Ambos procesos han provocado una fractura social que les ha pasado factura.

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Ibarretxe planteó su plan soberanista, con la pretensión ilusoria de acabar con el terrrorismo de ETA asumiendo el derecho a la autodeterminación. Lo aprobó en diciembre de 2004 en el Parlamento vasco por 39 votos del bloque nacionalista -incluidos tres de Batasuna- frente a 35 del PSE y PP. A diferencia de lo que harían Mas y Puigdemont una década después, Ibarretxe acudió al Congreso el 1 febrero de 2005 para ratificarlo, siguiendo los procedimientos de la reforma estatutaria. La mayoría del PSOE y PP lo derrotó por 313 votos frente a 29 del bloque nacionalista.

La respuesta de Ibarretxe fue convocar elecciones. Mas hizo lo mismo, en septiembre de 2012, cuando el presidente Rajoy rechazó su propuesta de pacto fiscal, presentada dos semanas después de la celebración de una multitudinaria Diada, expresión del malestar catalán por los recortes económicos, suscitados por la recesión, y estatutarios, tras atender el Tribunal Constitucional el recurso del PP contra el Estatuto refrendado..

Ibarretxe, que confiaba en ampliar su apoyo, ganó las elecciones en abril de 2005, pero perdió cuatro escaños. Batasuna, entonces ilegalizada, se presentó como el Partido Comunista de las Tierras Vascas y subió dos. Mas, que confiaba en capitalizar la multitudinaria Diada con una ampliación de su apoyo, retrocedió como Ibarretxe. Perdió 12 escaños mientras subía ERC. Despreciaron el aviso de que la radicalización independentista les perjudicaba.

Ibarretxe, que aún disponía de mayoría nacionalista en el Parlamento vasco, con Batasuna, continuó en su huida hacia adelante y aprobó una Ley de consultas, que reconocía el "derecho a decidir", en junio de 2008. Recurrida por el Gobierno de Zapatero, el Tribunal Constitucional la declaró ilegal en septiembre. Ibarretxe acató la sentencia. Volvió a convocar elecciones para marzo de 2009 y las ganó. Pero perdió el Gobierno porque el PSE y PP al sumar mayoría le desalojaron por considerar prioritario liquidar su plan soberanista.

Mas, como Ibarretxe, apostó por la huida hacia adelante y en enero de 2013 el Parlamento catalán aprobó una declaración de soberanía. En septiembre de 2014 aprobó una Ley de Consultas y, pese a su anulación por el Tribunal Constitucional, el 9 de noviembre celebró una consulta no vinculante. Siguiendo adelante con su plan celebró nuevas elecciones en septiembre de 2015. Su partido, asociado a una ERC en alza, necesitó de la CUP para gobernar, que impuso la caída de Mas al vincularlo con los recortes económicos y la corrupción.

Puigdemont, su sucesor, ha llevado el plan soberanista al extremo desbordando no sólo los contenidos sino los procedimientos legales. La supresión del régimen autonómico, su sustitución por una Ley de Transitoriedad a la independencia y la ratificación en un referéndum, saltándose todos los procedimientos legales, es algo que nunca osó Ibarretxe.

Una clave de la caída de Ibarretxe y su plan, a diferencia de la resistencia del proceso catalán, fue su contaminación por la violencia al ser apoyado por Batasuna, lo que arreció la hostilidad de los partidos constitucionalistas, medios de comunicación, una mayoría de la intelectualidad vasca y la cúpula empresarial. Su partido, el PNV, discrepó de su gestión de la Ley de consultas, de la fractura social que generó y cuando perdió las elecciones, lo apartó y abandonó el soberanismo unilateral.

La movilización pacífica del independentismo catalán y las torpezas del Gobierno han contribuido a su resistencia. Pero despreciar la legalidad y fracturar la sociedad tienen un límite. A diferencia del PNV, que reaccionó a tiempo, a Mas y Puigdemont el destrozo de su partido, la antigua CiU, no les sirvió de aviso. Ahora se encuentran con una seria movilización social en contra, como acreditó la multitudinaria manifestación del domingo, que les ha alarmado. Lo mismo que el serio aviso de la cúpula empresarial y de la Unión Europea. En consecuencia, el independentismo se agrieta.

En Euskadi, el desafío soberanista se zanjó con unas elecciones en las que fue desalojado su impulsor, Ibarretxe. En Cataluña es posible que acabe igual. Pero Puigdemont, o alguien de su bloque, tiene aún la oportunidad de intentar el giro a la legalidad y a la convivencia.