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La fiscalía acusa a Matas de contratar a Calatrava por un interés “personal y electoralista”

El expresidente balear se enfrenta a un año de cárcel por tráfico de influencias

El expresidente del Govern balear Jaume Matas, a su llegada a la Audiencia de Palma.
El expresidente del Govern balear Jaume Matas, a su llegada a la Audiencia de Palma. EFE

Visto para sentencia el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Palma contra el expresidente balear Jaume Matas por delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para la ejecución del anteproyecto del palacio de la ópera. La fiscal anticorrupción de Baleares, Laura Pellón, ha argumentado durante a fase de informes que la contratación del diseñador valenciano por 1,2 millones de euros “carecía de interés público” y tan solo respondía a un interés “personal y electoralista”.

La contratación del arquitecto se formalizó pocos días antes del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 y apenas cuatro días después estaba prevista la presentación al público del anteproyecto de remodelación de la bahía de Palma y del palacio de la ópera. Un acto por el que se desembolsaron 134.000 euros y que fue suspendido por la junta electoral tras una denuncia del PSOE. El Ejecutivo Autonómico acabó pagando más de un millón de euros por un vídeo, una presentación y dos maquetas -una de ellas nunca ha aparecido- diseñadas por Calatrava.

“¿Qué es esto que hemos adquirido? La finalidad del señor Matas de exposición pública. No hay un proyecto base, ni una idea, ni un plano. No hay nada, es la manifestación de una intención que carece de soporte legal y de estudio de viabilidad” ha subrayado la fiscal, que ha recalcado que todo se cerró mediante una negociación verbal que provocó “un castillo de naipes administrativo” para dar forma a una decisión “arbitraria e injusta”.

Una vez tomada la decisión de contar con el arquitecto, la fiscal sostiene que Matas utilizó toda la estructura jerárquica de la administración y mediante órdenes “espurias” a sus subordinados logró que “se vistiera” el expediente. “Todo es un absoluto despropósito, se trató de dar forma a una decisión previamente adoptada” ha zanjado. La fiscalía ha pedido una condena a un año de prisión, rebajando la solicitud en tres meses al aplicarle el Código Penal vigente en el momento de los hechos, y ha solicitado que devuelva en concepto de responsabilidad civil el total del montante pagado a Calatrava.

La representante de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, Mari Ángeles Berrocal -que se ha adherido a las peticiones de la fiscalía- ha recordado que un plazo en cinco días se firmó el contrato con Calatrava y se entregaron los bocetos y las maquetas. “El perjuicio a la Comunidad queda claro porque no tiene ninguna utilidad lo que tenemos entre las manos” ha dicho en referencia al anteproyecto del arquitecto, recordando que sigue siendo el diseñador valenciano el titular de sus derechos por lo que ningún otro profesional podría desarrollar la obra en caso de que se quisiera realizar en un futuro.

Sin intervención

El abogado José Zaforteza, que defiende al expresidente, ha insistido en que la idea de remodelar la bahía surge en 2005 casi dos años antes de las elecciones y es Matas como presidente quien tiene la competencia para decidir si se puede llevar a cabo “una actuación política determinada”. “Cuando tiene la idea va a buscar a la persona que entiende que es la idónea para desarrollar la idea, no es que Matas contrate a Calatrava para obtener rédito político, sino que tiene una idea y después contrata a la persona adecuada para desarrollarla” ha manifestado.

Y es que el letrado ha reiterado uno de los argumentos principales de su defensa: que Matas no tuvo ninguna intervención en el desarrollo del expediente administrativo más allá de la decisión meramente política de llevar a cabo la contratación del arquitecto valenciano. “No tuvo absolutamente nada que ver” ha dicho el abogado, que ha pedido la libre absolución de su cliente. El expresidente no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra antes de que el tribunal declarara el juicio visto para sentencia.

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