La reforma constitucional de los adelantados del PP
Margallo y los presidentes del Senado y el Consejo de Estado elaboraron una propuesta para cambiar la Carta Magna
“Tengo una reforma constitucional en el cajón, para sacarla cuando sea oportuno”, declaró en noviembre de 2015 a EL PAÍS el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Al parecer, el momento oportuno es ahora: en vísperas del referéndum del 1-O. O mejor dicho: en vísperas del 2 de octubre, cuando habrá que sentarse a evaluar los destrozos y buscar una terapia de salida.
El exministro ha sacado la reforma constitucional del cajón y la ha publicado, como anexo, en su último libro: Por una convivencia democrática (Deusto). No explica, sin embargo, cómo se gestó una reforma que afecta a más de un centenar de artículos ni quiénes fueron sus autores.
Según ha podido saber EL PAÍS, el documento fue fruto de una serie de reuniones, a lo largo del año 2012, por parte de un grupo heterogéneo de políticos y juristas de la confianza de Margallo, que coincidían en la necesidad de abordar una reforma a fondo de la Ley Fundamental para ponerla al día y afrontar retos ya entonces inaplazables, como el independentismo catalán. Para garantizar la discreción, las reuniones se celebraban en el domicilio de un diputado del PP.
Aunque fueron muchos los que colaboraron —se recabó la opinión de expertos sobre asuntos concretos—, entre los asistentes a aquellas reuniones figuraban dos figuras del máximo nivel institucional: el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, además del propio Margallo.
Fuentes próximas a García-Escudero reconocen que este “compartió aquellas reuniones”, aunque aseguran que su participación se limitó a la parte de la reforma referida al Senado y que no sabe si el documento publicado responde a lo que allí se concluyó. Romay, por su parte, no ha querido pronunciarse sobre su papel en los debates ni si comparte la propuesta publicada.
Aunque Margallo sostiene que la reforma no puede estar condicionada por el órdago catalán, admite que uno sus objetivos es crear un marco constitucional en el que “Cataluña pudiera sentirse más cómoda”. Una fórmula que propone es una disposición adicional que dejara constancia de que “la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de Cataluña”, con especial referencia a la dimensión “lingüística y cultural”; una fórmula similar a la empleada con “los derechos históricos de los territorios forales”, en alusión a Euskadi y Navarra.
Un Senado 100% autonómico
El Senado que diseña la reforma constitucional de Margallo es muy diferente al actual. Los senadores no serían elegidos por sufragio universal (ahora lo son casi el 80%) sino designados todos ellos por los Parlamentos autonómicos (ahora en torno al 20%). En coherencia, la Cámara alta no se disolvería cuando lo hiciera el Congreso de los Diputados, sino que los senadores serían sustituidos a medida que se renueven las asambleas que los designaron. Cada autonomía tendría un mínimo de cinco senadores, más uno por provincia y otro por millón de habitantes. En total, habría 175 senadores frente a los 266 actuales. Los proyectos de ley podrán iniciar su tramitación tanto en el Congreso como en el Senado y, en caso de discrepancia, una comisión mixta pactaría un texto de conciliación aunque, de no lograrlo, decidirá finalmente el Congreso por mayoría absoluta.
Aunque la propuesta es muy anterior al bloqueo político que vivió España en 2016, se anticipó al mismo señalando que el Congreso se disolverá a los tres meses de constituirse (y no a los dos meses de la primera votación de investidura, como ahora) si no ha logrado investir a un presidente. En caso de repetirse las elecciones, si pasado un mes desde la constitución del Congreso nadie ha obtenido la investidura, se celebrará una sesión a la que podrán presentarse varios candidatos y resultará elegido el que tenga más votos.
No obstante, la verdadera revolución se produce en el Título VIII, sobre el Estado de las Autonomías, donde propone fijar un listado de competencias exclusivas y compartidas, de coordinación y alta inspección, para evitar los frecuentes recursos al Constitucional; así como introducir los principios de lealtad y cooperación entre las administraciones. También incluye una enumeración de los nombres de las comunidades autónomas y recupera el recurso previo de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía, para evitar lo que sucedió con el catalán de 2006. Respecto al sistema de financiación autonómica, propone un reparto de los impuestos: el IRPF general, sociedades, IVA e hidrocarburos corresponderían al Estado; el resto, a las comunidades autónomas.
El sistema se basa en los principios de autonomía financiera y solidaridad, corresponsabilidad fiscal y subsidiariedad. No incorpora la ordinalidad (que garantizaría que una autonomía no pierda puestos en la clasificación por renta tras aplicarse la solidaridad) por considerarlo innecesario.
La propuesta incluye una cláusula europea, que constitucionaliza la pertenencia de España a la UE; la eliminación de la preferencia del varón en la sucesión de la Corona; la actualización del catálogo de derechos fundamentales, incluyendo el matrimonio de personas del mismo sexo y la prohibición de la trata de seres humanos o de la discriminación salarial de la mujer, además de una batería de derechos sociales.
Cuando estuvo lista, Margallo entregó la propuesta a Rajoy, quien le respondió que no era el momento oportuno para abrir ese debate. Y el exministro la guardó en un cajón. Hasta hoy.
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