El Gobierno acusa a Puigdemont de querer construir una autocracia y tilda de “aberrante” la Ley de ruptura

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha calificado de "aberrante" la Ley de ruptura registrada que los independentistas catalanes registraron el lunes en el Parlament y ha recordado a los soberanistas que quien firme el texto para que se tramite se arriesga a ser inhabilitado. "Que en España, con una democracia consolidada, alguien pretenda constituir una autocracia en la que el presidente de la Generalitat mande sobre todo el Parlamento, sobre los jueces, dinamitando la división de poderes, es un producto aberrante", ha opinado Sáenz de Santamaría en el Congreso de los diputados. "Han perdido todo tipo de vergüenza democrática".

El Gobierno mantiene activada a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que preside la propia Sáenz de Santamaría, ante los distintos pasos jurídicos que haya que dar en los próximos días para responder al desafío soberanista catalán. De hecho, ese organismo se reunió este mismo martes para analizar el registro de la Ley de ruptura, que se une al de la Ley del referéndum (ninguna de las dos ha sido tramitada aún). El Ejecutivo sostiene que ninguna de las alternativas de las que disponen los independentistas para aprobar esas iniciativas les cogerá por sorpresa. Los recursos de inconstitucionalidad, sostienen en La Moncloa, están listos, independientemente de que la Generalitat opte por tramitar los textos legales a través de un decreto ley o en un solo día en el Parlament.

"Llevamos preparados para recurrir esas leyes desde el 31 de julio, cuando registraron una de ellas", ha recordado Sáenz de Santamaría. "El problema no es la actuación del Gobierno", ha subrayado. "El problema es quién le pone la firma a esas dos leyes contrarias a la Constitución y a las más elementales reglas democráticas. Aquí hay responsables políticos que fueron inhabilitados en su día [Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega] y quienes han admitido a trámite algunas iniciativas anticonstitucionales tienen un procedimiento abierto en los tribunales [Carme Forcadell]".

El objetivo del Gobierno es reaccionar rápidamente a cualquier iniciativa legal de la Generalitat para evitar que en Cataluña puedan convivir "ni por un segundo" dos legalidades paralelas, la vigente y la que proponen los independentistas. A un mes del 1 de octubre, fecha fijada para el referéndum ilegal, todo queda fiado por ahora a los recursos ante el Tribunal Constitucional. "La consulta no se va a celebrar", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno. "A un mes vista, no hay legalidad, no hay logística y no hay firma. No hay la más mínima vergüenza democrática".