Cuando la legalidad urbanística acaba en manos de un vecino

El ayuntamiento de Boborás (Ourense), que apenas supera los 2.000 vecinos, acumula el mayor número de las inspecciones por supuestas irregularidades urbanísticas realizadas por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta. Desde su creación en 2007, la APLU ha abierto 33 expedientes en este municipio. Buena parte de ellos están relacionados con actuaciones particulares del histórico alcalde del PP, Cipriano José Caamaño y han sido impulsadas por un mismo vecino. “En ninguno de los ayuntamientos de Galicia se da esta situación”, protestó en una reciente comparecencia parlamentaria el director de la APLU, José Antonio Cerdeira, afeando la insistencia del particular que, precisó, realiza “hasta 20 llamadas en una misma mañana”. Cerdeira está estrechamente vinculado a Boborás: desde 2003 y hasta su nombramiento en febrero de 2015 como director de la agencia urbanística, ejerció como secretario municipal de Caamaño.

Como buena parte de los ayuntamientos de la Galicia interior, Boborás sufre la sangría de la despoblación. Los 2.443 habitantes que, según datos del INE, tenía a fecha de 1 de enero de 2016 son casi la mitad de los 4.000 empadronados que había en 1991, cuando Caamaño, médico de profesión, accedió por primera vez a la alcaldía.

Sus apacibles mandatos, fruto de las encadenadas mayorías absolutas, comenzaron a tornarse en un vía crucis para el regidor a partir de 2009. Las denuncias del particular, a las que se sumaron grupos de la oposición y en algún caso el Ministerio Público, acabaron con Caamaño imputado en 2015 por dos delitos urbanísticos: uno de desobediencia por no ejecutar una orden de demolición, emitida por el propio Ayuntamiento que él presidía, de una vivienda levantada sin autorización en un núcleo declarado Bien de Interés Cultural y otro contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias derivado de la construcción de su propia vivienda.

En el primer caso, el juzgado de instrucción acabó archivando la denuncia por desobediencia presentada por la fiscalía. Desde el juzgado se había emplazado en varias ocasiones al alcalde para que cumpliera la orden de demolición de las obras en el espacio monumental protegido pero el Ayuntamiento no la ejecutó hasta unos días antes de que Caamaño acudiese a declarar. El alcalde aseguró que estaba esperando un informe de Patrimonio.

La segunda imputación estaba relacionada con la supuesta manipulación del planeamiento urbanístico: la certificación de una vivienda tradicional que nunca había existido y que permitía al alcalde legalizar otra de su propiedad en el mismo entorno. La denuncia del particular precisaba que el regidor se había “inventado” la vivienda antigua para poder justificar la ampliación del núcleo rural de A Almuzara e incluir ahí la parcela en la que levantó su edificación.

En 2014, El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sentenció que la construcción era ilegal dada la “inexistencia manifiesta de la construcción primitiva” y anuló el planeamiento en ese núcleo. En 2016, el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia.

María del Carmen Cives, esposa de Caamaño y exconcejala de su grupo, lo desvinculó de la ilegalidad. En su declaración judicial en calidad de testigo se responsabilizó a sí misma de haber encargado todo lo vinculado con la construcción. Aseguró que no había pedido licencia porque “no lo pensó” y puntualizó que su marido no sabía nada. “Se enteró con la casa prácticamente acabada”, zanjó.

Caamaño capeó el temporal, arrastró sendas imputaciones judiciales durante las elecciones municipales de ese año _con las bendiciones del presidente provincial del PP, José Manuel Baltar y del autonómico, Alberto Núñez Feijóo_ y se superó en las urnas: aumentó su propia mayoría absoluta.

La persistencia del exigente vecino ha permitido saber que en 2013, con superávit municipal y un anuncio de inversión de 180.000 euros en obras, el regidor evitó realizar la revisión catastral del Ayuntamiento aduciendo “imposibilidad de asumir los costes”, o que la primer teniente de alcalde construyó un inmueble en suelo calificado como rústico en el planeamiento. O, también, que la casa rectoral de Pazos de Arenteiro, rehabilitada con fondos comunitarios para ser destinada a turismo rural no cumplía ese fin sino que era utilizada como residencia privada de vacaciones por la familia a la que se había otorgado la concesión.

En su comparecencia parlamentaria a petición de los grupos de BNG y En Marea, alertados por el gran número de denuncias urbanísticas en Boborás, el director de la APLU afirmó que el municipio es el “más inspeccionado de Galicia” en relación a su población. Hasta el punto, precisó, de que con poco más de 2.000 vecinos “supera en número de inspecciones a otros de más de 10.000 habitantes”. Un hecho que atribuyó a la persistencia del particular.

El responsable de velar por la legalidad urbanística en Galicia se desvincula de las supuestas irregularidades cometidas en Boborás mientras él era secretario municipal pese a que la oposición entiende que está vinculado en la mayor parte de los casos. Cerdeira sostiene que en los dos años que lleva al frente de la APLU este organismo ha incoado 18 expedientes en ese municipio de los que 15 partieron de denuncias del mismo vecino. De estos expedientes, seis acabaron archivados y el resto fueron derivados al propio Ayuntamiento para que resolviese.

Por su parte, el denunciante afirma que se ve obligado a acudir a la vía judicial “costeando por lo tanto con mi dinero la reposición de la legalidad municipal” mientras, sostiene, el alcalde “sufraga estos gastos judiciales con dinero público”.

Con su iniciativa ha conseguido hasta el momento una sentencia de demolición de un inmueble así como la anulación del planeamiento urbanístico en el núcleo en el que el alcalde construyó su vivienda. No se amilana.