51 detenidos por yihadismo desde que comenzó 2017

Las operaciones antiyihadistas en España experimentaron en 2017 un notable incremento, según el Ministerio del Interior. Las fuerzas de seguridad sumaban este año, antes del atentado de Barcelona, hasta 36 intervenciones en suelo nacional: la misma cifra que se contabilizó en todo 2016. Estas actuaciones se han traducido en 51 detenidos en lo que va de ejercicio —y otros tres arrestados en el extranjero—, por los 69 de todo el pasado año.

Pese a que el país se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista desde junio de 2015, las fuerzas de seguridad habían decidido incrementar aún más la vigilancia en los últimos meses, aunque sin llegar a declarar el nivel 5. "Los últimos ataques en Europa hacen que se refuercen las medidas adoptadas por los cuerpos del Estado", reconocían fuentes de Interior a principios de año, cuando las principales ciudades españolas se blindaron tras los atentados con camión perpetrados en Niza (Francia) y Berlín (Alemania). En cooperación con Interior, los Ayuntamientos diseñaron dispositivos específicos y, a su vez, colocaron bolardos para bloquear los accesos a las calles donde se producen aglomeraciones.

Con esta decisión se elevaban las medidas que ya se habían adoptado en el verano de 2015: la vigilancia específica de las infraestructuras críticas —como aeropuertos, centrales nucleares y estaciones—; la activación de todas las fuerzas de seguridad dedicadas a la prevención, investigación e información de la lucha antiterrorista; y el refuerzo de la presencia policial en la calle. Una batería de medidas que, según recalca el último informe de Interior, había permitido detener a más de 180 supuestos terroristas desde que se elevara la alerta a nivel 4.

Una cifra que se dispara hasta los 791 arrestados (723 en España y 68 en el extranjero) por yihadismo desde que se produjera el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando la lucha antiterrorista española experimentó un giro drástico. “Pero nada de a lo que hoy nos enfrentamos es equiparable con lo que hubo detrás del 11-M y, mucho menos, con la actividad de grupos como ETA”, añadían, hace unos meses, fuentes de las fuerzas de seguridad al analizar el contexto “en continuo cambio” en el que se mueven. La guerra de Siria, el apogeo del autodenominado Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) y la eclosión de las redes sociales ha modificado totalmente la escena.

Por ello, los investigadores incrementaron la vigilancia de los foros de Internet y las redes sociales, principales focos de radicalización. Además, han centrado también una gran parte de sus esfuerzos en seguir el rastro del número de españoles o residentes en España que se han desplazado a zonas de conflicto para combatir en las filas del ISIS. Según los últimos recuentos, han sido más de 200. Y, de ellos, más de una treintena ha retornado a Europa. Pero su trabajo no queda aquí. Hasta mil personas se encontraban a principios de este verano en el radar policial: entre ellos, 259 investigados y 500 teléfonos intervenidos.

Toda esta actividad provocó que las fuerzas antiterroristas dibujaran tres perfiles principales donde centrar su trabajo: los retornados —por su experiencia en el manejo de armas y explosivos, según detallaron fuentes de Interior—; los radicales asentados en España; y los calificados como “frustrados”, aquellos que han tratado en algún momento de llegar al territorio controlado por el ISIS y que, tras fracasar, pueden intentar hacer la yihad en sus lugares de residencia. “Pero una persona puede pasar por todos los perfiles. Por tanto, hay que ser prudente al tratar de teorizar algo que es complicado de categorizar”, matizaron fuentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Estas investigaciones se han ejecutado mientras España aparecía cada vez más en las amenazas de los grupos terroristas. Según los datos recabados por el investigador Manuel Torres, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y miembro del Grupo de Estudios de Seguridad Internacional, se contabilizó en 2016 hasta 33 referencias al país, frente a las 21 de 2015 y las 10 de 2014.