El Constitucional rechaza amparar a Juana Rivas por recurrir tarde

El recurso de amparo presentado la semana pasada por los abogados de Rivas pedía que se paralice la entrega de los dos niños, de 11 y tres años, al padre a la espera de un estudio detallado de las circunstancias de los menores. Es el segundo que presentan y el segundo que el Constitucional rechaza por cuestiones de forma, sin valorar el fondo del asunto. A finales de julio, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso extraordinario presentado por infracción procesal al considerar que no se habían agotado todas las vías judiciales.

El Alto Tribunal considera que el recurso de amparo es “extemporáneo por haber sido presentado el 10 de agosto de 2017, transcurridos en exceso los 30 días hábiles” que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que los magistrados fijan a partir de la notificación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, el pasado 26 de abril. Y añade que el plazo “ha vencido como consecuencia de la actuación procesal de la parte recurrente”.

Almudena Mendoza, abogada que ha representado a Rivas ante el Constitucional, ha considerado que esta decisión es “absolutamente incongruente” porque la Audiencia declaró “la firmeza de la sentencia el 9 de agosto de 2017”.

El asunto no estaba previsto en el orden del día del Constitucional, cuyos magistrados se han reunido en pleno para estudiar un recurso de la Generalitat de Cataluña. Pero finalmente ha sido abordado por la llamada sala de vacaciones del TC, compuesta por tres de los 12 magistrados que integran el pleno. La abogada de Rivas, María Castillo, y su asesora, Paqui Granados, han anunciado tras conocer la decisión del Alto Tribunal que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al cerrarse la jurisdicción nacional.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Granada, el pasado diciembre, como la Audiencia Provincial, en abril de 2017, sentenciaron que Rivas debía restituir de forma “inmediata” a los dos niños a su padre. La mujer está además en busca y captura desde el 8 de agosto, tras una orden del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por la vía penal por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores por el que podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad hasta 10 años.

Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009, denunció la sustracción internacional de sus hijos en 2016 y aguarda estos días en Granada para llevárselos. Arcuri, al que han dado la razón todos los tribunales hasta la fecha, asegura que su expareja se marchó “por capricho” y niega que le haya pegado “jamás” a ella o maltratado a sus hijos. El entorno de Rivas ha hecho públicas dos cartas suyas esta semana. En una de ellas, aseguraba que su hijo mayor “recibió algún golpe” intentando defenderla. “Este hombre me decía los peores insultos e incluso me escupía en la cara delante de mis hijos”, escribió.

Un año para tramitar la denuncia

Hace más de un año, en mayo de 2016, Juana Rivas salió con sus hijos de Carloforte, el pueblo italiano en el que vivía con sus dos hijos y su expareja, a Maracena (Granada), el municipio donde vive su madre y su hermana. A los dos meses de su regreso denunció los supuestos malos tratos a los que le habría sometido Arcuri entre 2013 y 2016 en Carloforte, según consta en esa denuncia, que acaba de ser enviada a Italia para que este país decida si la incluye en el expediente del caso.

Fuentes del Ministerio de Justicia española han confirmado a la agencia Efe que remitieron el jueves pasado, 10 de agosto, a Italia la denuncia que Rivas interpuso en julio de 2016 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada y que no se había tramitado hasta ahora. La denuncia fue traducida al italiano el pasado 3 de agosto, según confirmó entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, después de que primero el juez reclamara a Rivas que presentara la denuncia en Italia.  En marzo de 2017, la Fiscalía General del Estado respondió a una queja de Rivas para que la denuncia se enviara traducida a Italia. El juzgado pidió el 15 de marzo, con carácter “urgente”, su traducción a una empresa de Las Rozas (Madrid). Volvió a requerirlo en julio pero el documento no ha estado listo hasta agosto.