El Tribunal Constitucional rechaza el 99% de los recursos de amparo

El Tribunal Constitucional rechazó en 2016 el 99,05% de los recursos de amparo presentados por los ciudadanos, en su mayoría por ausencia o insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional, requisito indispensable para su admisión. En ese ejercicio, el alto tribunal rechazó 4.230 acciones y aceptó únicamente 67 al entender que no existía doctrina o que había que modificar su posición sobre determinado asunto.

Según la memoria presentada este lunes por el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ante el Rey, el Constitucional “ha rebajado sensiblemente la bolsa de asuntos pendientes” y ha conseguido reducir los tiempos de respuesta, tanto en los procesos constitucionales como en los recursos de amparo.

En 2016 han aumentado, sin embargo, los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno central, los grupos políticos del Congreso y el Senado, los Ejecutivos autonómicos o los parlamentos regionales. En todo el ejercicio se han resuelto 90 acciones de este tipo, frente a las 65 de 2015 y 62 de 2014. En 2016 se interpusieron un total de 32 recursos de inconstitucionalidad. Entre ellos, 16 fueron impulsados por el Presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas, 13 por Gobiernos y Parlamentos autonómicos respecto de leyes estatales y 3 por diputados y senadores frente a leyes de las CC.AA.

Además, el Poder Judicial ha interpuesto 120 cuestiones de constitucionalidad, un número sensiblemente inferior a las 172 de 2015. Esta acción se promueve cuando los jueces y tribunales entiende que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución.

Según la memoria, al Registro del Tribunal llegaron durante 2016 un total de 6.774 asuntos jurisdiccionales (595 menos que en 2015), cifra que, traducida a términos porcentuales, representa un descenso del 8,07% de la conflictividad constitucional.

En el caso de los recursos de amparo, los presentados mayoritariamente por los ciudadanos particulares que entienden vulnerados sus derechos fundamentales, un año más, encabezan la lista de los recursos de amparo los relativos al orden jurisdiccional penal (3.169), que representan un 47,04% del total de ingresados. Si se tienen en cuenta las demandas procedentes de vigilancia penitenciaria, dicho porcentaje se eleva hasta el 52,23%.