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El PSOE se distancia de un pacto por la Justicia

Las cuatro asociaciones de jueces se reúnen este jueves con los principales grupos parlamentarios

 Margarita Robles, en el Congreso, en una imagen de archivo.
Margarita Robles, en el Congreso, en una imagen de archivo.

El PSOE ve muy lejana la posibilidad de firmar un pacto sobre la Justicia como pretende el Gobierno. Los socialistas mantienen esta posición en coherencia con la de las cuatro asociaciones de jueces con las que tienen previsto reunirse hoy. El colectivo tiene una cita con los cuatro grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados con el objetivo de exponerles las reivindicaciones que negocian con el Ministerio de Justicia y que básicamente se refieren a reformas legales y, sobre todo, a medios materiales.

La representación de los jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) no oculta su profundo malestar por decisiones del Gobierno como la falta de dotación presupuestaria o la escasa oferta pública de puestos de trabajo para la justicia. Por ejemplo, esa oferta pública de empleo prevé 2.000 plazas para la agencia tributaria y solo 65 para jueces y 35 para fiscales. También lamentan lo que consideran falta de dotación a los juzgados que deben atender las reclamaciones por las cláusulas suelo.

La delegación socialista, que encabezan la portavoz Margarita Robles y el responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, entiende que no puede haber pacto de Justicia si no se atienden las peticiones que tienen más que ver con la actividad de los juzgados y tribunales en el día a día que con reformas institucionales.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, propuso al PSOE al inicio de la legislatura ese acuerdo que incluye una reforma del proceso penal, coincidente con un proyecto elaborado por los socialistas en la etapa de Zapatero. Solo la unión de PP y PSOE garantiza la aprobación de cualquier norma, pero los socialistas quieren acompañar el malestar de los jueces, poniendo distancia con ese pacto.

Iniciativas bloquedas en el Congreso

La mayoría de las iniciativas de reforma de la Justicia están aparcadas en una subcomisión que debe buscar una Estrategia Nacional de Justicia, según su denominación oficial.

Ha habido comparecencias y, en teoría, deberá emitir antes de final de año un informe que, a su vez, sirva de base para futuras reformas. Es decir, sus efectos se demorarán, con riesgo para normas complejas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Hay otra iniciativa bloqueada en fase de enmiendas, a propuesta de Podemos, aceptada en el pleno para eliminar el artículo que limita los plazos para la instrucción de sumarios.

La posibilidad de pactar esa reforma legal, que supondría que los fiscales pudieran instruir los sumarios, quedó frenada con el escándalo que supuso el paso de Manuel Moix por la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción.

Podemos mantendrá una posición similar de respaldo a las asociaciones. Además, en ese proceso de negociación de un futuro pacto de Estado influyen las malas relaciones de los grupos con el actual ministro de Justicia quien, de hecho, fue el primer reprobado en el Congreso. El PSOE ya rompió relaciones con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando también fue reprobado.

Justicia provocó la creación de una subcomisión en el Congreso en la que se supone que se debería buscar un pacto. Desde febrero se están produciendo comparecencias pero sin avances todavía. En paralelo, Justicia ha mantenido reuniones con las asociaciones en las que se ha constatado la diferencia, incluso con amenazas de iniciar una huelga de jueces. Las cuatro asociaciones han conseguido casi un frente común ante el Gobierno.

Las reivindicaciones que exponen las asociaciones incluyen cambios en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y en la elección de magistrados de los Tribunales Superiores.

También incluyen peticiones económicas y organizativas que pretenden que los partidos hagan suyas, como un plan de inversión “suficiente y prolongado” y un “plan decenal de inversiones prorrogable, destinado —entre otros aspectos— a incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años y modernizar los edificios judiciales”, entre otras.

PSOE y Podemos rechazaron también lo que consideran escaso esfuerzo inversor del Gobierno de Mariano Rajoy en la Justicia. Ciudadanos también se reunirá con las asociaciones y apoya algunas de las peticiones, sobre todo las que tienen que ver con las reformas institucionales. Pero el partido de Albert Rivera apoyó al PP para sacar adelante los Presupuestos para 2017, que son cuestionados por los jueces.

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