La dificultad de defender a un violador

Hace un año que el mundo entero descubrió a “La Manada”, como se llamaban entre sí los cinco amigos sevillanos que protagonizaron presuntamente una “violación múltiple” —así lo calificó el juez— a una chica de 18 años en las fiestas pamplonicas de San Fermín. Todos continúan en prisión preventiva desde ese mismo 7 de julio. El guardia civil —suspendido durante este proceso judicial— Antonio Manuel Guerrero Escudero, alias Anto, y el militar Alfonso Jesús Cabezuelo (Arfon), están presos en la cárcel de Alcalá Meco de Madrid, en un módulo de especial seguimiento por pertenecer a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El resto, Jesús Escudero (Escu), Jose Ángel Prenda (Gordo) y Angel Boza, permanecen en la prisión Pamplona-1 a la espera de que salga un juicio que, los más optimistas, fechan para noviembre. Entonces llegará la hora de defender jurídicamente a quienes ya han vivido un atronador juicio público, amplificado por una fiesta taurina de proyección planetaria. La imagen de La Manada dio la vuelta al mundo como la imagen de unos violadores. La Fiscalía pide para ellos 22 años. La Comunidad Foral, 25.

Tres abogados sevillanos han asumido su defensa: Agustín Martínez, que defiende a Escudero, Prenda y Boza. Y Jesus Pérez y Juan Canales, que defienden respectivamente a Guerrero (el guardia civil) y Cabezuelo (el militar). Solo Martinez ha optado por defender a sus clientes mediáticamente por considerar que se enfrentan a un “juicio mediático, con una enorme carga política: si el juez les hubiese dejado en libertad a la espera de juicio, como a otros violadores y delincuentes, el que se tiene que ir de Pamplona es el juez”.

Por el camino de la defnsa se quedó Carmen Sala, abogada penalista pamplonica: “No era posible establecer una estrategia unívoca, discreta y basada en las pruebas técnicas existentes”, asegura. Canales dice que tiene orden expresa de su cliente de “no dar publicidad al tema”. Y Pérez entiende que “la mejor defensa que se puede hacer ante la animadversión generalizada es pasar lo más desapercibidos posible, no entrar en la batalla mediática porque es una batalla siempre perdida mil a uno por la avalancha de opiniones contrarias”.

La estrategia del letrado Martínez es negar la mayor: “No hubo violación, fue una relación sexual múltiple consentida puesto que no hay el más mínimo atisbo de violencia en los siete vídeos esgrimidos como prueba, ni en los audios, ni tampoco hay amenazas —tal y como reconoció la propia denunciante—, ni negativa expresa por parte de la presunta víctima, ni se perciben gestos que muestren rechazo, asco, miedo, dolor… nada”, argumenta, recordando lo recogido en los informes de la Policía Foral: “A nivel de interacción corporal/física con los investigados, se observa que la denunciante adopta un rol pasivo y neutro con respecto a los actos y juegos de naturaleza sexual de los investigados. Solamente en una escena se ha detectado cierta iniciativa [la denunciante toca las partes íntimas de uno de los investigados], no pudiendo precisar si obedece más bien a una reacción instintiva o automática que a un acto consciente y deliberado”.

La relación entre todos los implicados en los hechos, los cinco acusados y la víctima, duró un total de 35 minutos, desde que se conocieron hacia las 3.00 de la madrugada de ese 7 de julio hasta que se separaron para siempre. La prueba más fuerte son un total de 97 segundos grabados por dos de los acusados mientras ocurrían los hechos, que ellos mismos enviaron después a dos grupos de amigos de WhatsApp: “Follándonos a una entre los cinco, puta pasada de viaje. Hay vídeo”.

La fiscal, Maria Elena Sarasate, que pide 22 años para ellos, mantiene, basándose en la versión de la denunciante, que “los acusados le dijeron que la acompañaban al coche, pero su intención era buscar un lugar donde mantener relaciones en grupo con ella”. Incluso, recuerda en su escrito, pararon en el Hotel Europa para preguntar por una habitación “para follar”. Hasta que, siempre según la fiscal, aprovecharon que una mujer llamaba a un telefonillo del portal número 5 de la calle Paulino Caballero para que uno se colase (Prenda), “simulando que estaba alojado en uno de los domicilios”. Subió al segundo piso y volvió a bajar para abrir paso al resto de La Manada.

La fiscal omite, según el abogado Martínez, que “la chica, con 0,9 miligramos de alcohol en sangre, estuvo hablando de sexo con los chicos —“yo puedo con uno, con dos o con los cinco”—, que eso fue lo que despertó la idea de una relación sexual colectiva”.

Sarasate recoge en su escrito que “dos de ellos la cogieron por los brazos y la metieron en el portal, tapándole la boca y diciéndole que no gritara”. Y “la llevaron” hasta el cuartito de los contadores. "Una vez allí, la rodearon entre cinco, le quitaron la riñonera y el jersey le bajaron los leggins y el tanga".

A lo que Martínez —“destripando su defensa, según otros abogados”—, responde que “ella les acompañó voluntariamente en la búsqueda de un lugar apto para llevarlo a cabo. Y que comenzó a besarse con uno de ellos antes de entrar al portal con el resto. “Nadie la agarró, nadie le tapó la boca, nadie la obligó a nada”, les defiende Martínez a sabiendas de que no hay vídeo de todo eso y que es la versión de la chica contra los acusados.