La Fiscalía pide 50 años de cárcel para los agresores de los guardias civiles de Alsasua

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este martes una pena de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) que supuestamente participaron en la agresión a dos guardias civiles de permiso y sus parejas en las fiestas del pueblo en octubre de 2016. Para otro acusado, Oihan Arnanz, eleva la petición a 62 años y medio al añadir un delito de amenaza terrorista. Para la octava imputada, Ainara Urkijo, se piden 12 años y medio solo por amenazas con carácter terrorista.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre pasado en el bar Koxka de Alsasua, una localidad con gran implantación de la izquierda abertzale. Según el relato de la fiscalía, los guardias —un teniente y un sargento— estaban fuera de servicio tomando una consumición con sus parejas cuando fueron abordados por Oihan Arnanz, que le preguntó al teniente, cuando este salía del baño, si era “madero”. Poco después, alguien dentro del establecimiento les arrojó un vaso de chupito de plástico, que no les causó daño alguno.

Sobre las cuatro de la mañana, entró en el bar Jokin Unamuno, que se encaró con el sargento. Cuando el teniente, le intentó calmar llamándole por su nombre, Unamuno comenzó a gritarles que se marcharan del bar. Una chica menor de edad que iba con él alentó a un grupo de personas para rodear a los guardias y sus novias.

En breves instantes, alrededor de 25 personas rodeó a las cuatro víctimas y comenzaron a insultarles: “Iros (sic) de aquí, hijos de puta, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones, txakurras (perros)”. Inmediatamente comenzaron los golpes dentro del bar. Un pasillo de agresores la emprendió a puñetazos, empujones y patadas con los guardias y sus parejas.

Una vez en la calle, la agresión continuó. Según el escrito, el teniente y el sargento fueron atacados en ese momento con “gran violencia y brutalidad” especialmente por Jokin Unamuno, Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea.

Con los agentes en el suelo, otros tres jóvenes —el citado Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Aratz Urrizola— comenzaron a darles patadas en la cabeza y la espalda. La novia del sargento, tratando de defender a este, también fue golpeada. El teniente, con una pierna rota, no podía levantarse.

Cuando los agentes de la Policía Foral acudieron al lugar de la agresión, una vez trasladados los heridos al hospital. Detuvieron, entre un gran tumulto a Jokin Unamuno. Oihan Arnanz se encaró con un agente y supuestamente amenazó con darle un puñetazo. A su lado, Ainara Urquijo amenazó a la pareja del sargento diciendo: “Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo así que lo que tienes hacer es no salir de allí”, refiriéndose a la casa cuartel de la Guardia Civil de Alsasua.

El teniente sufrió, a causa de la agresión, una fractura de tobillo que requirió tratamiento quirúrgico y contusiones. Estuvo fuera de servicio 92 días. Su novia, además de distintas contusiones, sufre ansiedad. “Dicha situación se vio agravada al cruzarse por la calle con uno de sus agresores y por la situación que viven sus padres en Alsasua, donde residen y reciben amenazas e insultos”, afirma la fiscalía.

El sargento tardó en curar de sus lesiones en la espalda y las piernas 53 días, mientras que su novia, además de las lesiones —contracturas cervicales, hematomas— seguido bajo control psicológico con visitas programadas cada 15 días por estrés postraumático.

La fiscalía atribuye a siete de los ocho acusados un total de cuatro delitos de lesiones con carácter terrorista, penados cada uno con un mínimo de doce años y medio de prisión. Para Oihan Arnanz reclama otros 12 años y medio por amenaza, pena que solicita para la octava acusada, Ainara Urkijo. En caso de que la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no aprecie estos delitos, la fiscalía plantea, subsidiariamente, que los hechos sean considerados como desordenes públicos terroristas, atentado, lesiones ordinarias y amenazas terroristas, con penas que oscilan entre los 18 años y 30 años y medio de prisión.

La decisión llega después de un litigio entre la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Navarra sobre la competencia para investigar y enjuiciar los hechos. El tribunal navarro entendía que la agresión no podía entenderse como terrorismo, mientras que la Audiencia Nacional reclamaba para sí la causa al apreciar la existencia de este delito. Finalmente, el pasado 1 de junio, el Tribunal Supremo dirimió el conflicto de competencia y decidió que correspondía a la Audiencia Nacional.