La Fiscalía del Supremo pide elevar a 10 años la pena a Urdangarin
El Ministerio Público discrepa del cómputo de las condenas que hizo la Audiencia de Palma
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó este lunes un aumento de la condena que impuso en febrero la Audiencia Provincial de Baleares a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos de corrupción. El ministerio público quiere que el esposo de la infanta Cristina cumpla diez frente a los seis años y tres meses a que fue condenado en primera instancia. El recurso reclama elevar las penas también para Diego Torres, socio de Urdangarin, y el expresidente balear Jaume Matas.
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer el recurso de casación de la sentencia del caso Nóos, la trama de desvío de fondos públicos de las Administraciones balear y valenciana a las empresas de Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón y cuñado del rey Felipe VI entre 2003 y 2007. El escrito muestra su disconformidad con la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares que en febrero pasado condenó a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y 513.000 euros de multa por malversación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y dos delitos contra la Hacienda Pública.
Aquel fallo, alcanzado tras seis meses de juicio y otros ocho de deliberación del tribunal, descafeinaba notablemente las acusaciones iniciales. La sentencia limitaba el alcance de la malversación de fondos por los congresos de turismo y deporte Illes Balears Forum, organizados en 2005 y 2006 por el Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y gestionado por su socio Diego Torres. También descartaba cualquier tipo de delito en la organización de las cumbres Valencia Summit de 2004 a 2006 y en la participación de Urdangarin en la fallida candidatura olímpica Madrid 2016.
El principal triunfo de la Fiscalía Anticorrupción en aquella sentencia fue, quizá, lograr la absolución de la infanta Cristina. La hermana del Rey estuvo sentada en el banquillo con la única acusación del disuelto pseudosindicato Manos Limpias, que la consideraba cooperadora necesaria de los delitos fiscales de su esposo.
“La proximidad a la Jefatura del Estado”, clave delictiva
La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que la “proximidad” de Iñaki Urdangarin a la Jefatura del Estado” —encarnada entonces por el rey Juan Carlos— fue clave para que las administraciones balear, y sobre todo, valenciana otorgaran contratos de patrocinio a dedo al Instituto Nóos, que presidía el esposo de la infanta Cristina.
Sobre los contratos para los foros de turismo y deporte Valencia Summit de 2004 a 2006, la fiscalía señala: “el único motivo que consta acreditado para que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) aceptara la propuesta del Instituto Nóos fue la posición institucional de D. Ignacio Urdangarín”. Y añade: “Su proximidad a la jefatura del Estado resultó determinante para mover la voluntad de la autoridad que asumió sin cuestionamiento sus propuestas”.
Esta adjudicación a dedo, saltándose los procedimientos administrativos de contratación, es una de las claves en las que se basa el ministerio público para pedir una condena por prevaricación para los miembros de la llamada trama valenciana del caso Nóos. Todos ellos, que se negaron a pactar con la fiscalía en el juicio, resultaron absueltos en febrero.
Complejidad técnica
La fiscalía, en un escrito de 105 folios de gran complejidad técnica y confuso en ciertos pasajes, reclama el aumento de las penas a los principales acusados de la trama. Aunque en esencia da por buenos los hechos probados por la sentencia de la Audiencia de Baleares, discrepa de su valoración jurídica.
El aumento más grave de las penas tiene que ver con los Illes Balears Forum. Urdangarin fue condenado a dos años y ocho meses por la malversación de 620.000 euros en la edición de 2006. La fiscalía pide que los acusados sean condenados también por malversación por la edición de 2005, en la que la Audiencia balear no apreció delito alguno. Con las dos ediciones, el ministerio público aprecia que la malversación tendría carácter continuado y reclama una pena de cinco años de prisión.
Delitos de malversación
De forma alternativa, en caso de que no se apreciara delito en el Illes Balears Forum de 2005 y solo se mantuviera la malversación de 2006, la fiscalía pide que este se considere agravado en atención a su cuantía, superior a 50.000 euros. Esto supondría elevar la condena por malversación de Urdangarin a cuatro años y medio, con lo que la pena total quedaría en nueve años y medio.
Para Diego Torres, socio de Urdangarin, la fiscalía del Supremo pide aumentar a 12 años y diez meses los ocho años y medio por los que fue condenado en febrero pasado en caso de considerar las malversaciones de los Illes Balears Forum de 2005 y 2006. Si solo se considera la malversación agravada de 2006, la pena quedaría en 12 años y cuatro meses.
Para el expresidente balear Jaume Matas, la petición se eleva a cuatro años y ocho meses frente a los tres años que se le impusieron en la sentencia inicial.
Además, por un delito de fraude en los Illes Balears, la fiscalía pide que la pena de Urdangarin pase de siete meses a dos años el periodo de prisión. Otro motivo por el que se aumenta la petición de pena a Urdangarin es la consideración del delito de tráfico de influencias por el que el exduque fue condenado a un año de prisión. El ministerio público quiere, además, que el cuñado del Rey pague una multa del doble de dinero obtenido ilegalmente por el Illes Balears Forum de 2006.
La Fiscalía del Tribunal Supremo sí ve delito en la adjudicación al Instituto Nóos de 3,6 millones de euros en contratos sin concurso público para organizar tres ediciones de los Valencia Summit —entre 2004 y 2006— cuyos responsables resultaron absueltos en la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el caso Nóos. Por esta causa, el ministerio público pide que se imponga una pena de prevaricación y otra de falsedad documental para los exresponsables de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Elisa Maldonado, Jorge Vela, Luis Lobón y José Manuel Aguilar.
El escrito pide que se impongan penas de inhabilitación contra los cuatro como responsables de un delito de prevaricación en los tres convenios firmados entre la Comunidad Autónoma de Valencia y los responsables de Nóos Iñaki Urdangarin y Dieto Torres, que se realizaron “prescindiendo plenamente de las normas de procedimiento que regulan los contratos celebrados”. En el caso de Vela y Maldonado, las condenas deberían sumar 5 años y medio de cárcel por el delito de falsedad.
La redacción defectuosa de una nota de prensa enviada este mediodía por la Fiscalía General del Estado ha hecho que varios medios, incluido este periódico, publicaran inicialmente que el ministerio público había solicitado una rebaja en la pena de Urdangarin. La nota informativa adjuntaba el escrito de casación sobre la sentencia del caso Noós, algo que ha hecho posible que el error se subsane una vez analizado el documento, cuya redacción, de carácter técnico jurídico, tiene cierta complejidad.
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