El Congreso aprueba las actividades privadas de diputados con el rechazo del PSOE

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves el informe que permite a los diputados que lo han solicitado poder compatibilizar el escaño con actividades privadas. Las novedades son que este informe se ha aprobado casi un año después de iniciarse la legislatura y que, por primera vez, no tiene la unanimidad porque el PSOE ha votado en contra. Los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, votaron a favor con el PP.

Los parlamentarios, en principio, tienen dedicación exclusiva, salvo que el pleno lo autorice expresamente en un informe como el votado este jueves. El PSOE sostiene que deberían aceptarse algunas, pero incrementar el control. Concretamente, los socialistas creen que hay unos 30 diputados a los que se autoriza otra actividad sin que se les pida información adicional. Es decir, objeta la compatibilidad y la falta de control, según ha explicado en la tribuna el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo.

Actualmente, el Congreso recibe la solicitud de cada diputado y se limita a tramitarla, sin verificar los datos o pedir información adicional. De esta forma, en el listado de actividades autorizadas se incluyen asesorías y consultarías de empresas y despachos de abogados, sin que se solicite, como pretende el PSOE, información sobre qué asuntos se tratan o qué clientes se tienen.

"Ningún órgano tiene atribuido el control de las actividades", ha asegurado Sahuquillo, recordando que cuando EL PAÍS desveló que el entonces diputado Vicente Martínez Pujalte cobraba de una constructora el Congreso admitió que no podía actuar, ni siquiera para pedir explicaciones al parlamentario del PP.

Ese listado objetado por el PSOE incluye también al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que pide mantener su programa en La Tuerka. El PSOE pretende que Iglesias aporte datos sobre la empresa y la financiación.

Hay otros muchos diputados que solicitan autorización para actividades docentes o creación literaria o colaboración con medios que nadie objeta.

Por ese desacuerdo, los diputados han estado de facto desarrollando sus actividades casi un año sin autorización expresa, en una especie de limbo legal.

Los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, apoyaron el dictamen y las autorizaciones de actividades, con el argumento de que han sido visados por el letrado de las Cortes presente en la Comisión del Estatuto del Diputado. Estos dos partidos han votado a favor, por ejemplo, de esa asesoría a empresas para la que pide autorización un diputado del PP. No obstante, piden que para el futuro se modifique la ley.

Sara Carreño, de Podemos, ha acusado al PSOE de sembrar sospechas sobre todos. Y Juan Carlos Girauta, de Podemos, arremetió contra el PSOE por poner trabas al informe.

Por el PP ha defendido el dictamen Leopoldo Barrera, presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, que, a su vez, obtiene autorización para ejercer como abogado.