El alcalde de las 100 placas
El regidor de un pueblo castellonense, mano derecha de Carlos Fabra, colocó distintivos en calles, plazas, obras y hasta en la asociación de amas de casa. El pleno del consistorio ha aprobado quitarlas
Placas conmemorativas en calles y plazas, en el hogar del jubilado, en el propio ayuntamiento, en la sede de la asociación de amas de casa, en fachadas de viviendas particulares o en la plaza de toros. Y así hasta superar el centenar. El pleno celebrado este miércoles en Vall d’Alba (Castellón) ha aprobado una moción del PSPV, con los votos a favor de sus cuatro concejales y la abstención de los siete ediles del equipo de gobierno del PP, instando a la retirada de las placas honoríficas con el nombre de su exalcalde, Francisco Martínez, condenado a 8 meses de cárcel por un delito de negociaciones prohibidas en el caso de la depuradora de Borriol. La Fiscalía pide en la actualidad una pena de prisión de 11 años para él por una supuesta compraventa irregular de terrenos utilizando información privilegiada.
El que fuera durante 24 años primer edil popular de esta localidad de 3.000 habitantes y mano derecha del exlíder del PP de Castellón, Carlos Fabra, acumula más de cien distintivos metálicos inaugurales y conmemorativos en el casco urbano. Una cifra por la que popularmente es conocido con el sobrenombre de 'Paco placas', recoge moción. “Se ponía una hasta cuando asfaltaba o reasfaltaba una calle, o cuando se colocaban cinco metros de tuberías. También instaló otra por la reforma del edificio del ayuntamiento realizada dentro del Plan E”, explica a EL PAÍS el portavoz municipal socialista, Fernando Grande. “Un día me puse a contarlas y cuando llegué a 115 me cansé”, apostilla.
Grande ha recordado que la ley de la Generalitat Valenciana garantiza que los reconocimientos honoríficos recaigan en personas de un compromiso público relevante que en ningún caso hayan sido condenadas penalmente mediante condena firme. En este sentido, el portavoz socialista ha indicado que Martínez ya tiene una condena firme de 8 meses de prisión por el escándalo de la depuradora de Borriol, "por haber maquinado desde la vicepresidencia primera que ocupaba en la diputación para intentar obtener de forma ilegal plusvalías de más de 40.000 euros”.
El portavoz del PSPV local espera que el PP sea “leal”, la moción se cumpla y “en breve se empiece a devolver la dignidad a las calles de Vall d’Alba, eliminando el recuerdo grabado en piedra del exalcalde, que es un delincuente condenado por corrupto. Se lo recordaremos todos los días al equipo de Gobierno que lidera la popular Marta Barrachina".
En el pleno de este miércoles, el PP ha señalado que llevar a la práctica la moción dependerá del informe judicial solicitado por el consistorio que ratifique que la condena a Martínez por el caso de la depuradora es firme. El pasado febrero el Tribunal Supremo rechazaba los recursos tanto de Martínez como de la fiscalía y ratificaba íntegramente el fallo de la Audiencia Provincial de Castellón. Una sentencia que condenó al número dos de Carlos Fabra a ocho meses de prisión, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años por un delito de negociación prohibida a funcionarios con relación al caso de la depuradora de Borriol. Fue juzgado por intentar beneficiarse de la construcción de esta infraestructura a través de la compra de terrenos y su posterior inclusión en el proyecto.
Compartidas con Camps, Blasco o Fabra
El veto a las placas conmemorativas con el nombre de condenados por la justicia aprobado hoy no es el primero en Vall d’Alba. El municipio inició en mayo de 2016 y a golpe de radial en algunos casos la retirada de las colocadas en edificios e instalaciones municipales con el nombre del expresidente de la Diputación de Castellón o el exconsejero Rafael Blasco. Algunas de esas placas eran compartidas. En ellas aparecían estampados los nombres de Fabra y Martínez, o de Martínez y Francisco Camps. "Con una radial borraron el nombre de Carlos Fabra. El de Camps sigue estando porque no tiene condena firme”, señala Grande.
Francisco Martínez está siendo investigado ahora por su gestión urbanística durante el casi cuarto de siglo que regentó la vara de mando en Vall d’Alba (1991-2015). La Fiscalía de Castellón pide 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de una multa de más de un millón de euros para el exvicepresidente popular de la diputación provincial por utilizar información privilegiada para lucrarse con proyectos urbanísticos en esta localidad. El PSOE, personado como acusación popular, eleva la petición de cárcel para Francisco Martínez a 16 años. También figuran como acusados la hija del exalcalde, Andrea Martínez, para quien el fiscal pide un millón de euros de multa, y el exsocio de Martínez, el empresario Raúl Babiloni, a quien se le exige un millón de euros de multa y cinco años de cárcel.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
