Jueces y fiscales rechazan que el defensor del pueblo catalán denuncie una “persecución penal de cargos”

El Síndic de Greuges (defensor del pueblo) pone como ejemplo de restricción de la libertad de expresión casos como el de Joan Coma, concejal de la CUP acusado de un posible delito de incitación a la sedición por alentar a la desobediencia al decir en un pleno que “para hacer una tortilla hay que romper los huevos”. La supuesta erosión de la separación de poderes se ilustra con informes de instituciones internacionales. Y la “persecución penal de los cargos electos”, con la inhabilitación de Mas y otros políticos independentistas por organizar la consulta del 9-N.

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 "Con la misma serenidad con la que mi institución ha presentado informes que han causado polémica, como el de malnutrición infantil, de 2013, por el que se dijo que exageraba, o que hacía política, o que era un demagogo, he presentado este”, opinó Ribó, que ha enviado el documento al Gobierno, al Congreso y a múltiples instituciones internacionales. “De seis partidos en el Parlament, uno solo, el PP, manifestó una descalificación total del informe. Los demás entraron en el mérito de la cuestión”, siguió en conversación con EL PAÍS. “Recomendamos que se atiendan las recomendaciones de la defensora del pueblo de España sobre la Ley mordaza; que se salvaguarde la libertad de expresión hasta el extremo; y sobre todo que a los problemas políticos no se les apliquen soluciones penales”, añadió Ribó, que también critica que la reforma de la Ley orgánica del Tribunal  Constitucional haya permitido que este organismo aplique medidas ejecutivas para garantizar el cumplimiento de sus sentencias.

El Síndic, elegido para el cargo en 2004 y ratificado por unanimidad en el Parlament en 2010, defiende su independencia y recuerda que el informe refleja años de trabajo ejecutado por un equipo de profesionales multidisciplinar. Como ejemplos de los retrocesos que denuncia su informe, Ribó pone la condena a la tuitera Casandra; la polémica con los titiriteros en Madrid; la querella contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament; o que no se haya investigado el "contenido conspirador" de la grabación de una conversación entre Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Sin embargo, sus conclusiones han caído como una bomba en una Comunidad Autónoma en la que Mas y otros políticos independentistas han sido inhabilitados.

“Rechazamos rotundamente que en cualquier informe del defensor del pueblo pueda tacharse a jueces y magistrados de haber traicionado el principio de separación de poderes por el resultado de las resoluciones judiciales que hayan dictado contra cargos de la Generalitat”, resumió Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. “Sin duda alguna estos se han visto sometidos a un proceso con todas las garantías, en el que han podido ejercer en plenitud su derecho de defensa, y que se ha visto resuelto por los Tribunales competentes indudablemente sin ninguna presión, injerencia o influencia de ninguna otra instancia, institución o colectivo”, añadió. “Tachar la actividad de los tribunales de una judicialización de la política también merece nuestro rechazo porque desde luego no nos prestaríamos nunca a eso”.

“No estamos en absoluto de acuerdo con el informe”, coincidió Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de fiscales y fiscal jefe de la Audiencia Nacional. “Nosotros somos autónomos en la actuación y sometidos siempre a la legalidad”, siguió. Y ejemplificó: “El Gobierno ahora es del PP y la fiscalía está actuando en muchos procedimientos ejerciendo su labor acusatoria contra el PP. No se deja en absoluto guiar”.

“Nuestra postura es clara: la Constitución marca las reglas del juego y cualquier intento de modificar la legalidad no puede ser por las bravas ni por la fuerza en un sentido amplio”, opinó Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.

Críticas de Ciudadanos, PSC y PP

Antes de presentar su informe en Madrid, Ribó especificó las razones sobre las que basa sus conclusiones. Así, enumeró las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ignoradas por el Gobierno. También recordó la resolución de 2017 de la Comisión de Venecia que criticaba la reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional. Finalmente, denunció que el Gobierno ha omitido las once recomendaciones del Consejo de Europa para mejorar el sistema judicial. En consecuencia, Ribó lamentó durante una comparecencia en el Parlament que exista una “persecución penal de cargos electos en Cataluña”, además de una “regresión democrática” y de un “debilitamiento de la separación de poderes”.

Su intervención provocó (entonces y ahora) el apoyo de los partidos independentistas y una dura reacción por parte de la mayoría de la oposición.

“Le reprochamos que haya vendido la institución que dirige al demostrar que es el Síndic del ‘procés”, aseguró Noemí de la Calle, diputada autonómica de Ciudadanos, el partido que lidera la oposición. “Le recordamos que del informe de la Comisión de Venecia sobre el nuevo 9-N solo cita los elementos que más le interesan, obviando otros apartados como el que destaca que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen carácter final y vinculante y, por tanto, deben ser respetados por todos los organismos”, argumentó. “No está para defender a los políticos que se saltan las leyes; debe amparar a los ciudadanos. Estaremos pendientes de la presentación que hará de este informe en Madrid y esperamos que tenga en cuenta que va en representación de todos los catalanes”.

“El síndico hace un informe que no es nada objetivo”, coincide Marta Moreta, del PSC.

“Siguen construyendo un relato para justificar sus actuaciones”, completa Andrea Levy, que asegura que los independentistas apuestan por una “política de antagonistas, unos contra otros”.

“Nosotros pedimos la dimisión de Ribó”, cuenta Mariano Gomá, presidente de Societat Civil Catalana (SCC), un lobby antiindependentista que se considera silenciado por el informe. “Hubo agresiones a los jóvenes de SCC en la UAB, una agresión física, como la hubo en Lérida cuando un autocar de SCC iba a salir camino de Barcelona para la manifestación del 12 de octubre… y es inadmisible que no se dé por enterado, lo obvie y no lo mencione en su informe mientras da alas a todas las actividades secesionistas”.

Este periódico contactó con Jueces para la democracia para conocer su opinión, pero su portavoz especificó que sus integrantes han acordado no pronunciarse sobre temas relacionados con Cataluña.