Acoso y derribo a la funcionaria que perturbó al señor alcalde

En sus 14 años de alcalde del PP en Palas de Rei (Lugo), al doctor Fernando Pensado ningún secretario municipal de los “siete u ocho” que pasaron por su Ayuntamiento le puso un solo reparo a sus decisiones. Tanto él, hoy teniente de alcalde, como su sucesor en el puesto de regidor, el policía local Pablo Taboada, también elegido bajo las siglas populares, desconocían incluso la existencia de esa figura hasta que en 2011 una mujer, Celia González, con 20 años de experiencia como secretaria-interventora, les planteó la primera pega por vía oficial a quienes hasta ese momento habían manejado los asuntos públicos sin ser incordiados.

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Así lo reconocieron los dos políticos desde el banquillo de la Audiencia de Lugo que compartieron la pasada semana junto a otros nueve cargos y funcionarios, acusados por la fiscalía de acosar a González durante casi una década y prevaricar repetidamente para castigarla sin empleo y sueldo. Cuentan los acusados que la vida entre las paredes de la casa consistorial de Palas, de 3.500 habitantes, transcurría cuando llegó González en 2007 como en otros muchos ayuntamientos pequeños de España. Dotados de poco personal, las funciones de control encomendadas por el Estado al secretario municipal las solía ejercer, sin la habilitación legal necesaria, un administrativo de la máxima confianza del gobierno local, Carlos Ouro, juzgado ahora junto a sus jefes por supuestamente hostigar a González, usurpar sus funciones públicas y ocupar el cargo sin cumplir los requisitos. Pero el aterrizaje de la funcionaria denunciante lo cambió todo.

La fiscalía sostiene que primero Pensado y después Taboada, compinchados con otros trabajadores municipales, concejales populares y un cargo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, desplegaron todo un arsenal de “maniobras” para someter a González a un “clima de tensión y estrés insostenible” y así “quitársela de en medio”. A diferencia de la funcionaria, Ouro “no ponía en entredicho la gestión de los fondos públicos” y su “fidelidad” era recompensada con una retribución “por encima de su categoría y cualificación profesional”, relata el ministerio público en su escrito de acusación, en el que pide para él cuatro años de prisión. La pena que afrontan Pensado y Taboada es de dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, un castigo al que la acusación particular ejercida por la secretaria municipal pide añadir otros delitos como malversación de caudales públicos, amenazas y falsificación de documento público.

“Había mal ambiente pero no trato degradante [a la secretaria] delante de mí”, declaró Pensado sobre el infierno descrito por la fiscalía: los insultos de “mona” y “burra” que recibía a diario González, los encargos imposibles de cumplir, la documentación escondida, las suspensiones ilegales de empleo y sueldo, la negativa de los trabajadores a acatar “toda orden” o el destierro a una estancia sin ordenador e invadida por las cajas que recibió la única trabajadora que apoyaba a la secretaria. “Nunca lo hubiera consentido. En Palas tenemos un CIM [centro de información a la mujer] y fuimos pioneros en la tolerancia cero al maltrato”, prosiguió el exalcalde y actual número dos del gobierno local, sin que nadie hubiera mentado en la sala la violencia machista.

Celia González relató al tribunal durante cinco horas cómo tras negarse a firmar los "chanchullos" del gobierno local con las subvenciones y contrataciones públicas su jornada laboral se convirtió en un calvario de insultos, desplantes y difamaciones. Desde que en 2011 Pensado cedió a Taboada el bastón de mando en Palas y optó por replegarse a la tenencia de alcaldía, el gobierno local le abrió a la secretaria municipal seis expedientes disciplinarios, anulados sucesivamente por los tribunales, que la han llegado a dejar sin sueldo ni Seguridad Social. “Yo tengo que defender los intereses del Ayuntamiento”, esgrimió el actual alcalde de Palas ante el tribunal. 

El gran pleno de castigo

El 30 de abril de 2013 Taboada convocó el gran pleno de castigo contra Celia González. Se sometía a votación su destitución y un concejal del PSOE leyó un escrito en el que advertía de la ilegalidad de la medida. El alcalde del PP y sus cinco concejales, todos ellos ahora acusados de prevaricación, obviaron el aviso -"que yo sepa no ese edil no es jurista", esgrimió el regidor en el juicio- y apelaron a un "informe" de la Xunta que avalaba el cese de la secretaria municipal.

El cargo autonómico que firmó aquel documento, el exdirector general de Administración Local Norberto Uzal, encausado también por prevaricación, defiende que lo que hizo fue responder a una consulta con una resolución no vinculante y, aunque admite que "es evidente que se hicieron las cosas mal", niega haber recibido órdenes de sus superiores en el Gobierno gallego para ayudar al PP de Palas a echar a González.

Los cuatro trabajadores municipales juzgados negaron que la secretaria-interventora fuera hostigada por exigir el cumplimiento de la legislación y atribuyeron los problemas con ella a su "carácter autoritario". "Día tras día tenía que ayudarle en labores básicas informáticas como cambiarle las pilas a un ratón", alegó el técnico de Urbanismo Juan Manuel Varela, asegurando que esta situación le impedía hacer sus tareas y le obligaba a ir a trabajar por las tardes y los fines de semana. "Tensionó mi vida profesional y personal. Era desquiciante". El juicio quedó el pasado viernes visto para sentencia.