Cospedal reconoce que la tragedia del Yak-42 pudo evitarse

El accidente del Yak-42, la mayor catástrofe del Ejército español en tiempos de paz, en la que perdieron la vida 62 militares españoles que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003, se pudo evitar. Así lo reconoce la resolución firmada hoy por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que pone fin al expediente administrativo instado por los familiares de las víctimas, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS.

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"Así, han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", se dice en la resolución. "Dicho con otras palabras”, añade, "con carácter ex ante [previo al accidente] pudieron ser advertidas circunstancias de diversa naturaleza que, tanto individualmente consideradas como sobre todo a través de una valoración conjunta respetuosa con las exigencias ínsitas en los principios de precaución y previsión, habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”.

La inclusión de esta frase, copiada del dictamen del Consejo de Estado de 20 de octubre pasado en el que por vez primera se reconocía la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el siniestro, ha sido el caballo de batalla de la asociación que agrupa a los familiares de las víctimas, que ha mantenido varias reuniones con el subsecretario del departamento, Arturo Romaní, la última de ellas el pasado miércoles, para intentar consensuar el texto.

Finalmente, Cospedal ha accedido a incluir en la resolución la frase que admite que el accidente pudo haberse evitado si el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, hubiera teniendo en cuenta las advertencias que recibió sobre la falta de seguridad de estos vuelos, aunque ha añadido como apostilla que la Audiencia Nacional, en el auto en el que archivó la causa por las irregularidades del Yak-42, “ya vino a consagrar la falta de responsabilidad penal por parte de las autoridades militares” que intervinieron en su contratación.

En línea también con el Consejo de Estado y en contra de lo que sostenía Trillo, Defensa admite que el acuerdo suscrito con NAMSA para el transporte de las tropas no podía suponer “un total y completo traslado de las responsabilidades” a dicha agencia de la OTAN y un “simultáneo y total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por la Administración Militar”, que no podía desentenderse de la seguridad de los militares.

Como ya había anticipado en el Congreso, Cospedal admite la responsabilidad patrimonial de la Administración y subraya que, al realizar el transporte de los soldados en las condiciones en que se hizo, los familiares de las víctimas sufrieron “unas lesiones antijurídicas que no tienen el deber jurídico de soportar”; es decir, que los militares afrontaron un riesgo que iba más allá del intrínseco a su profesión.

También reconoce que "lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia [en alusión a la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres] no han hecho sino más intenso el duelo" de sus parientes.

Pese a ello, la resolución no tendrá consecuencias económicas ya que considera, como el Consejo de Estado, que las indemnizaciones percibidas hasta ahora por los descendientes de las víctimas cubren esa responsabilidad.

Las sospechas sobre corrupción quedan sin despejar ya que, aunque Defensa subraya que los 149.000 euros que costaba el Yak-42 nunca llegaron a abonarse, alega que no se ha encontrado nueva documentación sobre las subcontrataciones que rodearon estos vuelos.

"Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad", concluye el texto de Defensa, que expresa su "respaldo al reconocimiento, respeto y memoria de los militares españoles que dieron su vida por la defensa de los intereses nacionales y en favor de la paz de la comunidad internacional".

Cospedal ha firmado la resolución 22 días antes de que se cumpla el 14 aniversario del accidente y casi cuatro meses después de que compareciera ante la Comisión de Defensa del Congreso para pedir “perdón en nombre del Estado” a los familiares de las víctimas del Yak-42, que el 31 de enero fueron recibidos por primera vez en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La publicación, el pasado 3 de enero por EL PAIS, del informe del Consejo de Estado que responsabilizaba al Ministerio de Defensa de la catástrofe provocó la dimisión, diez días después, del exministro Federico Trillo como embajador en Londres.