El almacén de gas Castor no reabrirá ante el grave riesgo de más terremotos

De momento, y con el informe en la mano —que ha costado 600.000 euros y ha tardado en elaborarse 18 meses—, no habrá ni desmantelamiento ni reapertura. El almacén de gas natural seguirá como está desde finales de 2013: en situación de hibernación. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha sostenido este miércoles que el informe del MIT confirma que el proceso de inyección del gas colchón —que se empezó a introducir en el antiguo yacimiento de petróleo en 2013 para prepararlo para la operación— fue el que desencadenó los seísmos que hicieron que el Gobierno paralizara el proyecto. Los temblores —medio millar— se repitieron días después de detener la inyección. Nadal también ha descartado que, por el momento, se vaya a desmantelar el silo. Habrá que esperar a nuevos informes.

El ministro argumenta que, en este momento, existe riesgo tanto si se inyecta gas como si se intenta extraer el que hay. Por eso ha afirmado que se harán nuevos estudios en el futuro para determinar cómo se puede desmantelar. Lo mejor, según el ministro, es "mantener las cosas como están".

Sí ha dejado claro que este almacén no podrá funcionar, aunque en el informe se dan algunas recomendaciones en el caso de que se tomara la decisión (política) de utilizar esta infraestructura, declarada en su día como estratégica. "La inyección de gas fue la que produjo con toda probabilidad los terremotos", ha reiterado el ministro.

El proyecto está en estado de hibernación desde que se paralizó en 2013 tras la serie de pequeños seísmos, que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero relacionaron con la última fase de inyección del gas colchón. El MIT confirma ahora también esa vinculación. Aunque, a diferencia de los otros estudios, ubica la raíz del problema en la llamada falla Amposta. "La falla de Amposta, alguna de sus ramificaciones y varias de las fallas del yacimiento próximo a Amposta fueron desestabilizadas de forma significativa por la inyección de gas", concluye el estudio.

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Sin embargo, el profesor Rubén Juanes, uno de los expertos que ha coordinado el informe, ha asegurado que este fenómeno no se podría haber previsto con "los estándares" que se emplean en la industria para este tipo de almacenamientos de gas.

Esta conclusión —que cierra el resumen ejecutivo difundido junto al estudio por el ministerio— puede ser clave en el futuro para el coste que este fiasco ha supuesto hasta ahora para los consumidores de gas, que son los que pagan al final.

La factura es enorme. Mantener en estado de hibernación el almacén, mientras se dirime sobre su desmantelamiento, cuesta 15,7 millones al año, que recibe Enagás, la empresa a la que el Gobierno encargó que se ocupara de las instalaciones. Lo hizo después de que la promotora del almacén, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), renunciara a la concesión tras la orden de cierre dictada por el Ejecutivo por los temblores. Una cláusula de la concesión del proyecto —recogida en un real decreto de 2008— fijaba el pago a Escal UGS del coste de las obras en caso de que desistiera.

En octubre de 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley por el que se pagó a la promotora 1.350 millones, que se añadían a los 110 millones que ya había recibido. Luego, se sumaron otros 295,6 en concepto de "derechos retributivos" por los dos años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. En total, más de 1.700 millones.

Pero a todo esto habría que añadir el desmantelamiento —143 millones según las previsiones contenidas en la concesión de 2008, aunque podría aumentar— y los intereses del pago de la indemnización durante los próximos 30 años... Greenpeace sostiene que se trata de "uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías sucias". Según esta organización, la factura total podría superar los 4.000 millones.

Tribunales

Tras conocer el informe del MIT, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha anunciado que su departamento remitirá el análisis a los juzgados en los que se estudia este caso: el Supremo, el Constitucional y uno de instrucción en Vinaròs.

Respecto a una supuesta actuación dolosa o negligente de la promotora (que podría abrir una puerta a la reclamación de lo pagado), Navia ha rechazado "llegar a conclusiones precipitadas". Aunque añadió sobre el análisis: "La aplicación de los estándares habituales en la industria para este tipo de yacimientos no hubiera podido probablemente llegar a la conclusión de que esto iba a suceder. Es una conclusión sin duda relevante".