El testaferro ‘perfecto’ de Ignacio González y su familia

Era el testaferro perfecto. No podía delatar a nadie y tampoco iba a reclamar ninguna cantidad económica por sus funciones. Estaba muerto. Ignacio González y su hermano Pablo utilizaron durante años la empresa instrumental Asesora25 SL para supuestas maniobras de blanqueo en la que figuraba como administrador único Iluminado Hernández Jiménez, un abogado que había fallecido a finales de 2013. Su bufete, desmantelado poco después de su muerte como ha podido constatar EL PAÍS, también servía aún como sede ficticia de una sociedad dedicada formalmente a “auditoría y asesoría fiscal”, pero de la que el juez Eloy Velasco que en realidad sirvió para el cobro de supuestas comisiones y el lavado de dichos fondos.

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Según consta en el registro, Asesoría 25 SL se creó en 1999 y desde el primer momento figuró Pablo González en sus órganos directivos, primero como consejero delegado y, desde junio de 2011, como apoderado. Es en enero de 2012 cuando entra en escena como administrador único el abogado Hernández Jiménez, con un pequeño despacho de abogados en la calle Ayala de Madrid. Ese fue su papel hasta que en noviembre de 2013, cuando estaba a punto de cumplir los 62 años de edad, falleció. Al mes siguiente fue dado de baja en el Colegio de Abogados de Madrid. El despacho que tenía abierto con otro socio también dejaba de operar poco después, reconocían a EL PAÍS vecinos del inmueble donde estaba. Sin embargo, el registro mercantil no recibió ninguna notificación de su muerte y tres años y cinco meses después Hernández Jiménez aún figura al frente de la misma.

En el auto con el que juez Eloy Velasco enviaba el pasado viernes a prisión a Ignacio González destacaba la participación de Asesora25 SL, a la que tilda de “sociedad instrumental”, en tres operaciones presuntamente fraudulentas. La primera, en 2007 (cuando el abogado fallecido aún no era su administrador) en el cobro de 8.000 euros de la empresa Tecnoconcret, utilizada presuntamente por Pablo González y su cuñado, José Juan Caballero, para esconder su participación en la explotación del campo de golf levantado sobre unos antiguos terrenos del Canal de Isabel II cuando Ignacio González era presidente de la compañía pública en su condición de número 2 del ejecutivo de Esperanza Aguirre.

La segunda operación es el supuesto blanqueo de 12.000 euros “mediante facturación ficticia” entre el propio expresidente de la comunidad y Asesora25 SL “que el primero compensaría con entregas de dinero a su hermano”, destaca el auto del juez Velasco. Esta fue, según el magistrado, una de las “numerosas operativas que podrían haber servido al expresidente de la Comunidad de Madrid para blanquear fondos a menor escalas”, junto a préstamos ficticios con familiares. En este punto de su escrito, Velasco recalca que la sociedad estaba administrada formalmente por una persona “ya fallecida” y cita a Iluminado Hernández Jiménez.

Por último, los investigadores relacionan a Asesora25 SL con el cobro de una supuesta comisión de 370.000 euros de la empresa Urbaser, entonces filial de ACS, repartida entre los años 2011 y 2015, por lo que parte de la misma fue cuando el abogado ya había fallecido. El auto del juez Velasco destaca respecto a estos supuestos amaños que Pablo González estaba “concertado [con] un directivo de dicha empresa para influir en procesos de contratación pública de Mercagranada”, dependiente de la empresa pública Mercasa, de la que era alto cargo. En total, 410.000 euros de fondos blanqueado gracias al testaferro ‘perfecto’.