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El exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del PP, detenido por corrupción el 30 de mayo de 2015 en el marco de la denominada trama del fuego (supuesto cobro de comisiones ilegales mediante el amaño de contratas públicas para la venta de helicópteros antiincendios), reclama al Estado una indemnización de 40.000 euros por los daños producidos a su imagen durante su arresto. Los medios de comunicación captaron su rostro cuando dos policías le escoltaban esposado hacia el Juzgado de Instrucción 1 de Sagunto (Valencia). Huguet también reclama ser resarcido por "las filtraciones del secreto de sumario", también conocido como caso Avialsa, en la que ya hay una treintena de implicados, entre ellos el ex delegado del Gobierno en Valencia Serafín Castellanos. El Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ha dado parcialmente la razón a su demanda, que Huguet presentó ante el Ministerio de Justicia y que el departamento del ministro Rafael Catalá ha elevado ahora al Poder Judicial para que emita su opinión.

Los medios de comunicación captaron su imagen cuando dos policías le escoltaban con grilletes hacia un juzgado de Sagunto

El Consejo subraya que para las detenciones y traslados de presos existe un "protocolo" normativo que no fue respetado por la policía judicial, "lo que propició", destaca esta institución, "que los medios de comunicación captasen imágenes" de Huguet "en el exterior del palacio de justicia de Sagunto cuando iba esposado y acompañado de dos policías".  Y sanciona que la policía y el juzgado debieron evitar ese escenario y proteger su intimidad. No le da la razón, en cambio, en lo que respecta a la filtración del secreto de sumario. No hay pruebas, señala el Consejo, de que la fuga de información coetánea a su arresto procediese del juzgado que instruía la causa, el número 1 de Sagunto.

A Huguet y a los otros nueve arrestados ese día, el juez les detuvo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por amañar contratas públicas para la compra de helicópteros e hidroaviones antiincendios. Al constatar que se trataba de una red organizada y que había de por medio delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho, el juez de Sagunto se inhibió más tarde en favor de la Audiencia Nacional, que a estas alturas acumula una treintena de implicados.

Existe un "protocolo" que no fue respetado ni por el juez ni por la policía judicial, razona el Consejo del Poder judicial

La policía del grupo de blanqueo de capitales de la UDEF atribuye en un informe al exregidor haber distraído en su provecho y en el de su entorno familiar comisiones que superan los 300.000 euros, en su condición de alcalde y de alto directivo de la empresa aeronáutica Avialsa, una de las firmas del sector investigadas.

Tras prestar declaración en Sagunto, el juez dejó en libertad sin fianza a Huguet, un alcalde que siempre presumía de que no cobraba un euro de las arcas de su pequeño municipio valenciano de apenas 1.600 habitantes. Antes siquiera de que acabe el proceso, el exregidor se ha apresurado a interponer su reclamación alegando que ni el juez ni la policía evitaron el daño a su imagen. Reconoce en su escrito que los agentes le intervinieron en el registro de su casa "28 billetes de 500 euros".

Aparte de las imágenes de su detención, Huguet señala que "los días 29, 30 y 31 de mayo de 2015, así como en días posteriores, se publicaron en prensa aspectos de un sumario que estaba totalmente secreto y que era desconocido para las partes". El Consejo ha analizado el caso y concluye que ciertamente "hubo una filtración del contenido de las diligencias a los medios de comunicación".  Pero argumenta que estos no dan cuenta del origen de las fuentes, ya que en sus noticias vincularon tales informaciones con "fuentes cercanas al caso", "fuentes próximas a la investigación", o con frases del tipo "según ha podido saber este periódico". De lo que el Consejo colige que el origen de las filtraciones pudo ser ajeno al juzgado, y que, por tanto, en este sentido no cabe hablar de un funcionamiento anormal de la administración de justicia por filtración de diligencias secretas.

La UDEF atribuye a Huguet haber distraído en su provecho y en el de su entorno familiar comisiones que superan los 300.000 euros

En lo que sí le da la razón es en el uso de su imagen durante la detención. El Consejo señala que los policías de la unidad de blanqueo de capitales, la denominada UDEF, actuaron ese día a las órdenes del juzgado, como policía judicial. Es decir, que toda la responsabilidad recaía en el juez. El Poder Judicial se remite al articulo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que "la detención y la prisión provisional deben practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio". Y que, por otro lado, existen instrucciones del Ministerio del Interior para que las fuerzas de seguridad efectúen los traslados de detenidos o presos "proporcionándoles un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales".  Este protocolo "no se observó en el presente caso", razona el Consejo, "lo que propició la captación de imágenes del reclamante en el exterior del Palacio de Justicia de Sagunto, esposado y acompañado por dos policías". El consejo no entra en si es o no razonable la cuantía de la indemnización. Eso lo deja en manos del Ministerio de Justicia.

Además de alcalde, Huguet también fue vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia y responsable de la Federación Valenciana de Municipios y provincias (FVMP). Y uno de los hombres de confianza del exconseller y exdelegado del Gobierno en Valencia Serafín Castellano, otro de los detenidos en la trama del fuego, que supuestamente agasajaba a políticos y técnicos para obtener contratas públicas. También se ha visto salpicada en este escándalo la esposa de Huguet. Un informe policial revela que el matrimonio no ha podido justificar el origen de su abultado patrimonio. Tras quedar en libertad, Huguet se mostró muy preocupado por la difusión de su imagen.