El Congreso controlará por primera vez la concesión de indultos

El Congreso controlará antes de finales de junio la concesión de indultos por parte del Gobierno, que ha dejado sin efecto la condena de casi una veintena de personas en lo que va de 2017. El Ejecutivo cumplirá así por primera vez con la obligación legal de informar semestralmente sobre estas polémicas decisiones, que no atendió en 2016 porque estaba en funciones, según fuentes de la Secretaría de Estado de relaciones con las Cortes. Además, el Congreso votará próximamente si se prohíbe que estas disposiciones del Consejo de Ministros puedan beneficiar a condenados por delitos de corrupción y violencia de género, y debatirá si hace extensible ese veto a los casos de terrorismo, violación o trata.

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El Ejecutivo se escudó en su interinidad para no cumplir en 2016 con la obligación de informar semestralmente a la Cámara sobre los indultos, como establece el Código Penal desde su reforma de 2015. Una vez formado el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, Áurea Roldán, subsecretaria del Ministerio de Justicia, solicitará comparecer en el Congreso, según fuentes de su departamento. Eso supone un punto de inflexión en la concesión de los indultos. Ningún Gobierno ha justificado nunca las razones específicas de estas decisiones. Y eso, según los expertos, ha abierto la puerta a la arbitrariedad y en ocasiones ha alimentado la polémica por presuntos casos de favoritismo.

“El sistema debe considerarse opaco. La Ley Orgánica 1/2015 estableció el deber de informar en el Congreso sobre los indultos, pero hasta la fecha no ha sido atendido”, resume Antonio Doval, catedrático de derecho penal de la Universidad de Alicante, sobre una gracia gubernamental que apenas deja huella pública: no existe una base estadística oficial ni el Ejecutivo justifica el porqué de sus decisiones. “Desde la perspectiva de la fundamentación de los indultos, el sistema no es transparente, entre otras razones, debido a que cualquiera puede instar su solicitud, incluido el gobierno, por lo que existe el evidente riesgo de que la concesión no obedezca a razones de justicia, equidad o utilidad pública, como exige la Ley”.

Los partidos de la oposición seguirán sin poder revocar las decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, esperan que el carácter público del nuevo sistema de audiencias actúe como un mecanismo preventivo y les permita controlar unas decisiones que ocuparon el orden del día de seis consejos de ministros en 2016, según la documentación ya remitida a la Cámara Baja por el Ejecutivo.

 Entre 1975 y 2014 hubo unos 470 indultos al año (más de 1 al día) y un total de 18.833, según se recoge en el libro Yo te perdono. Los indultos en el marco de la política penitenciaria en España: 1982-2014. En 2007, la estadística se disparó hasta las 521 medidas de gracia concedidas sobre 4.107 rechazadas (11,3%). Finalmente, entre 2015 y 2016 solo sumó 100 indultos y desechó 9.346 peticiones (1%). De hecho, las 27 medidas de gracia concedidas el año pasado marcan el récord de menos decisiones favorables adoptadas por el Consejo de Ministros. ¿A qué se debe esa reducción, que arrancó en 2013?

“A que el Gobierno tiene una voluntad de hacer un uso muy restrictivo de la medida de gracia”, responden desde el Ministerio de Justicia.

“Algunos indultos controvertidos, como el del exbanquero Alfredo Sáenz, indultado por Zapatero cuando se encontraba ya en funciones; el de un kamikaze; o el de los Mossos d’Esquadra condenados por torturas, estos últimos indultados ya por Rajoy, sirvieron de desencadenante para que la atención mediática y social se fijase en esta materia”, asegura Darío Badules, autor de Yo te perdono. “Desde entonces, la proporción de indultos concedidos sobre los solicitados no deja de caer: cada vez se solicitan más y cada vez se conceden menos”

“El descenso ha sido una consecuencia directa de la atención prestada por los medios a la práctica de las concesiones de indultos y de la presión ejercida por los partidos políticos de la oposición poniendo de relieve los excesos cuantitativos y cualitativos en el uso del perdón gubernativo”, coincide Doval.

El indulto está regulado por una Ley de 1870 que solo ha sido reformada en dos ocasiones (1988 y 2015). No obstante, el tercer cambio en el texto ya está en el horizonte. En febrero, los partidos con representación en la Cámara Baja votaron por unanimidad la admisión a trámite de una proposición de Ley del PSOE para prohibir que se pueda indultar a condenados por delitos de corrupción o violencia de género. Los partidos, además, debatirán si hacen extensible ese veto a los casos de terrorismo, violación o trata.