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Los jueces militares deben avisar a los mandos de lo que investigan

Preocupación por las instrucciones del Tribunal Militar Central a los juzgados

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal saluda a los militares durante su visita al Cuartel General de la Fuerza Terrestre de Sevilla.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal saluda a los militares durante su visita al Cuartel General de la Fuerza Terrestre de Sevilla. EFE

El Tribunal Militar Central, como órgano de gobierno de la jurisdicción militar, ha dictado una instrucción en la que, so pretexto de organizar los servicios de guardia de los juzgados territoriales, ordena a los jueces la forma en que deben acometer sus investigaciones.

Así, determina que “inexcusablemente” deberán personarse en las instalaciones militares donde se produzca el fallecimiento de un militar, “o cualquier otro hecho de gravedad o de posible repercusión y que revista caracteres de delito competencia de la Jurisdicción Militar”, aunque finalmente no lo sea.

Además, en cuanto tengan conocimiento de un delito, “se pondrán en contacto con el jefe de la unidad con atribuciones sobre el lugar militar donde haya ocurrido el hecho”.

Aunque la instrucción se remite al artículo 115 de la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, este dice justamente lo contrario: que es el mando militar el que debe “por el medio más rápido posible” avisar al juzgado y cesar en la instrucción del atestado en cuanto el juez se haga cargo del caso. La obligación de avisar al mando militar de todo delito choca con el hecho de que algunas diligencias estén declaradas secretas o con la posibilidad de que el propio mando aparezca como implicado.

Mariano Casado, presidente de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del Colegio de Abogados de Madrid, expresa su “preocupación” porque la instrucción puede suponer una “injerencia” en la labor de los jueces. En su opinión, esta orden, cuya desobediencia puede acarrear sanciones disciplinarias, “parece convertir al juez en subordinado del mando” y “puede poner en riesgo la eficacia de la investigación judicial”.

Otra instrucción del Tribunal Militar Central, que organiza las guardias del personal civil de los juzgados castrenses, con una jornada presencial de 45 horas semanales, ha provocado las quejas de los sindicatos y un recurso ante la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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