El fin de los últimos escoltas

El último centenar de escoltas que todavía trabajaban en el País Vasco ya no tienen espalda que guardar. El Ministerio del Interior ha puesto fin al servicio de protección de los pocos que aun lo conservaban de los más de 3.000 que llegaron a  trabajar en Euskadi y Navarra durante los años en los que ETA encadenaba decenas de atentados y asesinatos cada año.

El declive de su profesión comenzó cuando la banda anunció en 2011 el fin de las acciones violentas. En 2014 ya eran residuales y la mayoría se habían reciclado en otras profesiones y en 2017 apenas si quedaban varias decenas. El anuncio del desarme ha supuesto el punto final. 

Los últimos representantes de una profesión que salvó muchas vidas, a cambio de algunas suyas, como en el caso de Jorge Díaz Elorza, el escolta ertzaina del socialista Fernando Buesa, se han transformado en protectores de mujeres maltratadas o se han especializado en la seguridad de bienes, edificios o empresas de transporte de dinero. 

De hecho, numerosos escoltas han reclamado desde 2015 que la protección a mujeres maltratadas mediante guardaespaldas que ya existe en el País Vasco, aunque ocupa a algo menos de dos centenares, se extienda a toda España, de manera que se convierta en una salida laboral para este colectivo.

Muchos de los afectados por la reestructuración del sector, se agruparon en la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi y Navarra. Se unieron un centenar de antiguos escoltas y desde entonces han reclamado su recolocación, ya sea protegiendo a las víctimas de la violencia machista o vigilando centros penitenciarios.

La primera criba fue en 2012 cuando el número de escoltas privados que sufragaba el Ministerio del Interior en País Vasco y Navarra, es decir, de empresas de seguridad privada, en País Vasco y Navarra sufrió una reducción de más del 50%. Pasaron de ser casi 800 a unos 350 con una reducción similar del número de personas escoltadas que pasó de unas 600 a 300, solo en estas dos comunidades. Aunque ETA dejó oficialmente de matar en octubre de 2011, el último atentado fue en marzo de 2010. Los jueces y fiscales se quejaron y consiguieron temporalmente una restitución de la seguridad que se acabó en 2014.

El primero de octubre de 2014 se renovó el contrato para extender la vigilancia privada al perímetro de las 67 cárceles con la contratación de 800 vigilantes. Una de las adjudicatarias, Ombuds Compañía de Seguridad SA, aseguró que recolocaría a parte de su personal del Metro de Madrid en las cárceles.